La protección de la ley al organismo encabezado por Alejandro Calvillo ha sido objetada por la asociación que agrupa a las principales firmas del ramo, es decir ConMéxico.
En la telaraña de intereses el tribunal colegiado que debía ratificar o rectificar el amparo otorgado en 2017 decidió turnar el expediente al máximo tribunal.
El epicentro de la pelea se ubica en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Colocada en escena en 2014 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la época en que la encabezaba Mikel Arriola una regulación que obligaba a colocar una etiqueta en los envases, señalando la cantidad de grasas saturadas y otras grasas, azúcar total y contenido calórico, a juicio del organismo denunciante no se consideró la opinión de expertos.
En el extremo se aduce, además, que los datos exhibidos son tan confusos que ni el mejor nutriólogo estaría en opción de interpretarles. El detalle habla de violación a los derechos de los consumidores.
De acuerdo con la ruta crítica prevista, abierta la vigencia de la exigencia, se daba un plazo de 10 años para llegar, gradualmente, a 100% de la implementación.
Sin embargo, ConMéxico, encabezado por Manuel Martínez, quien representa al Grupo Jumex, y dirigido por Jaime Zabludovsky, aduce que después de un arduo periodo de implementación, ésta se había cubierto totalmente el 11 de junio de 2016, es decir ocho años antes de la meta.
El marco exigió modificar 320 mil etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que implica una inversión de 25 mil millones de pesos.
De acuerdo con el criterio de empresas como Coca-Cola FEMSA, Pepsico, Arca Continental, Grupo Peñafiel, Bimbo, Kellogg’s, Nestlé, similares y conexos, el etiquetado de la discordia sí cumple con ofrecer información clara, precisa y veraz, comprobable y apegada a los más altos estándares internacionales.
Su argumentación para derribar el amparo apunta a que no se respetaron sus derechos a una defensa adecuada en su condición de terceros interesados, y tampoco se escuchó la voz de los consumidores dentro del proceso legal.
En la maraña, El Poder del Consumidor señala que desde 2014 fue alertada la entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan, de lo endeble del etiquetado para los fines previstos.
Más aún, se aduce que aunque la Cofepris hubiera actuado con rigor, no justificó que sus normas fueran equivalentes al reclamo de la comunidad científica.
El hecho, al margen de las pérdidas que representaría para las firmas el replantearse el etiquetado, es que lo que está en juego es la salud de los mexicanos.
¡En esta esquina!
Balance general
. Aunque Altos Hornos de México señala que los recursos depositados a una empresa fantasma que casualmente utilizaba la brasileña Odebrecht para ocultar sus sobornos, estaban destinados al pago de los honorarios de una firma que trazó un proyecto de ampliación de sus instalaciones en Monclova, Coahuila, pocos creen en la veracidad del aserto.
Como usted sabe, una investigación realizada por Quinto Elemento Lab relaciona la operación con supuestos sobornos al ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, tras la compra del complejo de fertilizantes Agronitrogenados, propiedad de la firma.
Este llevaba 14 años parado ante la negativa de Pemex de entregarle la materia prima para la producción de urea, alcanzando un adeudo millonario en larga mora.
Nunca se supo si éste había sido pagado, y en tal caso porque las plantas permanecieron inactivas. La compra fue criticada acremente por la Auditoría Superior de la Federación, dada la obsolescencia de las instalaciones con 30 años de antigüedad.
La firma de Alonso Ancira, ave de tempestades involucrado en decenas de escándalos, recibió 275 millones de dólares, comprometiéndose la compradora a inyectarle 200 millones más para quitar el óxido.
Iglesia en manos…
Alertada por una serie de denuncias ciudadanas, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco evidenció conductas indebidas por parte del Instituto de Pensiones de la entidad en la compra de medicinas. Lo grave del caso es que una de las empresas señaladas de vender con sobreprecio fue Abisalud, firma relacionada con Carlos Lomelí Bolaños, quien tras pelear la gubernatura por Morena ha sido señalado como el que fungirá como delegado del gobierno federal en la entidad.
De acuerdo con el órgano de vigilancia, Abisalud rebasó topes de contratos y falsificó recetas médicas para justificar una sobrecompra de medicamentos…
Así, en el caso del fármaco Omeprazol el contrato estipulaba un máximo de 121 cajas… con la novedad de que se adquirieron 10 mil.
Peor aún, aunque el costo por unidad es de 217 pesos, se le cargaron al Instituto de Pensiones de Jalisco a un precio de 2 mil 520.
La pregunta es si Lomelí Bolaños podrá acabar con la corrupción en función de representar a las secretarías de Estado y entidades públicas.
Sí pero no.
A una semana y media de vencerse el plazo para que el Congreso de Estados Unidos pudiera ratificarla y entrar en vigor el primer día del año próximo, no hay certeza del anhelado final feliz en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
De hecho, los temas calificados como “píldoras envenenadas” siguen en el pantano, así la regla de origen para el sector automotriz, así la negativa de mantenerse el capítulo XIX sobre solución de controversias, así la muerte súbita del acuerdo cada cinco años…
Y aunque surge una rendija en el absurdo planteamiento de la Casa Blanca que obliga a cancelar exportaciones de México y Canadá en materia frutícola en temporada de cosecha, ante lo que se califica de “flexibilización” de la promovente, no hay nada concreto aún.
A contrapelo de su exigencia de acelerar los trabajos, ahora el presidente Donald Trump habla de que no hay prisa en el objetivo de un arreglo justo.
¿Para Estados Unidos?
Sigue la danza.
Aunque finalmente el Invea, encabezado por Meyer Klip, se desistió de su cruzada para retirar espectaculares ubicados en azoteas, ésta fue tomada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pese a no tener presupuesto para la tarea.
Aunque la dependencia encabezada por Felipe de Jesús Gutiérrez cuenta con 60 millones de pesos para acciones punitivas, no están etiquetados específicamente para el efecto, lo que podría dar lugar a sanciones administrativas.
De acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior, aunque ese tipo de anuncios está prohibido por seguridad, el gobierno capitalino debe buscar la vía para reubicarlos.
