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La flecha apunta, básicamente, a la denuncia penal que derivó en un proceso inconcluso al presidente de la firma, Amado Yáñez Osuna, libre bajo fianza.
La esperanza de que sea condenado, lo que obligaría a la reparación de un daño calculado en 6 mil 748 millones de pesos, se sustenta, paradójicamente, en la exposición de motivos de la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos para justificar una multa de 4.75 millones de dólares a su matriz estadounidense Citigroup, ante lo que califica de falta de controles en relación al caso.
De acuerdo con ésta, el CitiBanamex fue víctima de un fraude por parte de Oceanografía por 475 millones de dólares.
El banco aceptó pagar la multa, pero sin admitir ni negar los cargos que se resumirán como negligencia.
El problema, sin embargo, es que la visión se contrapone al criterio de los jueces y magistrados que atendieron el asunto, en cuyo marco sólo se reconocen cuatro de los 10 créditos reclamados por el banco, cuyo monto sería de 112 millones de pesos.
En ningún momento del proceso se reconoce que Oceanografía haya falsificado facturas de Petróleos Mexicanos para defraudar al banco.
Naturalmente, la defensa de Yáñez asumirá como prueba de descargo de su cliente el punto final que le puso el máximo órgano de justicia del país al caso, frente a una reclamación del CitiBanamex de no haberse incorporado el supuesto débito a la masa crítica de la quiebra en el concurso mercantil en que se involucró Oceanografía.
Desde el ángulo contrario, suponiendo que Yáñez fuera condenado, el problema es que el reclamante no tendría asideras para recuperar el recurso, dado que la salida del concurso mercantil dejó a la contratista de Pemex en la mínima expresión, por más que se le concedió una “quita” de 96% de un débito total de 12 mil millones de pesos.
La empresa enfrenta centenares de litigios laborales, por despido de 8 mil trabajadores sin la indemnización de ley.
El cuesta abajo en la rodada en Oceanografía lo propició una inhabilitación por dos años de parte de Pemex, su mayor cliente, para recibir contratos, derivado de un hecho fortuito: el no cubrir cabalmente una fianza para garantizar el cumplimiento de uno de ellos.
Al hacerse pública la sanción Banamex, CitiBanamex presentó la querella penal, bajo el supuesto de que las facturas endosadas a su nombre habían sido falsificadas. Lo curioso es que las siguió cobrando, lo que implicaría que Pemex las dio por buenas.
Ahora que de acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles, cuando algún supuesto acreedor de una empresa en procedimiento de quiebra ordenada plantea un adeudo sin sustento, es objeto de una sanción.
Y la pregunta, ¿por qué en Estados Unidos se castiga indirectamente al CitiBanamex por falta de controles y aquí no pasa nada? ¿Le pasó de noche a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Balance general. El suspenso, en relación al sí o no al nuevo aeropuerto de México, se mantendrá hasta finales de octubre, dada la ruta crítica para consultas planteadas por el gobierno al relevo.
Las apuestas se inclinan porque se mantendrá la sede actual, aunque habría una revisión rigurosa de los costos, en un escenario en que de los 160 mil millones propuestos originalmente se saltaron ya a 300, incluida la revisión de la transparencia sobre los contratos pactados.
Aunque se presume que la obra lleva ya 31% de avance, está desfasada en los tiempos de entrega previstos, con la novedad de que el paréntesis pedido por el equipo de transición para otorgar nuevos contratos sería justificante para un mayor retraso.
El peso mayor para desequilibrar la balanza fue un dictamen de MITRE, una de las instancias académicas especializadas de Estados Unidos, de que no empataría técnicamente la posibilidad de mantener la terminal actual y operar dos nuevas pistas en la Base Aérea en Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México.
Sin embargo, hay dos dictámenes de técnicos chilenos que validan la alternativa.
Contrarreloj. Suponiendo que esta semana llegue al fin el humo blanco de cara al cierre de la renegociación entre México y Estados Unidos para modernizar el TLCAN, faltaría empatar la baraja con el tercer invitado.
Como usted sabe, Canadá se opone a la cancelación del capítulo 19 del acuerdo mercantil que previene la solución de controversias vía paneles de arbitraje integrados por expertos de los tres países.
De acuerdo con el criterio de la Casa Blanca, los diferendos se ventilarían en los tribunales, lo que no sólo alargaría los plazos de desahogo, sino que encarecería los costos.
A su vez, el país de la hoja de arce pugna por equilibrar la base salarial en los tres países, lo que coloca de espaldas al callejón al nuestro.
Crimen sin castigo. Aunque el director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño, señala que el retraso en los trabajos de reconfiguración de las refinerías de Ciudad Madero y Minatitlán es responsabilidad de la empresa, llama la atención que no se hable de penalizaciones a los contratistas.
En el primer caso, el retraso es de tres meses, lo que ha provocado que las plantas cuya capacidad instalada alcanzaría para 285 mil barriles diarios de combustible, está produciendo sólo la tercera parte.
En el caso de Minatitlán, el desfase fue de cuatro meses, y aunque se aduce que las obras están concluidas en su totalidad, su producción llega a la mitad de su potencial, es decir, apenas 120 mil barriles diarios.
Funcionarios de carrera. Aunque el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador sostiene que hay capital humano suficiente para reemplazar a los funcionarios de alto nivel que no acepten la reducción salarial prevista, el problema apunta a los de carrera.
El país ha invertido no sólo en capacitación, sino otorgando becas para estudiar en el extranjero, recursos que estarían en riesgo de terminar en la basura.
Estamos hablando de los ramos hacendario, diplomático y económico.
De acuerdo con los análisis realizados, son 36 mil, en total, los integrantes de la llamada burocracia dorada que estarían en riesgo.
En el caso de Hacienda y el Banco de México las fichas están embonadas para establecer contacto inmediato con sus pares de Estados Unidos en caso de algún problema que afecte el entorno económico del país.
