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Cuando los candidatos hablan de la corrupción, se refieren a lo que roban los políticos, tanto por desviar recursos como por recibir regalos por autorizar o impulsar obras, elegir empresas constructoras o proveedoras de servicios, inflar precios.
Pero quizá lo que habría que buscar es más atrás: es decir, cómo se decide cuál obra emprender. ¿Quién decide que esta carretera, ese tren, aquel aeropuerto o edificio son lo que se necesita?
Esto no solamente vale para lo grande y visible, sino para todo. Millones de pesos se fugan por decisiones que se toman sobre equipamiento urbano, transporte, medicinas, publicidad y otros asuntos más “pequeños”. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo decidió pagar a través del Consejo de Promoción Turística 47 y medio millones de dólares por un espectáculo de 20 minutos para promocionar al país, que le encargó al grupo canadiense Cirque du Soleil. Esto es un escándalo no sólo porque estableció una deuda de aquí hasta el 2020, sabiendo que ya sería otro gobierno el que la tendrá que pagar, sino porque no veo necesidad de buscar una empresa extranjera habiendo tantos talentosos creadores mexicanos que podrían hacerlo muy bien y a los que se les escatiman siempre los recursos.
Una de las formas de justificar este tipo de decisiones consiste en crear consejos y comités dizque para favorecer el arte o el turismo o la cultura o el deporte y que a la hora de la hora quién sabe donde están los recursos que reciben.
Veáse el caso de Proméxico destinado a ofrecer los productos nacionales en el mercado mundial: lo suyo es un escándalo tras otro de gastos superfluos, lujos y aviadores. Y ninguna evaluación de que eso que hacen haya servido para algo. O el caso del deporte, con atletas solitarios que dan lustre al nombre de México y montones de jefes y aviadores que se pasean por el mundo y nada tienen que ver con el deporte. O el del turismo: tianguis turísticos que cuestan demasiado dinero (véase cómo recibió el gobernador de Sinaloa a sus invitados hace algunas semanas), pero que no logran combatir la imagen violenta del país, pues eso es imposible. O el caso de la cultura: la idea de que lo único que el ciudadano quiere es espectáculo, que ha hecho que las ferias (aunque sean de libros) busquen estrellas para el show. Hace unas semanas en Michoacán, el secretario de Desarrollo Económico presumió orgulloso que el gobierno del estado le había pagado 13 y medio millones de pesos al cantante Maluma, para que se presentara un día. Él dijo que eso dejaría fuerte derrama económica. Yo no se si eso fue cierto o no, pero sí se que los gobiernos no están para funcionar como empresas sino como impulsores de la cultura precisamente en aquellos espacios en que los privados no quieren entrarle. El gobernador Aureoles no le da un centavo (esto no es una expresión, sino una realidad absoluta) a ninguna de las instituciones culturales que se la están jugando día con día para que los jóvenes encuentren mejores quehaceres que irse a la delincuencia, pero gasta eso en un cantante. Y eso que tanto él como los demás que hacen esos gastos (el de Morelos, el de Hidalgo, los de la CDMX) dicen en sus discursos que para acabar con la violencia hay que darle a los jóvenes educación, cultura, deporte.
Por eso estoy convencida de que las decisiones de cómo y en qué gastar el dinero en nuestro país son lo primero que se debería revisar si queremos acabar con la corrupción. No nada mas exigir transparencia en las cuentas cuando ya se hicieron las acciones, sino empezar desde antes, desde decidir si aquí es necesario un puente o no, si hay que comprar más carros para el Metro, si conviene gastar en publicidad, en esta competencia deportiva o aquélla exposición internacional. Eso permitiría darle oportunidad a muchos de tener recursos para cumplir con su quehacer y también combatir de raíz la corrupción.
Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.c om
