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De acuerdo con el cálculo de Consultores Internacionales, el evento catastrófico de 1985 le costó al país 5 mil millones de dólares, cifra que podría repetirse este año dada la afectación a Oaxaca, Chiapas, Morelos y Guerrero.
El reclamo habla de pasar de las palabras a los hechos en la pretendida austeridad del gobierno en todos sus niveles, lo que implica darle la vuelta al Proyecto de Presupuesto para 2018.
Cancelar, por ejemplo, el incremento de 5.2% en términos reales, descontada la inflación, en el gasto corriente, es decir, el mantenimiento del aparato público, para engordar el de inversión, calculado sólo en 15.9% del gasto programable equivalente a 3.22 billones de pesos.
Y aunque el oportunismo de los partidos se está subiendo al carro de renunciar, la palabra donar no es válida cuando el dinero no es propio, a sus prerrogativas, se hacen malabares con las palabras para separar el gasto de operación y el electoral.
Aunque el puño en alto de la población habla desde vender el avión presidencial cuyo contrato de compra lo pactó un zalamero Felipe Calderón para su sucesor, en el terreno práctico sí sería factible reducir el presupuesto para la Presidencia que se ha incrementado año con año durante el sexenio.
De acuerdo con un documento que se atribuye a la Coparmex, el Congreso tendría que hacerse una autoinmolación al cancelar los bonos extras que reciben los legisladores, acotando sus incrementos salariales hasta un máximo del doble del ajuste anual a los salarios mínimos.
En paralelo, se suprimiría el aguinaldo, dado que la ley lo ubica como prestación a trabajadores y ellos son servidores públicos por elección.
En la ruta se plantea cancelar, además, la póliza de seguro de gastos médicos mayores para inscribirlos en el ISSSTE.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto para 2018, cada uno de los ministros de la Suprema Corte tendrá un ingreso neto anual de 4 millones 619 mil pesos, al margen de los 813 mil 223 de “compensación por riesgo”, además de las prestaciones, prima vacacional, aguinaldo, cuyo monto sumaría un millón 341 pesos.
Los integrantes del Consejo de la Judicatura percibirán 4 millones 718 mil pesos más prestaciones por un millón 389 mil 887 en paralelo a la compensación por riesgo de 853 mil 222 pesos.
Las vocales del Instituto Nacional Electoral tienen percepción similar.
El presupuesto de la Cámara de Diputados, cuyo monto alcanza 14 mil 442 millones de pesos, tendrá un incremento de 927 millones.
Llegó la hora de racionalizar los viajes internacionales, de disminuir los viáticos, de suprimir las campañas disfrazadas de “logros” para promoción de funcionarios, de instalar instancias ciudadanas para vigilar los gastos de reconstrucción.
El cálculo preliminar de la repercusión de la tragedia en el Producto Interno Bruto habla de 0.8%, con lo que el nivel previsto para finalizar el año de 2.4% podría llegar a 1.6% o 1.5%.
El impacto de 1985 fue de 2.3%, en un escenario en que el pronóstico hablaba de superar 5%.
Menor PIB implica menor recaudación, lo que hace lógico que el recurso reclamado se extraiga de un escenario de austeridad franciscana del aparato público y los políticos.
Ni frases ni discursos: ¡Hechos!
Balance general
. La indefinición del Senado frente a la sucesión en el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha desatado una guerra civil entre los integrantes del pleno. El ex presidente, Gabriel Contreras, no le ha entregado la oficina a la interina Adriana Labardini.
Este terminó su periodo el 10 de septiembre.
A su vez, otros comisionados andan ubicando contactos con el Senado para impulsar su candidatura.
El problema es que en la grilla se dejan de lado asuntos torales como la salida salomónica frente a la resolución de la Corte de declarar inconstitucional la tarifa cero en materia de interconexión que se aplicaba a Telmex.
Tampoco se ha analizado de fondo las causas del rechazo al proyecto de separación funcional planteado por Teléfonos de México.
Está pendiente aún la entrega de la contraprestación comprometida para quienes obtuvieron concesiones para operar frecuencias de televisión abierta.
Instantáneas del temblor.
A la callada el Grupo México de Germán Larrea envió una brigada de trabajadores mineros de su filial Industrial Minera México para participar en tareas de rescate.
Se trata de 26 expertos en emergencias subterráneas, a quienes se les dotó de oxicortes, aparatos capaces de cortar lozas de cemento.
Su acción permitió el rescate de una docena de personas en la Colonia Obrera.
La empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA) está realizando un censo entre la gente más necesitada para proveer 100 casas de interés social.
Las redes sociales recogen la imagen de un hombre en silla de ruedas que se inclina para levantar escombros, los golpes de policías a rescatistas frente a las ruinas de la fábrica textil colapsada en Bolívar y Xicoténcatl, agravando la sospecha de explotación de mano de obra centroamericana ilegal.
Ganó Pisa.
Impugnado por la firma Baxter un contrato obtenido por Droguería Pisa para servicios de diálisis peritonal continua ambulatoria de cara a pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Contraloría General de Cuentas de ese país determinó la inexistencia de irregularidades.
El proceso, pues, se realizó con apego a la Ley de Contrataciones del país centroamericano.
Llevado a proceso legal el asunto en 2014, Baxter había entrado al relevo.
Esta firma había ganado un contrato en la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social que fue invalidado al comprobarse un contubernio con funcionarios.
Concurso del IMSS.
La empresa Industrias y Representaciones Gar-Vel se llevó la mayor parte de las partidas licitadas por el IMSS para proveer equipos de aire acondicionado, servidores de agua helada, condensadoras y torres de enfriamiento, obteniendo un contrato de 163 millones 518 mil pesos.
En línea descendente, SAASA de Minatitlán obtuvo otro por 60 millones 461 mil en tanto un consorcio de cinco empresas logró adjudicarse uno más por 51 millones 434 mil.
De 112 partidas previstas se adjudicaron 102.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
