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El evidente uso de las instituciones del Estado mexicano en el presente proceso electoral ha causado indignación entre muchos, pero sobre todo enorme preocupación. Nadie, hasta donde sé, propone que no se investiguen posibles delitos cometidos por Ricardo Anaya, candidato del Frente Ciudadano por México. Pero extraña la repentina celeridad con la que tanto la Procuraduría General de la República como la Secretaría de Hacienda han investigado los posibles hechos delictivos y la burda forma en que han hecho pública información sobre el caso.
La justicia penal mexicana es conocida por su ineficacia y su ineficiencia. Es lenta y abiertamente negligente, incluso en casos emblemáticos y documentados. La forma en que la PGR ha llevado el caso contra Javier Duarte, el ex gobernador priísta de Veracruz acusado de robar millones de pesos del erario público, es sólo un ejemplo. El periodista Arturo Ángel, de Animal Político, ha documentado los constantes errores de la Procuraduría a lo largo del proceso, incluida la falta de preparación de los fiscales que llevan el caso o la presentación de pruebas contradictorias. Una pensaría que en el caso que en el imaginario colectivo simboliza la corrupción desvergonzada, la institución encargada de procurar justicia sería particularmente diligente. Pero no ha sido así. Ha sido sospechosamente descuidada, al punto de hacer posible la liberación del ex gobernador.
Resulta imposible no indignarse ante la inédita diligencia de la PGR en la investigación del candidato presidencial de la alianza Por México al Frente. Más aún, el incidente muestra que el gobierno no tiene reparo en el uso de las instituciones del Estado para ganar la contienda electoral. La desestabilización del sistema electoral o el daño a las instituciones no parecen importar. Esta vez fueron la PGR y la SHCP. ¿Qué instituciones se usarán mañana?
El viernes pasado tuvo lugar una audiencia pública sobre la Ley de Seguridad Interior ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que se exhorte al Estado mexicano a incluir audiencias públicas en el desahogo de los procesos que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se siguen respecto de la constitucionalidad de esta ley. La Ley de Seguridad Interior se ha convertido en una de las más impugnadas ante el Poder Judicial mexicano, con 23 recursos presentados directamente ante la SCJN y más de 700 amparos ante el Poder Judicial. Durante la audiencia, el ómbudsman nacional señaló que “la ley, en su parte sustantiva, es un instrumento que posibilita el que, sin parámetros objetivos y las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de las libertades y derechos de las personales, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito de la seguridad individual, por cuestiones tan imprecisas y de subjetiva interpretación como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho.” En otras palabras, esta ley faculta al Ejecutivo para hacer uso discrecional del aparato represivo federal sin tener claro para qué, en un marco de absoluta opacidad y sin rendición de cuentas.
Somos testigos del uso abierto de las instituciones estatales como armas en la contienda electoral. ¿Estarán también dispuestos a usar las fuerzas federales con fines electorales? Si ven al SAT como arma política, ¿qué nos garantiza que no ven eso mismo en las Fuerzas Armadas? ¿Qué impide que, en unos meses, argumenten que los delitos electorales, la evasión fiscal o el lavado de dinero son un “riesgo” o “amenaza” a la seguridad interior a fin de justificar su uso con fines políticos o electorales? Los riesgos de esta ley fueron señalados por muchos antes de su aprobación. Mientras la ley siga vigente, estos riesgos estarán latentes.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@cataperezcorrea
