Más Información
Diputados alistan sesión doble; debatirán reforma en seguridad pública y reservas sobre extinción de órganos
Desaparición del Inai, un grave retroceso; organizaciones lamentan “sacrificio” de transparencia por intereses políticos
Elección judicial: INE perfila diseño de mapa electoral; proyecto debe ser avalado por el Consejo General
Concanaco llama a participar en elección judicial; anuncia foros para conocer perfiles de candidatos seleccionados
En una escena memorable, Fernando Soler se burla de un avergonzado Joaquín Pardavé (para los más jóvenes busquen la película "México de Mis Recuerdos" en YouTube), quien debe pagar un arresto barriendo durante la madrugada las calles de Francisco I. Madero, junto con el resto de parranderos detenidos la noche anterior. La pena pública parece dolerle más al personaje que la reparación social del daño en el frío de una celda.
En otras escenas, éstas mucho menos románticas, nuestro sistema penitenciario incorpora diariamente a internos responsables de delitos menores que caen en centros que, con cruel ironía, hemos llamado de "readaptación social" cuando son todo lo contrario.
Este sistema perverso ha provocado que la justicia sea para quien puede pagar una defensa adecuada y a que el primo delincuente (usualmente sin recursos de todo tipo) deba aprender durante su encierro otras habilidades criminales para sobrevivir en el infierno penitenciario que hemos logrado construir en México. Además, a un alto costo económico para el Estado y con beneficios nulos para la sociedad.
A lo largo de los años he tenido la oportunidad de convivir con miles de víctimas para quienes la pena de cárcel no parece ser suficiente. Lo mismo para un número similar de familiares de internos que me han dicho que consideran que la condena es excesiva contra la falta que se cometió.
Ambos tienen un punto en común: si tuvieran la oportunidad, llegarían a un acuerdo sobre cómo reparar el daño.
Creo que como sociedad, haríamos lo mismo. Tenemos cientos de internos que podrían pagar su pena en libertad y trabajando por el bien común hasta que se estimara que han restituido su falta.
Otro común denominador con la película de Soler y Pardavé es la necesidad de esa mano de obra en las calles y colonias del país. Y si nos guiamos por las quejas ciudadanas a sus alcaldías, estoy seguro que coincidiremos que desde hace mucho tiempo las autoridades municipales ya no pueden dotar solas de servicios de calidad a sus gobernados.
Así, impulsar la pena del trabajo comunitario o social para faltas administrativas o delitos menores desahogaría los penales en el corto plazo y dejaría sin entenados a los criminales de mayor experiencia (y peligrosidad).
La propuesta puede ser una realidad; para ello la llevaremos al Constituyente de la Ciudad de México, que con este proceso puede ponerse, una vez más, a la vanguardia en procesos sociales en el país, así que confiamos en que pueda ser tomada en cuenta y aplicada.