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En mayo de 2007 el ex procurador Eduardo Medina Mora confesó ante un grupo de diputados: “existen zonas de la República donde el gobierno ha perdido control y están bajo el dominio del narcotráfico.”
¿A qué zonas se refería el funcionario? Probablemente a la mayoría de las ciudades tamaulipecas: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Camargo, Nuevo Guerrero, Miguel Alemán, por mencionar sólo algunas.
No fue como si Medina anunciara el extravío de una cartera o de un par de gafas. Desde los tiempos de la Revolución que no se escuchaba una frase así de impactante.
Para explicar la tragedia el ex procurador añadió: “las organizaciones criminales realizan una toma de control de cuerpos policiacos, a quienes corrompen y con ello nos arrebatan a nuestros policías.”
Sorprende que entonces la explicación haya dejado meticulosamente fuera a los funcionarios electos, como por ejemplo el hombre que entonces gobernaba Tamaulipas: Eugenio Hernández Flores.
Para ese momento era un secreto a voces en esa entidad que él era cómplice del Cartel del Golfo y su brazo armado, los Zetas.
Llama también la atención que la Presidencia de Felipe Calderón no se haya atrevido a investigar a los principales responsables de la pérdida del territorio. No se entiende por qué se supuso que se trataba de un problema relacionado sólo con las policías.
La negligencia del gobierno calderonista es corresponsable de la temible ola de violencia que azotó Tamaulipas durante los años posteriores. La protección otorgada por el gobernador, sobre todo, a los Zetas, hizo que ese grupo formado por ex militares entrenados en los Estados Unidos se convirtiera, para México, en la principal amenaza a la seguridad nacional.
Las masacres que impusieron sobre incontables poblaciones sólo se explican hoy por la incapacidad para enfrentar a tiempo a quienes, desde la cabeza, aseguraron total impunidad para ese grupo extenso de asesinos.
Creyó con ingenuidad el gobierno federal que bastaba con enviar militares para patrullar la frontera, en vez de proceder con todo el imperio de la ley en contra del principal socio del narcotráfico en Tamaulipas.
Si entonces se hubiera rasgado el manto que protegía a los Zetas, probablemente matanzas masivas como las de San Fernando, Cadereyta o la Ribereña habrían podido evitarse.
No hay explicación que ayude a entender por qué se evitó cortar la cabeza del problema.
En 2009 cayó preso Miguel Ángel Soto Parra, uno de los Zetas fundadores, reclutado por Osiel Cárdenas Guillén hacia finales de la década previa. De inmediato el sujeto se acogió al sistema de testigos protegidos y no tardó en señalar al entonces gobernador Hernández Flores como parte principal de la red criminal que operaba con gran violencia en el Golfo de México.
Sin embargo, a la PGR le tomó tres años proceder. No fue hasta el año 2012 que emitió una orden de localización —que no de aprehensión— en contra del ex gobernador tamaulipeco por haber formado parte, presuntamente, de una red dedicada a lavar dinero.
¿Por qué los procuradores Medina Mora, Arturo Chávez y Maricela Morales no procedieron con mayor firmeza en contra de Eugenio Hernández Flores?
El gobierno de Felipe Calderón nos debe todavía sus razones.
Fue finalmente en 2014, cuando la fiscal Julie K. Hampton presentó ante la Corte Federal de Texas una acusación formal en contra de este político priísta —por haber recibido sobornos cuantiosísimos de los Zetas— que el gobierno mexicano finalmente se tomó el asunto en serio.
ZOOM:
Hoy está detenido Eugenio Hernández Flores, no porque el gobierno federal mexicano tenga algún mérito, sino porque la investigación realizada en Estados Unidos obligó a reconocer lo que era obvio desde el primer día en que ese señor comenzó a gobernar Tamaulipas.
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