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En el Senado se debate la ley anticorrupción. Todo parece indicar que esto va en serio y ya el PAN y PRD formaron un bloque para garantizar sacar adelante esta iniciativa.
Es un complejo problema que sin embargo tiene caminos que no se han tocado y son tan evidentes que la pregunta ¿por qué?, se vuelve obligada.
En el mundo de hoy -totalmente electrónico-, el patrimonio de personas y empresas está perfectamente ubicado por la autoridad hacendaria y ello ha quedado en evidencia por la seguridad que tiene el SAT de llegar hasta donde sea necesario para evaluar donde está el dinero que muchos mexicanos han invertido fuera de nuestro país. El escándalo “Panamá Papers” lo ha puesto en evidencia.
La capacidad tecnológica del SAT para ubicar a los contribuyentes y dimensionar sus ingresos es total y absoluta. Nada se le escapará ni en el presente ni en el futuro.
Sin embargo, ¿por qué esa tecnología no se puede utilizar también para conocer las fortunas de gobernantes y funcionarios públicos cuestionados por actos de corrupción?.
Debe ser impresionantemente fácil identificar en qué momento su fortuna creció. Conocer la ruta del dinero a través del sistema bancario debe ser altamente eficiente, -pues no sólo están controladas hoy por la autoridad las cuentas de cheques y de inversiones-, sino también las tarjetas de crédito, compras de autos, viajes.
Todos los contribuyentes estamos perfectamente controlados y la autoridad no se cansa de decirlo.
Del mismo modo, -siguiendo la ruta del dinero-, ¿no se podría localizar el dinero de la delincuencia organizada?.
El clamor público por las declaraciones que debiesen hacer todos los candidatos antes de una campaña, -denominada “3 de 3”-, por lo menos a lo que toca a capital y sus propiedades, el mismo INE podría solicitarlo al SAT y hacerlo público.
¿Por qué no se utiliza esta tecnología digital para combatir la corrupción?.
Especulando podríamos asegurar que solamente porque se instrumentase un sistema con avisos de alerta cuando el patrimonio de un funcionario público y su círculo familiar creciera de forma desorbitada, sería suficiente para que éste se abstuviera de hacer negocios aprovechando su cargo.
Sin embargo, hay todo un sistema opaco alrededor de la clase política al grado que vale preguntar: ¿todos pagan impuestos por sus ingresos personales?. La ley dice que deben hacerlo, pero ¿realmente sucede con los de alto nivel jerárquico?.
Que hoy exista corrupción es sólo por falta de voluntad política para combatirla.
Parece haber buena disposición en el Congreso para lograr concretar esta ley. Sin embargo, ¿qué tan lejos llegará como para frenar negocios de alto nivel?. ¿Qué tanto?.
Con la tecnología de hoy, no es complicado hacer “inteligencia financiera” para identificar fortunas mal construidas. Es más, los hechos vinculados a corrupción están a la vista respecto a varios gobernadores y sin embargo ninguna autoridad reacciona. No pasa nada. La impunidad es la regla.
Se requiere voluntad política para cambiar el rumbo y ponerle un alto a la corrupción desbordada y cínica que está a la vista.
A final de cuentas… ¿Quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato?
