Por Luis Manuel Encarnación Cruz
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos y las bebidas azucaradas ha sido, y considero que es, la principal política en el combate a la obesidad que ha aprobado e implementado el Gobierno de la República en México para enfrentar la grave epidemia en salud ocasionada por esta enfermedad. En el primer año de implementación (2014) disminuyó el consumo en 6%, y aumentó el consumo de agua potable en 4%.
La bebidas azucaradas son una verdadera amenaza para la salud pública a nivel mundial, al ser bebidas industrializadas que contienen grandes cantidades de azúcares y de calorías (vacías y tóxicas), y que a la vez tienen un impacto directo en la salud. Estas bebidas inciden en la obesidad, pero también en el síndrome metabólico (diabetes y enfermedades cardiovasculares). Al ser uno de los mayores consumidores a nivel mundial, nuestro país es uno de los más afectados por el consumo de estas bebidas, las cuales ocasionan más de 24 mil muertes directas al año.
En este contexto, dadas las graves implicaciones del consumo de las bebidas azucaradas en México, es necesario implementar políticas y fortalecer aquellas que busquen desincentivar su consumo; tal es el caso del IEPS.
Lamentablemente, dada la injerencia de la industria refresquera en los círculos de poder más altos (hablando de Secretarios de Estado y de dirigencias partidistas y de grupos parlamentarios), la Cámara de Diputados aprobó durante las discusiones del Paquete Fiscal para 2016, pese a la oposición de diversos diputados, el debilitamiento del impuesto. Su argumento simplista fue que aquellas bebidas con menores cantidades de azúcares deben pagar más; es decir, que aquellas con hasta 5gr de azúcar por cada 100ml pagaran .50 pesos, en lugar del $1 peso por litro. Sin embargo, esta medida sobrepasa o está en el tope del máximo tolerable al día de consumo de azúcar por la Organización Mundial de la Salud.
Afortunadamente, y en un acto total de congruencia y compromiso por la salud de los mexicanos, y no de favoritismo hacia las empresas, el Senado revirtió la decisión de su colegisladora, garantizando la permanencia del impuesto tal y como se aprobó en 2013: çtodas las bebidas azucaradas deben pagar $1 peso por litro.
La posible gradualidad del impuesto se puede observar desde una perspectiva de derechos humanos, ya que el debilitamiento del mismo hubiera sido una medida regresiva, al atentar directamente contra el precepto de progresividad del derecho a la salud, establecido dentro de nuestra Constitución.
Debilitar el impuesto hubiera sido un muy grave error, ya que lo que no dijeron las refresqueras, sus grupos de apoyo y cabilderos (pero que nosotros sí dijimos), es que la mayoría de las bebidas que pudieran haber quedado bajo un esquema de impuesto debilitado son productos consumidos y comercializados a niños, lo que hubiera incidido en un mayor consumo y un agravio a su salud.
Con el rechazo al debilitamiento del impuesto ponemos un precedente importante, ya que las organizaciones sociales, academia e instituciones de salud, tanto nacionales como internacionales, rechazaremos cualquier intento de disminuir el impuesto a menos de $1 peso. Por su parte, el Congreso envía una señal de que no se pueden debilitar aquellas políticas que generan un impacto positivo en la salud. Lo que queda claro es que este impuesto se ha convertido en un modelo a seguir por diversos países, por lo que se debe fortalecer en los próximos años.
Luis Manuel Encarnación Cruz (@luismencruz)
Director de Fundación Mídete (@fundacionmidete) y Coordinador de la coalición ContraPESO (@contrapesomx)
