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La intención es que el texto, elaborado durante tres años bajo el manto de iniciativa ciudadana, sea reconocido y adoptado por los países adheridos a la Organización de las Naciones Unidas.
El país como punta de lanza.
El documento, en línea ascendente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en 1948, vivo aún el dolor del holocausto, plantea 23 puntos a nivel de compromiso.
Del respeto a las preferencias sexuales al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, la libertad religiosa, la no discriminación, la obligación de transparencia pública, el derecho a la participación política, el uso responsable de las redes sociales.
Mientras el dos, por ejemplo, habla de que todas las personas tenemos el deber y la obligación de un ejercicio solidario y no abusivo de los derechos y del disfrute responsable de los bienes y servicios, el cuatro exige respetar la vida y la integridad física, psíquica y moral de las personas.
La ruta habla de no condonar prácticas de desaparición forzosa, esclavitud, trata de niños y adultos; tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, además de violencia de género, explotación infantil y trabajo forzoso.
El cuatro plantea de cara a las organizaciones empresariales, sociales y culturales, además de las entidades y centros educativos, respetar y exigir que se respete la identidad, autonomía e indemnidad sexual de las personas.
En el escenario se plantea respetar la relación que cada quien elija libremente.
En los eslabones se habla del respeto a la autonomía corporal y la vida privada y familiar de las personas, erradicar las prácticas de abuso y violencia sexual, esclavitud sexual y trata de personas con fines de prostitución y explotación pornográfica.
El punto ocho coloca especialmente el respeto a la libertad de expresión y el pluralismo, la obligación de velar por la veracidad de la información transmitida en el ciberespacio, salvaguardando la intimidad y respetabilidad de las personas.
Las redes sociales y los medios de comunicación tienen el deber y la obligación de no incitar a la violencia o discriminación.
El 10 apunta al deber de exigir el acceso a la educación sin importar las condiciones económicas, promoviendo las escuelas los derechos humanos, la democracia, la paz, el pluralismo, la igualdad de género y el respeto a las distintas formas de diversidad y medio ambiente.
En el 11 se plantea la obligación de las empresas de respetar los recursos naturales de los que dependen las prácticas culturales de los pueblos indígenas y otros grupos autóctonos.
El 12 apunta al respeto a la creación cultural y las producciones científicas, literarias o artísticas y de velar por los derechos morales y materiales de los autores y creadores.
Las empresas y los centros de investigación están obligados a promover el conocimiento, el desarrollo y la innovación científica y tecnológica responsable en beneficio a la humanidad, bajo las mejores prácticas éticas.
En la confección del documento participaron centenares de académicos, investigadores científicos, industriales, economistas.
De México para el mundo.
Balance general.
Colocada por el país como el último volado para modernizar el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México la ronda de negociaciones a celebrarse la semana entrante en Bruselas, Bélgica, la encrucijada plantea aceptar las exigencias de la contraparte en el terreno agropecuario o mantener vivo el escenario actual.
De optar la Secretaría de Economía por el primer paso, se sacrificaría fundamentalmente al sector de lácteos, dado, por un lado, el cupo que demanda el bloque para sus exportaciones de leche, y el que se respeten las denominaciones de origen en materia de quesos.
Como usted sabe, en el país se comercializa una extensa variedad de éstos bajo los nombres genéricos de las regiones europeas que producen los originales, lo que obligaría a modificar la denominación de éstos.
Ahora que del otro lado de la mesa, si el país optara por cancelar lo alcanzado se cerraría la puerta para exportar frutas de tipo tropical que en los países europeos se cotizan como tesoros.
El volado está en el aire.
Odebrecht de perogrullo.
Aunque la inhabilitación de cuatro años para recibir contratos públicos dictada por la Secretaría de la Función Pública a Odebrecht se anuncia como la primera de la tarde, colocados en la mesa un montón de expedientes, el anuncio apunta a taparle el ojo al macho.
El núcleo del asunto de los sobornos no está en el terreno administrativo sino en el penal.
Aunque la empresa constructora brasileña mantiene viva su presencia en México vía su filial petroquímica que opera una planta en Veracruz, parecería ocioso pensar que tras el escandalo alguna instancia publica se arriesgara a darle una obra de infraestructura a la matriz.
Con castigo o sin castigo a sus cómplices, la firma está apestada.
Competitividad en reversa.
Colocada por la Casa Blanca en jaque a la competitividad del país al plantearse una reducción drástica de la tasa del Impuesto sobre la Renta de 35% a 20%, el gran problema es que seguimos retrocediendo en el resto de las variables.
De acuerdo con el índice que realiza el Foro Mundial de Negocios (WEF, por sus siglas en inglés), México se ubica este año en el escalón 51.
Sin embargo, en algunos capítulos el retroceso es patético. Por ejemplo, en “Confianza en las instituciones” estamos en el nivel 123; en “Confianza en los políticos” en el 127; en “trámites y regulaciones” en el 120.
Y si le seguimos, en “Eficiencia en el mercado laboral” nos situamos en el 100; y en “Educación Superior y capacitación” en el 80.
Monopolio de limpieza.
Bajo la fórmula mágica de ingresar a los concursos en el marco de Invitación Restringida que constriñe a solo tres proveedores la posibilidad de un contrato, el grupo empresarial de Fernando Sanromán Cervantes acapara las tareas de limpieza de dependencias del gobierno de la Ciudad de México.
El truco consiste en integrar un abanico de empresas que le permite ir de todas a todas. Estas son Fejastec, Fireky, Mantenimiento Roc, Cato Servicios, Control Accesos, Corporativo Norsus y Ficot.
La primera acaba de ganar un contrato en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pese a que se había anunciado su inhabilitación.
En la lista están las secretarías de Finanzas, Seguridad Pública, Salud, Procuraduría General de Justicia y el Sistema de Transporte Colectivo, Metro.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
