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El procedimiento que seguirá la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el caso del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, además de investigar a servidores públicos, incluye a las empresas involucradas, dijo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
“Así como ahora está realizando observaciones al sector público, las hará al sector privado”, declaró el responsable de la dependencia después de participar en la Convención Nacional 2017 de la Canieti.
Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo, dijo que en concordancia con el dictamen de la SFP sobre la construcción de la obra, una de las principales fallas fue la falta de planeación, desde los estudios de ingeniería.
“Nuestra cámara ha hecho énfasis en esto, en la falta de planeación, que quiere decir llevar a cabo con tiempo y con el debido costo, los estudios preliminares, las ingenierías necesarias para llevar a cabo una obra”, indicó.
Arballo dijo que el responsable de todos los estudios preliminares es quien licita, no las constructoras.
“Como México creo que hemos incurrido en muchos años en esa falta de previsión, en esa falta de aplicación de recursos para tener estudios más completos que nos lleven a que las diferencias, en pesos y tiempos de ejecución, no sea tanta.
“Las constructoras cuando ganan una obra o se les entrega un proyecto, normalmente ese proyecto, en la mayoría de los casos, se tiene que modificar, pero no por causas imputables a la constructora sino a que no se hicieron la totalidad de los estudios de ingeniería necesarios”, apuntó.
Plazo de 45 días. Ruiz Esparza comentó que los servidores públicos investigados por la SFP tienen la obligación de responder a sus observaciones en menos de 45 días y, en su momento, lo hará el sector privado.
El martes pasado, la Función Pública informó que detectó 22 observaciones a cuatro contratos relacionados con la edificación de la obra, y que en conjunto suman mil 34 millones de pesos por probables irregularidades.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está siguiendo hasta sus últimas consecuencias las decisiones que se tomen en este evento y quienes tengan responsabilidad, se trate de servidores públicos, de empresas privadas o de funcionarios locales, tendrán que asumirla”, dijo.
Sin embargo, Ruiz Esparza dijo que no es conveniente adelantar juicios y que cada persona involucrada tiene derecho a defenderse.
Explicó que la secretaría ha aportado elementos, documentos, comentarios para que las autoridades tengan información y tomen determinaciones lo más rápido posible.
Añadió que, además de la auditoría de peritos independientes, falta la indagación que hace una firma internacional y una mexicana.
Observaciones. Sobre las irregularidades que la SFP encontró, el presidente de la CMIC dijo que hay que esperar a que se solventen esas observaciones, porque el monto puede ser menor, pues los contratos de obra pública son muy burocráticos y algunas anomalías después se solventan.
“Hablaron de irregularidades, no de una desviación de recursos”.
“No hay ninguna duda, las empresas constructoras, como en la Línea 12 y aquí mismo y en cualquier otro ejemplo, está perfectamente demostrado que han hecho lo que el proyecto decía”, agregó Arballo.
La CMIC reiteró que como cámara sigue exigiendo el detalle de los análisis del proceso de licitación para ver quién incurrió en qué falta, ya sea funcionario o empresario.
