Más Información
“Es un día triste para la democracia”: Presidente del INAI reacciona a extinción del instituto; “dimos la batalla”, dice
Cae en EU “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, líder del CJNG; había fingido su muerte para vivir en California
Comienzan las entrevistas de los aspirantes a la Fiscalía capitalina; Ulrich Richter promete ciudadanizarla y despresurizarla
El artículo de José Narro que hizo reaccionar a Sheinbaum; ¿qué dice y por qué lo calificó como “mucha ignorancia”?
ruben.migueles@eluniversal.com.mx
A menos de un año de que concluya la actual administración, permanecen inconclusas las acciones necesarias para el cumplimiento de 106 de los 266 compromisos que el presidente Enrique Peña Nieto firmó ante Notario Público durante la campaña presidencial de 2012, destacó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Esto significa que sólo ha cumplido 40% de los compromisos, y que seis de cada 10 promesas de gestión no han sido honradas en los hechos. Los pendientes van desde obras críticas de infraestructura o conectividad, hasta recuperar seguridad en ciudades víctimas de niveles sin precedentes de violencia.
Para cumplir con los compromisos es necesario concluir más de 30 proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 12 de la Secretaría de Educación Pública, y 16 en materia de Salud.
En opinión de Coparmex, hay signos de que las prioridades de una buena parte de la estructura y recursos del Poder Ejecutivo se enfocan a la atención de la coyuntura electoral.
En materia económica, el Ejecutivo debe presentar al Congreso la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria para el Fortalecimiento de la Competencia y la Competitividad. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, están en default constitucional, pues concluyó el plazo mandatado en la Constitución para la promulgación de esa ley.
En la parte hacendaria, el Ejecutivo debe impulsar la creación del Consejo Fiscal Independiente, para proporcionar una evaluación en materia tributaria y presupuestal.
Frente a los desafíos emergentes derivados de la inminente reforma tributaria en Estados Unidos, los empresarios propusieron ajustes de fondo que impliquen una disminución gradual del ISR a empresas, para llegar a 24.66%, promedio de la OCDE, y también una reducción de ese impuesto para quienes perciben ingresos menores a 10 mil pesos; así como restablecer la deducibilidad 100% en las prestaciones laborales.
En materia de política social, la Coparmex urgió a conformar el Padrón Único de Programas Sociales y construir un Registro Nacional de Beneficiarios de Programas Sociales basado en una Cédula de Identificación Personal.
En materia de seguridad y procuración de justicia, debe reconocerse que México atraviesa por el periodo más violento en los últimos 20 años. Para atacar este problema, los empresarios destacaron que se requiere reestructurar la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para descentralizarla y proveerle de mayores facultades operativas.
Sobre combate a la corrupción, es necesario consolidar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
En materia educativa, Coparmex pidió que se den a conocer los avances que han tenido los estados en evaluación de alumnos y docentes, y trasparentar el avance del Sistema de Información y Gestión Educativa, pieza importante para que sea viable la autonomía curricular, uno de los elementos más importantes en el nuevo modelo educativo.