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Por Marcos Méndez Lara
A cien días de que comenzó su gestión el gobierno de Héctor Astudillo Flores y a más de cuatro meses de que se inició una nueva administración en el ayuntamiento de Ayutla de los Libres, estos dos órdenes de gobierno no atendieron las solicitudes de información que presentaron los ciudadanos, ni tampoco cumplen todavía con sus obligaciones de transparencia establecidas en la legislación local.
Lo anterior se desprende de un proyecto de promoción del derecho de acceso a la información que se ejecuta con habitantes indígenas de colonias populares de la cabecera municipal de Ayutla, una de cuyas actividades fue la presentación de más de 50 solicitudes de información ante diversas dependencias del gobierno federal, estatal y en el ayuntamiento de Ayutla –encabezada por la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana–, la mayoría de las cuales no recibieron respuesta.
Las actividades del proyecto se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, con el financiamiento del Programa de Sensibilización de Derechos (Prosede) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El proyecto
Se realizaron ocho talleres de promoción del derecho de acceso a la información en otras tantas colonias de la cabecera municipal de Ayutla, así como la gestión de solicitudes de información y visitas de seguimiento. Participaron en los talleres un total de 213 personas de ocho colonias, la mayor parte fueron mujeres, con 178 asistentes, que representan 76.7 por ciento del total. La colonia donde se registró mayor asistencia fue la Luis Donaldo Colosio, con 38 personas; y la que menos tuvo fue la colonia Justicia Agraria, con 17 participantes.
En total, se presentaron 51 solicitudes de información, de las cuales 14 fueron al Ayuntamiento de Ayutla, 23 al gobierno del estado (Sedesol, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa) y 14 al gobierno federal (Sedesol, Comisión Nacional del Agua, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Semarnat).
En el caso de las solicitudes al Ayuntamiento, se realizaron los oficios correspondientes y se presentaron personalmente en las oficinas del Ayuntamiento, unas firmadas por el facilitador de Comunica AC, otras por los propios vecinos. Cabe mencionar que un Ayuntamiento como Ayutla debe tener un mecanismo electrónico para la presentación de solicitudes de información, pero evidentemente no cuenta con él.
En el caso de las peticiones al gobierno del estado y el federal, el coordinador regional del proyecto creó una cuenta en los sistemas Info Mex y otra en Info Guerrero. Las cuentas se abrieron a nombre de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa, y se anotó a su presidenta como responsable.
No responden
Ninguna de las 14 solicitudes de información presentadas ante el ayuntamiento de Ayutla fueron respondidas en los plazos que marca la ley. Una vez transcurrido el plazo legal, como corresponde cuando no hay respuesta a una solicitud, se presentaron los respectivos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (ITAIG) los días 8 y 19 de enero de 2016. Actualmente están en proceso de estudio y resolución.
Cabe mencionar que esta falta de respuesta a las solicitudes de información y también de transparencia –a la fecha, el ayuntamiento no cuenta con portal electrónico u otro mecanismos que le permita cumplir con su información de oficio– contrasta con el despliegue de publicidad, en redes sociales y periódicos, de las actividades que realiza la presidenta municipal como promoción personal.
Entre la información que se solicitó al ayuntamiento destacan los expedientes técnicos de diversas obras, así como información específica de obras que afectan a la ciudadanía por falta de mantenimiento o por haber sido mal realizadas. También se requirió la propuesta de inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 del ejercicio 2015, y la descripción y reglas de operación de los programas de apoyo a la población en situación de pobreza.
Destaca también el oficio donde se solicitó la inversión municipal canalizada al programa de fertilizante, los resultados de los análisis realizados al producto y las empresas proveedoras de fertilizante contratadas por el Ayuntamiento de Ayutla. Esta pregunta surgió porque los productores perciben que el insumo ya no “les rinde” como en años anteriores.
Toda esta información es competencia del gobierno municipal de Ayutla de los Libres y, sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
Una actitud similar encontramos entre algunas secretarías del Ejecutivo que encabeza Héctor Astudillo Flores. Lleva ya 100 días de gobierno y las unidades de transparencia de estas dependencias no responden las solicitudes de información que se les presentan.
Como resultado de este ejercicio de promoción del derecho de acceso a la información en el municipio de Ayutla, auspiciado por el Prosede del INAI, se presentaron 23 solicitudes de información por medio de la plataforma Info Guerrero, de las cuales 13 fueron para la Secretaría de Salud, tres para la Secretaría de Desarrollo Social, igual número para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y dos para el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa.
