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Bruselas aumentó su presión sobre Google al acusar formalmente al gigante estadounidense de estar aprovechando su posición dominante de sus servicios de búsqueda y del popular sistema operativo para móviles y tabletas Android a fin de impedir el desarrollo de sus competidores.
"Hemos hallado que Google persigue una estrategia global sobre dispositivos móviles para proteger y expandir su posición dominante en las búsquedas de Internet", afirmó en una rueda de prensa la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
La noticia ha llegado tras un año de investigaciones de la Comisión Europea (CE) y coincidiendo con el primer aniversario de la apertura de otro caso contra Google por prácticas supuestamente monopolísticas en relación con los resultados de su buscador.
Según los primeros indicios, Google impone "restricciones injustificadas y condiciones a los fabricantes de los móviles que usan Android y en los operadores de red móvil", afirmó Vestager.
Esto no es baladí, dado que en torno al 80 % de los dispositivos móviles en Europa -y el mundo entero- funcionan con Android, en palabras de Vestager.
Esta proporción aumenta en la franja de móviles y tabletas de bajo precio, de modo que la Comisión teme que Google tenga campo abierto para barrer las posibilidades de otros competidores de hacerse ver y desarrollarse.
"En Europa puedes ser grande, puedes crecer y puedes ser dominante, pero lo que no puedes hacer es usar mal o abusar de esta posición dominante para estar ahí y cerrar competencia. Y eso es lo que está en juego aquí", recalcó Vestager.
Puede llevar meses o incluso años finalizar el proceso de intercambio de pruebas, consultas y argumentos entre Google, la Comisión y otras partes interesadas, ya que la CE no tiene un límite temporal para pronunciarse, pero lo cierto es que de no lograr convencer a Bruselas, el gigante podría afrontar una multa de un valor máximo equivalente al 10 % de su cifra de negocio anual.
Tomando como referencia los datos de 2015 de la compañía matriz, Alphabet, la penalización podría llegar a sumar 7.500 millones de dólares (6.600 millones de euros al cambio de hoy).
Tres son las cuestiones que preocupan a la Comisión Europea y de las que Google se tendrá que defender.
La primera es que su buscador Google Search y su navegador Chrome están instalados de antemano en la mayoría de los dispositivos que se venden en Europa y, según la CE, los fabricantes y operadores no tienen libertad real de elección.
Esto, además, llevaría a que de facto la mayor parte de los consumidores usen por defecto estos servicios y no miren otras alternativas.
Google afirmó en una declaración que cualquiera de sus socios puede usar Android sin las aplicaciones desarrolladas por Google.
En segundo lugar, la Comisión cree que Google no ha justificado las limitaciones que impone a los fabricantes y operadores de no comerciar móviles con versiones alteradas de Android.
La compañía alega que es necesario que las versiones del sistema que se desarrollen sean lo suficientemente similares para no crear problemas de compatibilidades en las aplicaciones.
Finalmente, la CE no ve con buenos ojos que Google ofrezca solo "incentivos financieros" a aquellos fabricantes y operadores que se comprometan a instalar únicamente de manera predeterminada Google Search en sus dispositivos.
Google, por su parte, explicó que los acuerdos que mantiene con sus socios son "completamente voluntarios" y que "cualquiera puede utilizar Android sin Google".
El precedente más inmediato de este nuevo caso son las disputas que Bruselas ha mantenido en la última década con Microsoft.
La CE multó en 2013 a la compañía con 561 millones de euros por incumplir su compromiso de que pondría a disposición de los usuarios de su sistema operativo Windows una pantalla que les permitiera elegir fácilmente su navegador preferido, en lugar de ofrecer solo su Internet Explorer.
En aquella ocasión, la Comisión también temía que la asociación automática de Internet Explorer con Windows privara de la capacidad de elegir a los cien millones de consumidores que usaban entonces este sistema operativo en Europa, de modo que esto impidiera el desarrollo de productos innovadores competidores.
Bruselas también multó a Microsoft con 497 millones de euros en 2004 y le impuso medidas correctivas por haber aprovechado su posición dominante para "restringir deliberadamente" la interoperabilidad entre los PC Windows y sus competidores, así como por haber vinculando su reproductor Windows Media Player a Windows, mermando la competencia.