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Por Daniela Díaz Echeverría
Ya aprobado el proyecto de presupuesto público para el 2016, el panorama en salud se presenta sumamente complicado, debido a que los recursos orientados a la Secretaría de Salud y al Seguro Popular sufrieron un recorte importante si se compara con el año 2015.
Para el primer caso es una disminución de 5.12% y para el segundo es de 2.21%. Son diversas las aristas para entender la complejidad del asunto, por un lado la inversión en salud seguirá estando baja con respecto al promedio de los países que integran la OCDE. Por el otro, es evidente que habrá un estancamiento en ampliar el catálogo de intervenciones en salud que cubre el Seguro Popular. Ya de por sí son sumamente pocas al compararse con el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, de la Organización Mundial de la Salud (OMS): el Seguro Popular cubre 2.4% de los 14,176 identificados por la OMS. De igual manera, y sin temor a equivocarse, la afiliación o se interrumpirá o se gestionará en su mínima expresión, quizás lo suficiente para mantener la actual. Valga considerar que en el presupuesto 2016 se eliminó la meta de afiliación, e igualmente el indicador de incorporación del decil poblacional de menor ingreso.
Según el documento de Estudios Económicos de la OCDE, publicado en enero pasado, en México el gasto público en salud equivale a 6.2% del PIB, considerablemente menor que la media de la OCDE de 9.3%. Estas cifras se traducen en sostener la inequidad en el acceso a la salud, valga la ironía de que la OCDE que ha promovido y promueve, la reforma en el sector salud con su caballo de Troya que es el Seguro Popular— ahora reconoce que la simple cobertura es insuficiente para otorgar salud a la población.
En consecuencia, si se el contexto es de insuficiencias, estas se profundizarán con la carencia de recursos financieros. A la par de la necesidad de solucionar los problemas en la gestión de los servicios, es fundamental tener una asignación progresiva del presupuesto como condición esencial para la mejora de la atención en salud a la población. Por ejemplo, para corregir la escases de medicamentos, en el mismo documento la OCDE resalta: el porcentaje de recetas que no pueden ser surtidas por las farmacias debido a falta de existencias es de 33% en el Seguro Popular, en comparación con 3.6% del IMSS.
Es de conocimiento generalizado, la igualmente falta de recursos humanos en salud. Los servicios de salud se cubren con estudiantes residentes o pasantes (en servicio social), conllevando una serie de situaciones de violaciones estructurales de derechos, como las dadas a conocer de maltrato laboral, y de violencia a las mujeres que acuden a los servicios.
Otra arista de este contexto de retroceso, son las consecuencias en el desarrollo real de los programas en salud sexual y reproductiva, violencia e igualdad de género en salud.
Si hasta el presupuesto 2015 era un problema que en un mismo monto se etiquetaran recursos para distribuirse en seis de estos programas, las dificultades aumentarán ahora que se le sumó el programa de Salud materna y perinatal, es decir, se pretende cumplir con mínimos bajo un esquema presupuestario de agrupar recursos financieros y política pública. En esa lógica de mínimos ¿cuáles son los criterios de destinar presupuesto? qué merece más ¿la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva en adolescentes, la salud materna, el cáncer de mama o atender la violencia hacia las niñas y mujeres? La respuesta es simple, es una obligación gubernamental cumplir con el contenido con cada uno de los programas. Es su compromiso establecido en la planeación 2013-2018 enmarcada en el Programa Sectorial de Salud de dicho periodo.
De la misma manera que es una obligación constitucional garantizar el derecho a la salud, y los derechos sexuales y reproductivos, para lo cual, es imprescindible la existencia de servicios en tales materias.
Pareciera que su omisión careciera de consecuencia alguna, no sólo de alguna reacción amplia y contundente por el poder legislativo, sino también en la salud de las mujeres.
Sin embargo, es obvio que sí hay consecuencias, para dar un ejemplo, con el monitoreo que Fundar ha realizado, se ha constatado que con ese presupuesto etiquetado se cubren salarios para la contratación eventual de parteras profesionales, gineco obstetras y enfermeras obstetras, para el traslado y alimentación de las mujeres para la atención de parto, para la capacitación del personal de salud en emergencias obstétricas o la contratación de intérpretes en lenguas. Ese conjunto de acciones significan generación de condiciones institucionales de una mejora en la atención en salud materna; son pequeños pasos encaminados a implementar una política con derechos humanos. La cancelación o disminución de esos recursos, impactarán en las mujeres ¿quién responde? La rendición de cuentas del gobierno federal, no se constriñe a publicar reportes, sino a asumir la responsabilidad de las desatenciones y daños perpetrados en la población que tiene la obligación de proteger.
Si se compara el dictamen (propuesta de presupuesto 2016) que aprobó el pleno de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, con la propuesta original de Hacienda, las y los legisladores aumentaron un 5.62 por ciento. Pero si el monto del dictamen se compara con el presupuesto aprobado el 2015 para salud sexual y reproductiva (a excepto del gasto para VIH), la diferencia es de apenas un 0.83 por ciento más. Es urgente que la Secretaría de Salud explique públicamente la distribución de estos recursos por cada uno de los programas de política pública. Y también que exponga cómo se desarrollarán, si en la realidad se cubren con este gasto etiquetado, y los recursos del Seguro Popular, el presupuesto 2016 terminó siendo un vacío de recursos, casi una herramienta para ahondar desigualdades, inequidades y erigiéndose como un obstáculo para el cumplimiento de derechos, cuando debiera ser lo contrario. Aquí estamos exigiendo la respuesta.
