Mucho se habla de las bondades del gobierno abierto y de lo mucho que puede ayudar en la construcción de una democracia participativa. Sin embargo, son pocos los que saben de qué se trata. Aprovecharemos este espacio para compartir sus principales características.
El gobierno abierto se basó, en un principio, en tres pilares fundamentales:[1]
- Transparencia. Entendida como la obligación del gobierno de informar sobre lo que hace y cómo lo hace. Esto promueve la rendición de cuentas y un control por parte de la sociedad del quehacer gubernamental.
- Participación. Se entiende como la promoción del derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas. Bajo esta premisa se fomenta la creación de nuevos espacios que permitan que los ciudadanos se impliquen en los asuntos públicos.
- Colaboración. Implica que el gobierno comprometa e implique a otros actores sociales para trabajar en la solución conjunta de los problemas, con la participación de organizaciones civiles, empresas y demás agentes relevantes.
Sin embargo, otros pilares se han vuelto relevantes en el tema. Tal es el caso de la innovación y el uso de las tecnologías. De esta manera, los tres primeros pilares se han cristalizado a través de dos ejes:[2]
- La apertura de datos públicos (open data), que implica la publicación de información del sector público en formatos abiertos e interoperables que faciliten su acceso y reutilización. Lo que por un lado promueve la innovación, ya que permite el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios con la utilización de estos datos públicos y, por otro, incrementa la rendición de cuentas, la transparencia y el escrutinio público, pues implica la publicación de datos sobre gestión del presupuesto, procesos de compras, adquisiciones, contratos y demás información relevante.
- La apertura de procesos (open process) y el uso de redes sociales y plataformas para la participación ciudadana. Con estos se persigue facilitar la comunicación e interacción, así como aprovechar conocimientos y experiencias de quienes interactúan para colaborar en el diseño y ejecución de políticas y provisión de servicios públicos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE promueve el concepto de gobierno abierto poniendo de relieve los beneficios de llevarlo a la práctica, ya que permitiría:[3]
- Restablecer una mayor confianza en el gobierno.
- Garantizar mejores resultados al menor coste.
- Elevar los niveles de cumplimiento.
- Asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas.
- Fomentar la innovación y nuevas actividades económicas.
- Mejorar la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos, que de otra forma se enfrentan a barreras para participar.
El término ha evolucionado desde una mirada basada en las tres dimensiones relevantes que apelan a contar con una administración pública transparente, accesible y receptiva, con capacidad de respuesta y responsable, a un enfoque donde se le considera como plataforma para resolver cómo el gobierno puede trabajar con la sociedad y los individuos para co- crear valor público.
En México existen esfuerzos que se han orquestado desde distintas trincheras y que han dado como fruto la participación de nuestro país, como miembro fundador, de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que es una plataforma internacional, lanzada en 2011, para que los países comprometidos en hacer a sus gobiernos más abiertos, responsables y sensibles a los ciudadanos participaran en conjunto para el logro de estos objetivos.
Desde entonces, AGA ha pasado de 8 países miembro, a 75 países participantes. En todos los casos, gobierno y sociedad civil están trabajando juntos para desarrollar e implementar reformas de gobierno abierto. A principios de 2016, AGA lanzó un nuevo programa piloto, diseñado para involucrar a los gobiernos subnacionales de manera más proactiva en la iniciativa: Quince pioneros, reformadores comprometidos en el ámbito político y laboral y socios enérgicos y comprometidos de la sociedad civil participan para promover una reforma gubernamental abierta[4].
El gobierno abierto en México se ha convertido en una fuerza de cambio real que ha permitido avances significativos y resultados concretos. Gracias al compromiso que han demostrado los actores involucrados, nuestro país es reconocido como líder internacional en la materia.
En México, el concepto de gobierno abierto ha sido entendido como un nuevo modelo de gestión en el que ciudadanos y autoridades colaboran para producir políticas públicas y acciones encaminadas a construir soluciones colaborativas a problemas públicos, donde la participación y la transparencia son considerados elementos mínimos que sirven para dar atención a las demandas sociales, pero también promover ambientes sólidos de rendición de cuentas, innovación social y apertura institucional que son capaces de generar valor público.
México, como miembro fundador, ha logrado importantes avances en la materia. Se han implementado dos planes de acción nacionales y se consolidó el Secretariado Técnico Tripartita (STT) como órgano de deliberación y toma de decisiones en el que participan sociedad civil y gobierno, acompañados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, órgano garante del derecho al acceso a la información pública. Asimismo, se ha avanzado en la construcción de metodologías de implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos adoptados. El tablero público de los compromisos de gobierno abierto es una herramienta abierta en la que cualquier persona puede dar seguimiento a cada una de las acciones realizadas por funcionarios públicos para cumplir los compromisos[5].
México en la AGA se ha caracterizado por sus procesos de consulta pública incluyentes y participativos en la construcción de sus planes de acción nacionales de gobierno abierto. Particularmente, la elaboración de su segundo plan de acción fue reconocido como un proceso de consulta pública destacado entre los países de la Alianza.
El Tercer Plan de Acción 2016-2018 se diseñó en conjunto por el STT a partir de los aprendizajes obtenidos de la construcción e implementación de los dos planes de acción nacionales previos y con miras a definir compromisos más ambiciosos en términos de impactos positivos en la vida cotidiana de las personas.
La consulta pública por Internet en el sitio de participación ciudadana del Gobierno Federal (gob.mx/participa), permitió identificar ejes temáticos para la construcción del plan de acción:
1. Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho
2. Sistema Nacional Anticorrupción
3. Pobreza y desigualdad
4. Igualdad de género
5. Gobernanza de recursos naturales y cambio climático
6. Servicios públicos
La publicación de los compromisos que integran el plan de acción es un punto de partida. Para cada uno de los compromisos adoptados se elabora un plan de trabajo detallado que permitirá dar un seguimiento claro, puntual y objetivo a su implementación.
El Observatorio Nacional Ciudadano como parte del núcleo de organizaciones de la sociedad civil que integran el STT ha participado activamente en el diseño de la estrategia de seguimiento y evaluación de este tercer plan de acción y permanecerá vigilante sobre el cumplimento de las metas y compromisos que se han fijado hacia el 2018.
Te invitamos a consultar el Plan de Acción 2016 – 2018 y a participar en su evaluación y seguimiento en: http://gobabiertomx.org
Mariana Cendejas
Directora de Transparencia y Rendición de Cuentas
Observatorio Nacional Ciudadano
@MarianaCendejas @ObsNalCiudadano
[1] Ver: La promesa del Gobierno Abierto, Andrés Hofmann, Álvaro Ramírez-Alujas y José́ Antonio Bojórquez, Coords., Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/La%20promesa%20del%20Gobierno%20Abierto.pdf Consultado el 27 de febrero de 2017.
[2] Ídem.
[3] Ver: http://www.oecd.org/mexico/open-government-data-review-of-mexico-9789264259270-en.htm
[4] Ver: http://www.opengovpartnership.org/about
[5] Esta herramienta de seguimiento puede consultarse en: http://tablero.gobabiertomx.org/
