Por José Knippen, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas.
Esta semana la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) presentó su informe “Migrantes invisibles, violencia tangible”. Este no es cualquier informe, es una fotografía muy completa de la migración en tránsito por México durante el año 2014, un año de cambios. Cambios en la política migratoria, en los flujos migratorios y en los patrones de la violencia que viven las personas migrantes en su cruce por nuestro país.
Los datos y hallazgos expuestos son el resultado de un registro individual de más de 31 mil migrantes hecho por las 15 organizaciones que constituyen la REDODEM: casas, albergues, comedores y organizaciones defensoras de migrantes a lo largo y ancho del país. Imagínense la labor que implica atender, acompañar, defender los derechos y además registrar la información de más de 31 mil personas. Pero no sólo hay datos duros y cifras, también cuenta con análisis de fondo como las observaciones sobre la situación de Honduras.
Un primer hallazgo del informe es la disminución abrupta del número de migrantes atendidos por las casas a mediados de 2014. En el primer semestre todavía pasaban 21 mil personas por los lugares de las organizaciones participantes, ubicadas en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, D.F., Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León. El segundo semestre fue apenas la mitad, pero todavía fueron registrados más de 10 mil migrantes. La disminución coincide con la intensificación de operaciones de control migratorio por parte del gobierno mexicano (en el marco del Programa Frontera Sur). A su vez, una respuesta a la presión ejercida por Estados Unidos después de la llamada “crisis humanitaria” por la llegada de miles migrantes menores de edad a su frontera. El cambio drástico en el flujo de migrantes que transitan por México, no deja duda de que dicho programa ha alejado los migrantes de la red de apoyo y protección que representan las casas y organizaciones defensoras.
Otro hallazgo importante del informe es la participación de autoridades en uno de cada cinco delitos contra migrantes. De acuerdo con la información recabada por la REDODEM, el crimen organizado fue el principal actor en la comisión de delitos contra migrantes (54.27%), seguido por particulares (25.56%) y por autoridades de gobierno con el 20.16%. Los primeros dos actores principalmente cometen robos, el último tanto robo como extorsión. Sin embargo, casi siempre se cometen múltiples violaciones dentro de lo que podría parecer un solo hecho: un migrante puede ser amenazado o golpeado al ser robado, o un migrante que es secuestrado puede ser forzado a trabajar (trata), por mencionar unos ejemplos. Entre los casos con autoridades como responsables, destaca la participación de la Policía Federal con 41%.
A partir de todos estos datos, me surgieron muchas preguntas, pero sobre todo una. ¿Qué pasa con los casos de participación de autoridades? ¿Aumentan? ¿cambian los patrones? ¿y luego? La respuesta parece ser que sí aumentaron de 2013 a 2014, si vemos que el anterior informe de la REDODEM señalaba en 18 por ciento de los casos a autoridades como responsables. La documentación en este sentido representa desafíos. Por un lado, este año se documentaron más casos que el año pasado porque la red de organizaciones creció. Por otro lado, no existe ninguna cifra oficial sobre delitos contra migrantes y sus respectivos agresores. Tomando los datos de la REDODEM como los datos más confiables que actualmente existen sobre el tema, y sumando a eso los obstáculos para denunciar, las autoridades fácilmente podrían deshacerse de cualquier responsabilidad. Y esto nos lleva nuevamente al Programa Frontera Sur. Sería importante que en lugar de intentar controlar algo que está claramente fuera de nuestro control, pasando por el arco del triunfo nuestras obligaciones internacionales de derechos humanos, el gobierno se pusiera otras metas: disminuir los delitos contra migrantes y sancionar los responsables, actores privados y sobre todo funcionarios públicos.
