A pesar de que la libertad de expresión reside en un derecho humano, el periodismo se ha visto agraviado en México desde hace varias décadas. Incluso cuando se parte de la idea que vivimos en un Estado Democrático de Derecho, donde las voces, la opinión pública y el respeto de los derechos humanos son fundamentales para todos; día con día comprobamos que no es así. Por ello, el objetivo de este artículo es poner en la palestra los puntos medulares para poder analizar el serio problema que existe en el país sobre los delitos cometidos contra quienes trabajan por informarnos.
Si pensamos en libertad de expresión, necesariamente requerimos partir de un derecho humano:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
(CNDH, 2015).
A pesar que se habla de no restringir este derecho, en México, delitos como homicidios, secuestros, intimidación, amenazas, entre otros agravios a los comunicadores sociales, así como a los medios de comunicación, violan “los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.” Por ello es deber de los “Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” (CNDH, 2011, p.5).
Para contextualizar el tema de libertad de expresión en México, es necesario, establecer una definición homologada de periodismo, pues se tienen varias, según organismos aborden el tema, lo que ocasiona que los delitos contra periodistas no sean tomados de la misma forma y que unos se contabilicen y otros no. Eso es lo que hace que las cifras sobre delitos cometidos contra periodistas no sean uniformes entre las organizaciones, lo cual origina un desatinado diagnóstico para que expertos puedan intervenir.
Por lo que a continuación se define el término periodistas:
Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen (IMDHD, 2015).
Ante la violación de un derecho fundamental, se debería garantizar la libertad de expresión, sin embargo, en la última década se ha puesto en peligro a periodistas en México, lo que evidencia también la poca consistencia que tienen las investigaciones y registros de dichas violaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos comenzó a trabajar en el tema desde principios de los 90’, aunque fue hasta una década después que, por las constantes llamadas de atención de organismos internacionales se puso cartas en el asunto.
Y es que de 2006 a 2012 se tiene registro del asesinato a 56 periodistas en el territorio mexicano, lo que resulta alarmante para International Press Institute (IPI). En su reporte de 2011 México fue nombrado como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. En ese año, de los 102 periodistas asesinados en el mundo a causa de su trabajo, 10 fueron muertos en el territorio, sin embargo hay que poner atención en el hecho de que dicho organismo internacional dice que todos los asesinatos se relacionan con el comercio de drogas en el país, o por lo menos así lo informaron las instituciones mexicanas.
Solo con esas cifras, en contraste con el resto de los países analizados en el informe IPI, México ha sido el país más mortífero en el continente americano desde el año 2000.
En América Latina, con 35 periodistas muertos en 2011, se convirtió en la región más peligrosa para los periodistas, México y Honduras reportan los índices más altos de peligrosidad, donde 10 y 6 periodistas, respectivamente, fueron asesinados, supuestamente como consecuencia de temas relacionados con drogas y narcotráfico (IMDHD, 2015).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que entre enero de 2000 y septiembre 2011, fueron asesinados 74 periodistas, mientras que la mayoría de los asesinatos (2011) en México tuvieron lugar en el norte del país.
El caso del estado Veracruz, resalta, pues durante 2011 registró a cuatro periodistas asesinados y por lo menos otras cuatro personas relacionadas a los casos, según el informe de IPI (2013). Cabe señalar que los medios más agredidos durante 2011, fueron el semanario Proceso y El Siglo de Torreón.
El informe (IPI, 2013) agrega un tema que poco se ha explicado, pero que se ha vuelto una realidad en México. La autocensura, es decir, se da poca cobertura al crimen organizado, pues muchos medios de comunicación, especialmente aquellos en las localidades, han dejado de cubrir temas relacionados con las drogas, por el miedo que ha causado la muerte o delitos contra sus compañeros.
