El Paquete Presupuestal para 2018 que contiene el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) coinciden en su ejercicio con un año en el que en el país se llevarán a cabo elecciones, motivo por el cual es importante distinguir los verdaderos alcances y las expectativas fallidas.
El documento contiene un gran esfuerzo por lograr la consolidación fiscal, a través de dos metas que son las restricciones en el gasto y reducciones de la deuda, pero el presupuesto es conservador, inercial y presenta varios retos.
Para 2018 la meta es reducir la deuda, que en su sentido más amplio se mide por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), los cuales el año anterior se ubicaron en 50.1% del PIB y se espera que al cierre de este año inicien su tendencia descendente y concluyan en una proporción de 48% y para 2018 se reduzcan hasta 47.3%.
Es aquí donde observamos una expectativa optimista; la reducción en el peso de la deuda para 2017 se logra gracias al remante operativo que otorgó el Banco de México por 321 mil 653 millones de pesos a la SHCP, cuyo monto en 70% fue utilizado para la amortización de deuda. Estos recursos son una eventualidad y no se podrá contar con ellos el próximo año.
En la parte de la ILIF, se estima alcanzar 4.73 billones de pesos (un crecimiento real de 3.6% anual).
Si bien la reforma hacendaria ha permitido mayores ingresos tributarios, este efecto tiene un límite y mientras no se logre combatir la informalidad, la elusión y la evasión fiscal, será la misma base de contribuyentes la que alimente los ingresos del país.
El superávit primario que se pretende alcanzar en 2018 en un monto de 197,295 millones de pesos equivalentes a 0.9% del PIB y de 1.4% como proporción de la economía para 2017, se logra a través de un cuidadoso manejo del gasto.
El gasto total sólo para 2018 será de 5.20 billones de pesos, un ligero aumento de 2.2% real, pero a pesar de contar con ingresos tributarios en máximos históricos, el débil aumento se explica porque los recursos se tienen que destinar al pago del costo financiero de deuda, mayores participaciones para los estados y organismos autónomos.
En los ramos administrativos hay un recorte de 2.8% y el gasto corriente y las pensiones presentan un incremento de 5.2% real, pero para la inversión sólo se destina 15.9% de los 3.73 billones de pesos del gasto programable, lo cual significa que no sólo es la menor proporción en todo el sexenio, sino que existe una reducción en términos reales de 3.4% respecto a 2017.
Con un menor gasto en inversión, el presupuesto muestra que tiene poco margen para detonar el crecimiento y ser un instrumento de planeación de largo plazo para las finanzas públicas.
El Paquete Económico 2018, en particular las finanzas del gobierno federal enfrentan varios retos que podrían desviarlo de lo presupuestado. Entre los supuestos que se establecen en los CGPE están un crecimiento del PIB del 2.0% al 3.0% en 2018, que pudiera alcanzar hasta el 4.0% en 2020. Sin duda, la visión de crecimiento es optimista cuando no se cuenta con un proyecto de nación ni con una política industrial holística y de largo plazo.
El paquete parece no considerar que el mercado interno da señales de una desaceleración, en el que la elevada inflación (6.66% en agosto) ha afectado las compras en la ANTAD, que en agosto cayeron 2.5%; que el alza en tasas puede frenar los créditos y subir el costo de la deuda de las familias; además, que la actividad industrial cayó 1.0% mensual en julio, misma contracción que observó la inversión fija bruta durante junio.
Si bien el Paquete Económico tiene un espacio fiscal reducido y la ingobernabilidad en algunos estados afecta las expectativas de crecimiento, el Presupuesto ha dejado de ser un programa que impulse al país, lo que parece agudizarse en víspera de las elecciones; por ello, debe contener una logística multimodal que pueda impactar en la economía y procurar la estabilidad, con políticas públicas de largo alcance.
El paquete aún debe ser discutido y aprobado por las Cámaras y el Senado; habrá cambios y los representantes deberán actuar como estadistas, pensando en un proyecto de país con futuro, dejando intereses electorales, con una visión más real de la economía.
Vicepresidente de Consultores Internacionales S.C.
