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El cálculo inicial del Servicio de Administración Tributaria hablaba de retorno al nido de capitales golondrinos por 100 mil millones de pesos, algo así como la quinta parte del tesoro perdido.
Aunque el plazo de vigencia de la repatriación voluntaria se estiró en varias ocasiones, la cortina se cerró el 19 del mes que corre, justo cuando se inició la catarata de datos.
Estos se derivan de un Convenio Multilateral para Implementar Medidas Políticas a los Tratados Tributarios para Prevenir la Erosión de la Base y la Transferencia de Utilidades, orquestado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .
El marco es similar al que priva en Estados Unidos vía el Convenio Fates, que le permite al gobierno conocer los nombres de personas físicas y morales con inversiones en el extranjero, en la posibilidad de detectar si hay congruencia con sus declaraciones fiscales.
El concierto alcanza a 52 países, de los cuales 39 ya empezaron a enviar información.
Lanzado el programa al amanecer del año en el escenario de una suerte de pacto al impacto del “gasolinazo”, la oferta habla de un Impuesto sobre la Renta de sólo 8%, es decir poco menos de la cuarta parte de la tasa máxima de 35, aunque con algunas condiciones. La principal de ellas apuntaba a que los capitales pródigos se invirtieran al interior del país en un lapso de dos años.
Quien así no lo hiciere, dice la regla, tendría que cubrir el resto del tributo.
Lo cierto es que durante los primeros meses de vigencia de lo que podría tener perfil de amnistía no hubo mayor eco.
Cinco meses después, en junio pasado, solo habían entrada a la ruta 525 personas físicas y 22 empresas, contabilizando 23 mil millones de pesos.
La velocidad se incrementó a la vera de las extensiones del programa, y naturalmente, el anuncio público del Servicio de Administración Tributaria sobre la posibilidad de desnudar guardaditos que tocaba a la puerta. Al mes siguiente regresaban 53 mil millones más, para contabilizar 76 mil.
Más tarde, el propio SAT señalaría que la puerta se abrió no sólo para rendimientos, sino para el principal depositado en el exterior. El gran salto se dio hace unos días cuando la cascada llegó a 100 mil millones.
En el acumulado se habla de 4 mil 52 operaciones de reversa, de las cuales 3 mil 978 son personas físicas y 74 empresas.
El monto retornado equivale a 1.4% del Producto Interno Bruto.
En la buena nueva, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos está planteando que los recursos se inviertan en la reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos de septiembre. La estrategia de pan y palo.
Balance general.
Aunque para la calificadora Moody’s una eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte impactaría en una caída de 1.4% en el PIB de 2018, los que antes ubicaban el acuerdo como panacea ahora lo minimizan.
Mientras el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señala que el acuerdo ya no tiene el mismo valor de acceso al mercado de hace 23 años, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, señala que el país está preparado para un escenario adverso.
Lo más curioso es que a su vez el ex secretario de Comercio, Herminio Blanco, aduce que el país cuenta con la capacidad de adaptarse a cualquier desafío. Mientras tanto, todos ellos le prenden veladoras a la resistencia interna en Estados Unidos ante el discurso proteccionista de Donald Trump.
Software balín.
Detrás de la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia anule las fotomultas está la mecha que prendió un amparo inicial colocado por Hugo Rodríguez Barroso, quien ahora se lanza como candidato independiente al gobierno de la Ciudad de México.
Poseedor de tres licenciaturas, comunicación, derecho y economía, el aspirante le giró un oficio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quejándose de que la aplicación móvil que le facilitó el Instituto Nacional Electoral para capturar firmas en aval de su intención, no funciona. A veces la captura se demora 30 minutos.
Sigue la danza…
En más de lo mismo del tema Concanaco, el juez federal Carlos Hugo Luna Baraibas le negó al abogado general de la Secretaría de Economía, Andrés Alejandro Pérez Frías, la posibilidad de conocer el expediente en relación con un amparo presentado por el disidente Juan Carlos Pérez Góngora. El recurso se planteó al rechazar la cúpula mercantil encabezada por Enrique Solana Sentíes registrarlo como aspirante a suceder a éste. El juicio mantiene detenida la posibilidad de una asamblea general ordinaria para renovar la mitad del Consejo Directivo.
No le aunque.
Ante el sospechosísimo sobre trajes a la medida en las licitaciones de contratos que otorga el Instituto de Pensiones de Jalisco se creó un Comité de Adquisiciones con presencia de los organismos empresariales locales, con la novedad de que siguen las irregularidades.
El organismo encabezado por Fidel Armando Ramírez está presionando para que éste declare desierta una de ellas para servicios de hemodiálisis, lo que daría pauta a una adquisición directa.
El hecho es que en la mesa están las propuestas de dos empresas que cumplieron a cabalidad los requisitos.
Estas son Productos Hospitalarios y Terapias Médicas de Nefrología, cuyas propuestas son de 26 millones 836 mil y 31 millones de pesos respectivamente.
Crece robo hormiga.
De acuerdo al Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial el robo hormiga en autoservicios y tiendas departamentales representa una pérdida anual de 14 mil millones de pesos, que podrían incrementarse en 70%.
La incidencia es mayor en temporada de ofertas, digamos El Buen Fin, donde las aglomeraciones impactan el funcionamiento adecuado de los esquemas preventivos.
El clásico robo de mujeres conocidas como “farderas”, es decir ocultar la mercancía bajo las faldas, se ha sofisticado, al punto de utilizar como camuflaje a bebés.
Aguakan.
Con una inversión de 70 millones de pesos la empresa Aguakan está instalando 14 mil metros de drenaje en Puerto Morelos, Quintana Roo, en conexión con los mil kilómetros de tuberías existentes para aguas residuales. La ruta alcanza cuatro plantas de tratamiento cuyas aguas se inyectan al subsuelo. La firma cuenta con un Certificado de Calidad Ambiental otorgado por sexta vez por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vía su Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
