Más Información
Esta se planteó el 24 de febrero de 2017, acusando al candidato de la coalición Todos por México de incumplir una resolución laboral en firme que exigía la reinstalación de una ex funcionaria de la Secretaría de Hacienda.
La denuncia la firma la doctora en Derecho Lilia Cortés García, quien fue despedida como directora jurídica de la Subsecretaría de Egresos por negarse a firmar un escenario presupuestal que le enmendaba la plana a lo aprobado por la Cámara de Diputados.
El “baile” reubicaba unilateralmente partidas por 540 mil millones de pesos del presupuesto de gasto para 2003.
De acuerdo con la ley, en la fase previa al registro de candidatos la autoridad responsable está obligada a notificar al Instituto Nacional Electoral sobre la existencia de expedientes abiertos contra alguno o alguna de los presuntos.
En el escrito se culpa directamente de la omisión a la Procuraduría General de la República y a la propia Secretaría de Hacienda, señalando concretamente al procurador fiscal, Max Alberto Diener Sala.
El documento exige que se haga pública la omisión, incluida la notificación oficial a los otros candidatos a la Presidencia de la República.
El propio escrito señala que la omisión ha dejado en estado de indefensión al candidato Meade Kuribreña y a la propia denunciante, atentando contra sus derechos y garantías constitucionales de uno y otra.
Separada del cargo el 18 de noviembre de 2007, Cortés García inició un juicio ante los tribunales laborales, logrando que se emitiera un laudo favorable a su causa el 11 de mayo de 2007 por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Este fue atacado por la dependencia vía un amparo presentado por el subdirector de Recursos Humanos, Jaime Loé Rangel… quien resultó a la vuelta de los años que no tenía título de abogado, operando con una cédula profesional que correspondía a una contadora.
El caso es que a contrapelo de éste la sentencia laboral que ordenaba a la restitución de la abogada y el pago de salarios caídos reforzaba la sentencia en tres acuerdos plenarios de la propia junta.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ha desacatado una y otra vez la resolución, pese a las cartas dirigidas a quienes desde 2007 encabezaban la dependencia, es decir, Ernesto Cordero, Luis Videgaray, Agustín Carstens y dos veces José Antonio Meade.
La denuncia planteada contra éste fue sellada de recibido por la Dirección General de Documentación y Análisis de la Oficina del Procurador, entonces Raúl Cervantes Andrade.
En ella se reclamaba la destitución del hoy candidato, señalándose en la exposición de motivos abuso de autoridad y desarrollo de mantener reincidente y flagrante violación de los derechos y garantías individuales de la quejosa.
Jaque por omisión.
Balance general
Desilusionada por lo que califica de amargo sabor de boca en el primer debate de candidatos presidenciales desarrollado entre ataques, descalificaciones y escasas luces sobre temas que le atañen a la población, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes les urge a voltear los ojos hacia la triste realidad del paso.
El escenario habla de 53.4 millones de mexicanos en pobreza, lo que fomenta la informalidad y la inclusión a grupos delictivos; 4.4 millones en la pobreza extrema, lo que provoca a su vez el robo por hambre y la inclusión a grupos delictivos.
Además, 41% vive en precariedad salarial, lo que les obliga a buscar un segundo ingreso en la economía informal.
Adicionalmente, el poder adquisitivo de las familias ha caído 80%, lo que prevé endeudamiento y favorece el comercio informal.
En total, 50 millones 832 mil 863 personas no tienen recursos ni para la canasta básica.
Ante ello, el reclamo habla de un aumento salarial de emergencia e incremento en los salarios profesionales para evitar fugas de talento, apoyo al emprendimiento, reforma fiscal equitativa que evite la doble tributación y ampliar la base de contribuyentes.
Se habla además de una nueva cultura del gasto público, transparente, eficiente y con rendición de cuentas, además de creación de un sistema de pensiones que resulte justo y de fácil acceso a las aseguradoras.
Fuego cruzado
La resolución del juez de Distrito Marco Antonio Fuerte, que derogó el no ejercicio de la acción penal decretado por el Ministerio Público Federal de cara al caso Concanaco, coloca en posición incómoda al presidente actual José Manuel López, quien mantiene ligas con los acusados.
Como usted sabe, el acuerdo a las denuncias en la mesa, el anterior dirigente, Enrique Solana Sentíes, al lado de algunos directivos, habían desviado para su causa parte de un apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor para dotar de tabletas electrónicas a microcomercios.
El caso es que tanto Solana como Ricardo Navarro y Jorge Cervantes se mantienen prácticamente como el poder tras el trono.
De hecho, a éste se le sigue pagando la renta de un departamento en el conjunto de Reforma 222.
Cuando López llegó a la directiva no juzgó a funcionarios sobre el asunto.
¿Tú también, Coppel?
En la cargada de empresas que están tratando de inducir el voto de sus trabajadores se inscribió ya la cadena de tiendas Coppel.
La firma está repartiendo una encuesta proyectada por el PRI en que se induce al sufragio por su candidato, José Antonio Meade.
De hecho, se incluye una propaganda abierta del aspirante, incluida su fotografía, bajo el título de “Avanza conmigo”.
Lo curioso del caso es que se les piden datos personales a los trabajadores, incluido el número de su credencial electoral.
Fibra Plus
A un año de iniciar operaciones el fideicomiso de inversión en bienes raíces conocida como Fibra Plus, encabezado por Gustavo Tomé, acumula ya un patrimonio de 5 mil 400 millones de pesos, el doble de su capital inaugural.
El instrumentó creó un innovador modelo de crédito de vivienda denominado Portafolio Home.
Fibra Plus adquirió el año pasado dos activos estabilizadores: Autlán y Baja California. Su cartera incluye 14 proyectos distribuidos en ocho entidades federativas.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