Predominaron las solicitudes para conocer acerca de los servicios de salud, pues hay una tensión muy grande entre la “pésima” atención que reciben y lo que los vecinos consideran que debe ser una “adecuada” atención, por lo que pidieron conocer, del hospital general de Ayutla, horarios de médicos, cuadro básico de medicamentos, cantidad de especialistas, enfermeras, servicio de ambulancias, enfermedades que atiende, costo de los servicios para afiliados y no afiliados al Seguro Popular, etc.).
Todas las solicitudes de la Secretaría de Salud no fueron respondidas por la dependencia, por lo que se presentaron los correspondientes recursos de revisión ante el ITAIG el 19 de enero de 2016, y actualmente están en proceso de resolución.
Asimismo, tres solicitudes se le hicieron a la Capaseg, y tampoco respondió nada. En este caso se requirió principalmente información sobre proyectos de agua potable y drenaje construidos en el municipio de Ayutla. La solicitud presentada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (antes Seder), tampoco fue respondida.
Es decir, de las dependencias del gobierno del estado, soló respondió la Sedesol (3 solicitudes), el IGIFE (2), Seduop (1) y Secretaría de Seguridad y Protección Civil (1). Esto significa que el Ejecutivo del estado fue omiso en responder en 17 (73.9 por ciento) de las 23 solicitudes que se le presentaron en este proyecto. Una cantidad que no lo deja bien parado.
Respecto de las solicitudes del orden federal, se presentaron un total de 14 peticiones ante diversas dependencias federales, entre las que destacan la Secretaría de Desarrollo Social (7 solicitudes), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (3), la Comisión Nacional del Agua (2), y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1) y la de Economía (1).
Los habitantes de las colonias de Ayutla solicitaron particularmente información sobre requisitos y reglas de operación de los programas sociales del gobierno federal, así como datos sobre diversas obras que se construyen en el municipio.
Dos dependencias solicitaron prórroga para responder, tres dijeron que lo solicitado no es de su competencia y dos declararon la inexistencia de la información. No se presentó ningún recurso de revisión pues todas las solicitudes fueron respondidas en tiempo y forma.
Las lecciones
El proyecto que ejecutamos en Ayutla evidenció las dificultades técnicas, de disposición política, de impunidad, etcétera, que obstaculizan el ejercicio del derecho a la información entre los guerrerenses. Una de ellas es el escaso acceso de la gran mayoría de los habitantes de las colonias populares –y de las comunidades rurales del estado– a una computadora que les permita presentar solicitudes de información por la vía electrónica e incluso, ver la información de oficio que publican las dependencias.
Los índices de analfabetismo y analfabetismo digital y la barrera del idioma también son dificultades adicionales para el acceso a la información, sin contar que el planteamiento de preguntas pertinentes y conocer la lógica del funcionamiento de las dependencias tienen de por sí su grado de dificultad.
En estas circunstancias, es necesaria la mediación de las organizaciones sociales y civiles para apoyar los procesos de promoción del derecho de acceso a la información, mediante un acompañamiento que incluya una intervención pedagógica dirigida a que estos sectores se “apropien” de las herramientas suficientes para el ejercicio de este derecho. Por eso la difusión que hacen el órgano garante y el gobierno del estado para que la gente solicite información no tiene ninguna eficacia en este sector de la población, ya que no va acompañada de este proceso pedagógico.
Pero las mayores dificultades se ubican en los procedimientos y prácticas institucionales para solicitar información. Como se observa en el proyecto ejecutado en Ayutla, 31 de 51 solicitudes de información, que representan un altísimo 60 por ciento, no fueron respondidas en el tiempo que establece la ley, y no es casual que sean todas ellas del ámbito municipal y estatal, donde persisten con mucha frecuencia estas prácticas de opacidad.
Desde luego, se presentaron 31 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, órgano que estará a prueba en sus procedimientos tanto en el análisis de los casos como en el cumplimiento de sus resoluciones y aplicación de las sanciones correspondientes.
Si no hay respuestas expeditas, si no hay resoluciones firmes y especialmente, si no se hacen cumplir dichas resoluciones, la promoción del derecho a saber no enraizará y la gente lo percibirá como una simulación.
La expectativa es que las dificultades que hoy se observan tanto en el ejercicio de acceso a la información como en la publicación de información de oficio se subsanen en alguna medida con la incorporación de Guerrero al Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es una de las novedades que incluye la nueva Ley General de Transparencia, que por cierto, el Congreso del estado deberá armonizar antes del 4 de mayo.
El texto completo lo pueden leer en este link: http://suracapulco.mx/9/el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-letra-muerta-en-ayutla/