Ejemplo de ello es el informe publicado por el observatorio del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV), quien dio a conocer que durante los tres primeros meses de gobierno del presidente Enrique Peña, se disminuyó la presencia de la información relacionada con la violencia y la delincuencia organizada, lo que se debió a un reflejo del cambio en la política de comunicación del gobierno federal y no a la reducción del índice de violencia, lo que habla de autocensura. A continuación se enuncian las reducciones en el tema de violencia en México (ACIV en El economista, 2015) que de diciembre del 2011 a febrero del 2012, se puede constatar en los medios de comunicación:
- La palabra “asesinatos” disminuyó 50% su presencia en las portadas de la prensa del DF.
- El uso de las palabras “crimen organizado” y “narcotráfico” se redujo en las portadas 50.2 y 54.6%, respectivamente.
- En los noticiarios de televisión abierta, la presencia de las palabras “crimen organizado” y “narcotráfico” descendió 70.2 y 44.2%, respectivamente.
- En la televisión de paga, las mismas palabras disminuyeron 65 y 45 por ciento.
- El tema del combate al narcotráfico desapareció del discurso presidencial.
Las amenazas contra la libertad de expresión también aumentaron en Internet, a lo largo de 2011, personas murieron o recibieron amenazas, debido a su uso de los blogs y Twitter. Además, los periodistas y medios de comunicación fueron atacados directamente (ACIV en El economista, 2015). Es decir, podemos ver en estos casos, que pese a no ser periodistas, cumplen con la función de informar, por lo que sus voces fueron silenciadas.
De esta manera podemos constatar lo declarado por la Corte Interamericana de Derechos humanos, que considera que:
El asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema. Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo (CIDH, 2013).
Cualquier análisis de los últimos años que se refiera a las violaciones a libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo, como ya se mencionó, debe partir de un hecho fundamental:
Existe un subregistro de casos que se relaciona directamente con la autocensura que periodistas y medios han adoptado como medida de protección; la denuncia pública se ha reducido en tanto que el Estado no brinda garantías de investigación ni sanción a los responsables. Aun en este contexto, durante 2011 fue posible registrar y documentar 172 agresiones a la libertad de expresión; esto es, 17 casos más de los reportados en el Informe 2010 de ARTICLE 19 y Cencos. La cifra de periodistas asesinados y desaparecidos es similar a la del año pasado y el número de atentados contra instalaciones de medios se ubicó un poco por debajo. Una lectura optimista de esto es que hemos entrado a una etapa de estabilización en la que si bien la violencia ya no se eleva exponencialmente, sí continúa dándose en rangos constantes. Por otro lado, podría ser que estemos ante un problema que se ha vuelto ya demasiado grande y que los pocos casos que son conocidos y documentados sean suficientes para que sigamos observando incrementos de un año a otro (CIDH, 2013).
Un informe más reciente de IPI, publicado en abril 2013, informó que los gobiernos estatales como uno de los principales obstáculos a la libertad de prensa en México, entre ellos se destaca el gobierno de Veracruz, donde siete periodistas fueron asesinados en 2012. Los funcionarios del Estado han sido acusados de restar importancia a la amenaza a la libertad de prensa en Veracruz y la honestidad de sus investigaciones ha sido cuestionada.
La organización internacional Artículo 19 ha documentado 37 casos de desplazamiento forzoso en la entidad, según estos datos Veracruz es el estado más letal para los periodistas. Dicha organización documentó el asesinato de 17 periodistas, desde 2000, de esta cifra, 12 se han registrado durante el actual gobierno del gobernador Javier Duarte. Las autoridades, ante los casos en los que IPI pidió que se llevaran a cabo las debidas investigaciones, negaron que los asesinatos estuvieran relacionados con su trabajo (Artículo 19, 2015).
La descomposición del tejido social y la creciente violencia en México y en particular en entidades como Veracruz, ha callado diversas voces, dicha problemática resulta por sí sola una dificultad para afirmar que vivimos en un Estado Democrático de Derecho. Por lo que resulta urgente plantear desde nuestro sociedad civil y autoridades ¿cómo podemos ayudar a construir una nueva realidad donde la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos sea primordial?
**Imagen de Silvia Pelissero
Vania Pérez
Investigadora - Observatorio Nacional Ciudadano
@vaniadelbien @ObsNalCiudadano
