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El ilícito, considerando como práctica monopólica absoluta, involucra a siete bancos: Santander, Bilbao Vizcaya Argentaria, HSBC, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup y Bank of America.
Anunciada oficialmente la indagación por la instancia seis meses después de iniciada, en abril de año siguiente, la exposición de motivos hablaba de un daño grave, dado el volumen de operaciones de mercado, es decir, 100 mil millones de pesos.
En el detalle, las intermediarias realizaban actos de simulación para convertirse en proveedores de precios, lo que necesariamente inflaba sus ganancias.
El asunto provocó una airada reacción de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y, desde luego, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezadas entonces por José Antonio Meade, Agustín Carstens y Jaime González Aguadé, alegando que la instancia se había metido en su terreno. Sin embargo, no hubo una explicación coherente que avalara la inocencia de los acusados.
El caso se volvió más caliente al colocar un fondo de pensiones de bomberos de Oklahoma y otro de electricistas una demanda ante la Corte del Distrito de Nueva York contra ocho bancos, los enlistados, y de pilón el Deutsche Bank.
El reclamo era el mismo: colusión para manipular e inflar precios de bonos de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Se habló de plano de un cártel vía el cual se realizaban convenios entre competidores para fijar, además, las tasas de rendimiento.
Como usted sabe, los bancos son los compradores primarios de los papeles emitidos, en subastas semanales.
Aunque en principio las intermediarias no aceptaban la investigación, finalmente fueron entregando a regañadientes la información reclamada en la intención de cerrar rápidamente el expediente.
El apremio se volvió mayor el año pasado ante la posibilidad de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República sin haberse cerrado el expediente.
De acuerdo con la ley vigente, de encontrarlos responsables del ilícito, cada uno de los bancos recibiría una pena pecuniaria que oscilaría desde una multa por 200 mil Unidades de Medida y Actualización hasta cárcel de entre cinco y 10 años para los responsables.
La pregunta es si hay tortuguismo o simple temor de apretar el gatillo.
Balance general.
La creación del Consejo Asesor Presidencial y del Consejo para el Desarrollo y la Inversión, en ambos casos con presencia de empresarios gigantes, está borrando la representación tradicional del sector privado, por más que a los presidentes de los organismos se les sigue invitando a actos protocolarios del gobierno.
El asunto se hace más crítico ante la ausencia de las cúpulas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
Aunque la Coparmex se mantiene en la trinchera de la beligerancia el resto de los organismos está pasando la noche.
De hecho, está perdido prácticamente el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí.
¿Fórmula mágica?
Colocadas en tela de duda las tres empresas hegemónicas en materia de contratos en el marco de la compra consolidada de medicinas para el sector salud, la Secretaría de Hacienda está abriendo una licitación internacional para el abasto a partir de junio de este año.
A la primera fase acudieron 15 firmas, nueve mexicanas y seis extranjeras.
El problema para éstas es que la mayoría de los medicamentos que se compran son genéricos y tanto éstos como los de patente requieren registro ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios.
En una segunda fase se plantearán las ofertas por mil claves en disputa, y en los primeros días de junio se darán a conocer los ganadores.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
