Sin garantía de derechos: migración en el Proyecto del PEF 2017

José Knippen y Paulina Castaño, Fundar Centro de Análisis e Investigación AC.

Por otro año consecutivo, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, no se garantizan los recursos suficientes para atender a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, las familias migrantes y sus comunidades, tanto en México como en el extranjero. No hay que olvidar que existe un Programa Especial de Migración (PEM), el cual ha pasado desapercibido por el PEF desde su implementación en 2014.

El Proyecto del PEF 2017 es la propuesta del Poder Ejecutivo (publicado el pasado 8 de septiembre) y será discutido, de ser necesario modificado y aprobado por la Cámara de Diputados (la fecha límite es 15 de noviembre). Por lo tanto, es importante que recordemos a las y los diputados de su gran responsabilidad y la oportunidad que tienen para subsanar errores y, sobre todo, asegurar que en el presupuesto no haya retrocesos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

En tiempos en que los recortes y reajustes presupuestarios están en boca de nuestros representantes políticos, es importante revisar de manera crítica el Proyecto del PEF 2017 (PPEF). Los recortes parecen afectar sectores importantes vinculados con derechos humanos y la justicia en general (recortes en SEGOB y PGR, por ejemplo), pero también derechos sociales como la educación y la salud. Al mismo tiempo, se proponen aumentos para el poder legislativo y el poder judicial.

Desde Fundar hemos mencionado reiteradamente que, ante este panorama, el primer recorte a montos presupuestarios debe ser el correspondiente a comunicación social y publicidad oficial, tal como se precisa en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por consiguiente, resulta ilógico que se disminuyan los montos a programas que coadyuvan a favorecer la calidad de vida de las personas migrantes y refugiadas, mientras que tan sólo en 2015 el gobierno federal gastó más de 9 mil millones de pesos (mdp) en publicidad oficial[1][2].

Si el gobierno además cuenta con suficientes recursos para cargos públicos que refuerzan el control fronterizo, también debe destinarlos a aquellas acciones que garanticen los derechos. Les presentamos algunas modificaciones en el PPEF 2017 que afectan en el tema migratorio.

1. Al Instituto Nacional de Migración le asignan 1,670 mdp (109 millones menos que en 2016). Si bien esto podría ser problemático, es necesario tomar en cuenta que el INM realiza principalmente actividades relacionadas con la gestión y el control de flujos. Desde mediados de 2014 ha sido la institución encargada de implementar el controversial Programa Frontera Sur. Cabe destacar que el gasto del INM tiende a ser mucho mayor a su presupuesto inicial (el INM genera ingresos propios por el cobro de derechos).
2. El presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es de solamente 25.4 mdp, un monto que imposiblemente permite atender de manera adecuada la magnitud de la crisis humanitaria en Centroamérica. Los países del Triángulo Norte están pasando por una situación de violencia y pobreza que ya se ha demostrado que no será de carácter temporal.
3. A pesar de la opacidad respecto a sus funciones y su operación, sigue existiendo como Unidad Responsable de presupuesto, dentro del Ramo de Gobernación, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), con un presupuesto anual de 59.8 mdp.
4. No aparece la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación de la PGR, (de nueva creación a través del DOF el 18 de diciembre de 2015) como una Unidad Responsable de presupuesto, lo cual podría perjudicar el alcance de su trabajo y el cumplimiento de sus objetivos (facilitar el acceso a la justicia a las personas migrantes y sus familias, realizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigar y perseguir los delitos cometidos por o en contra de personas migrantes, de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño a las víctimas).
5. No existe una asignación presupuestaria hacia personas deportadas y retornadas a México desde Estados Unidos principalmente. En el Ramo 23 ha desaparecido el programa Fondo de Apoyo para Migrantes.

En general, el Proyecto de PEF 2017 no responde a lo que el gobierno federal se comprometió y lo que establece el PND y el PEM –además de que tampoco parece mejorar la eficacia del gasto. Es necesario incrementar los recursos en la protección de derechos y en la atención directa a migrantes y refugiados. El Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA) ya ha elaborado unas propuestas concretas para ello. Cuatro fichas informativas con propuestas concretas están su página web http://migracionparalasamericas.org/. Ahora le toca ahora a la Cámara de Diputados incluir estas propuestas para que las personas, familias y comunidades migrantes dejen de ser las grandes ausentes en el PEF.