En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional
, cancelando el reparto agrario y legalizando la compra-venta de la propiedad social, dando inicio a un nuevo mercado de tierras. Como parte de la reforma, se aprobaron tres leyes reglamentarias : Ley Agraria , Ley de Aguas Nacionales y Ley Minera .
Poca atención se puso a la Ley Minera , siendo que traería serias repercusiones en los territorios de pueblos y comunidades campesinas e indígenas. Entre ellos el artículo 6 decretó a la actividad minera como de utilidad pública, dándole preferencia sobre cualquier actividad. El artículo 10 estableció que esta actividad sólo se podía realizar mediante una concesión (sin establecer un límite de superficie), la cual podría otorgarse por 100 años ( artículo 15 ), permitiendo disponer de los terrenos ( artículo 19 ). Aunado a esto, los impuestos que se establecieron eran (siguen siendo) casi nulos. La Ley Federal de Derechos sólo establecía un pago semestral por hectárea concesionada, que iba de $6.77 hasta $148 a partir del décimo año. Asimismo, las inversiones en exploraciones mineras eran deducibles de impuestos.
Como resultado de esto y de la demanda internacional, la minería tuvo un comportamiento insólito. En 1994 la inversión privada minero metalúrgica era de 373 millones de dólares, y para 2012, había ascendido a 8,043 millones de dólares. En estos mismo años, el número de concesión aumentó de 16,773 a 26,071; y la superficie concesionada creció de 15,466 a 30,782 millones de hectáreas, respectivamente.
Como parte de esto, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante las concesiones de los territorios de los pueblos y comunidades, por cuatro sexenios seguidos. Sin embargo, en este sexenio hubo un cambio de gran trascendencia: la entrega de una concesión minera en el mar.
Sin precedente alguno, fueron concesionadas 91 mil hectáreas del mar de la Bahía de Ulloa en Baja California Sur, un espacio de gran importancia pesquera, ya concesionado a cooperativistas pesqueros, y considerado como una Región Marina Prioritaria por el gobierno federal .
El proyecto minero, denominado “ Don Diego ” (en honor al primo de Hernán Cortés), fue otorgado a Exploraciones Oceánicas, filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration , para extraer 350 millones de toneladas de fosfatos durante 50 años, mediante un dragado de succión (aspirado de los fondos marinos).
Esta concesión se otorgó sin haber consultado a los cooperativistas pesqueros, quienes en el Manifiesto del Golfo de Ulloa , expresan que no hay precedente de ese tipo de minería en el mundo, por lo que no se sabe cuáles serán las repercusiones. Pese a esto, el gobierno entregó la concesión minera en el mar, y en el Taller de divulgación de las oportunidades para México en la minería de los fondos marinos internacionales y en exploración del océano profundo , argumentó que “para el año 2050 el consumo global de recursos naturales se triplicará…, incluyendo los recursos minerales…, [y] dadas las limitaciones naturales de la minería en tierra firme, el mundo, sin duda, está volteando la mirada a los océanos, ya que en buena parte estos minerales se encuentran en los fondos marinos y en el subsuelo de aguas internacionales” (SE, 2013).
Aunado a esto, de gran preocupación son las 122 millones de hectáreas que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, siglas en inglés) ha entregado mediante contrato en la zona de Clarión-Clipperton, cuya costa más cercana es México, a fin de explorar los fondos marinos, en busca de la riqueza minera.
Ante esto, el gobierno mexicano tiene un gran reto, que no sólo radica en voltear a ver las decenas de conflictos socioambientales provocados por la minería terrestre, sino que ahora se enfrentará a lo que parece será la nueva era minera.
