Más Información
cartera@eluniversal.com.mx
La reforma constitucional en telecomunicaciones eliminó la “doble ventanilla” entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero la mantuvo entre el regulador y otras instancias.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), esa situación prevalece con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
“En México, las funciones y responsabilidades referentes a las políticas para la economía digital y la ejecución de los programas se encuentran dispersas en varias dependencias, lo cual apunta hacia la necesidad de definir mandatos más claros en cuanto a las tareas y facultades de cada una de las dependencias involucradas”, señala el organismo.
Las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica y del IFT deben ser muy claras.
“Deberían evitarse los procedimientos paralelos, así como el reabrir una ‘doble ventanilla’”, subrayó el organismo internacional en el Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017.
Este año, el Poder Judicial resolvió que la Cofece y el IFT tenían atribuciones para decidir la adquisición de Time Warner por parte de AT&T, lo que para la OCDE tuvo el potencial de recrear dicha doble ventanilla.
“La decisión no consideró las implicaciones de la convergencia entre voz, video y datos. En el futuro y teniendo en cuenta que la convergencia sólo aumentará, se sugiere que el instituto mantenga el mandato para tratar estos casos de competencia”, destaca.
Con la Profeco, recomienda una clara distinción de las funciones sobre el cumplimiento por parte de los operadores de la publicidad referente a sus ofertas comerciales, donde la responsabilidad debe ser confiada en la procuraduría.
Aunque la ley establece claras divisiones entre las funciones asignadas a las diferentes instituciones públicas,” las reglas sobre el cumplimiento por parte de los operadores de las disposiciones publicitarias son ambiguas”, indica el organismo internacional.
Respecto a los contenidos, la OCDE destaca que son varias las instituciones que intervienen como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud y el IFT.
“Estos arreglos institucionales causan disputas, por ejemplo, en relación con los derechos de las audiencias que solamente se definen de manera general”, destaca.
La OCDE recomienda que se refuerce la función del regulador sobre informar e instruir al mercado de contenidos audiovisuales en radiodifusión
y telecomunicaciones.
“Como parte de su misión general de regulador convergente y al mismo tiempo mantener la contribución de otras dependencias a cargo de asuntos específicos, tales como salud, derechos de autor, entre otros”, señala.
