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Liliana Ruíz, investigadora del área de presupuestos y políticas públicas.
En la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que por cierto, está pendiente pues no se han aprobado las leyes reglamentarias básicas para su operación, la participación ciudadana también está incluida y ha sido tema de análisis.
Dentro del SNA se planea tener un Consejo de Participación Ciudadana, que será la instancia que coordine los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Todavía no se tienen las leyes finales y no sabemos las atribuciones específicas que tendrá este Comité y tampoco sabemos con certeza cómo se elegirán a sus integrantes. Pero lo que sí sabemos es lo que no puede faltar y a continuación se menciona.
Primero, tenemos que considerar que la participación ciudadana puede tener un rol fundamental en la lucha contra la corrupción. El problema de corrupción es tan grave que requiere de esfuerzos no solo institucionales y penales, también necesita del monitoreo de la función gubernamental por actores independientes y de la denuncia de actos de corrupción. No todo es la sanción, también es importante la prevención. En este sentido, la observación y monitoreo de los ciudadanos puede tener potencial para inhibir los actos de corrupción. Pero para eso es necesario garantizar la seguridad y protección de las personas que denuncian. La denuncia anónima debe ser incentivada y tomada en cuenta para investigar actos de corrupción.
Segundo, es necesario realizar un diagnóstico de las acciones y prácticas en materia de participación ciudadana para luchar contra la corrupción, que ya suceden en nuestro país. Hay esfuerzos que ya existen pero que quizás pueden mejorarse y coordinarse. Un ejemplo de esto es la Línea de Denuncia Ética que tiene la Auditoría Superior de la Federación.
Tercero, debe tomarse en cuenta la naturaleza de la participación ciudadana en las políticas públicas. Es decir, para que la participación ocurra deben buscarse y propiciarse los espacios para que los ciudadanos contribuyan. Entonces el rol del Comité de Participación Ciudadana debe ser activo y debe tener atribuciones para proponer, identificar y fomentar los espacios y mecanismos que permitan que la participación sea útil. Y la palabra “útil” es relevante. La participación ciudadana no puede nada más generarse porque está de moda o porque suena bien. Para que funcione y genere insumos útiles para combatir a la corrupción o mejorar una política pública, deben tenerse muy claros los objetivos y lo que se busca, así como la identificación de los actores a los que se debe involucrar y que pueden aportar. Es fundamental preguntarse ¿para qué queremos propiciar la participación ciudadana? Si bien, debe ser un derecho, es muy relevante que sea útil. Para que la participación ciudadana funcione, además de lo todo lo anterior, debe evaluarse y mejorarse periódicamente y así, irse institucionalizando.
Históricamente, los ciudadanos en México hemos participado, realmente, en la política pública por medio del voto. Sin embargo, es necesario fomentar otras formas de tomar en cuenta nuestras opiniones y contribuciones. La participación ciudadana y cualquiera de las formas en las que se pueda dar (denuncia, contraloría social, consulta a los beneficiarios de un programa, etc.) no sirve de nada si no se respetan y garantizan los resultados que ésta arroje.
La corrupción nos afecta a todos. Es por eso que el ciudadano es tan importante como el gobierno en su lucha y erradicación. Se trata de nuestro país y el ambiente y las reglas bajo las cuales vivimos todos. La propia ASF en su último informe de revisión de la cuenta pública considera necesario crear una Ley General de Participación Ciudadana para monitorear el funcionamiento y logro de objetivos de los programas públicos. En el combate a la corrupción la estrategia no puede estar basada en una sola herramienta. El problema es multidisciplinario y complejo y como tal debe abordarse.
