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Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que desconfiaba de la sociedad civil, prácticamente todas las organizaciones se pusieron el saco. Sin embargo, empieza a quedar claro que, como en todo, aquí también hay distingos.
Tres integrantes del equipo del virtual presidente electo se reunieron ayer con la red de organizaciones agrupadas en el colectivo autodenominado Por una Fiscalía que Sirva. El resultado fue, según las dos partes, bastante positivo en términos de confianza y compromiso para trabajar juntos.
Los representantes del equipo de transición fueron Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, así como la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se incorporó hacia el final del evento.
Antes de que se celebrara este encuentro tenían fracturas los puentes entre esta red de organizaciones y el futuro grupo gobernante. Durante la campaña hubo temas en disputa, como el cuestionamiento por parte de los líderes de Morena sobre la pretensión de la sociedad civil de querer arrogarse la facultad de nombrar al futuro fiscal.
En revancha, los voceros de una Fiscalía que Sirva se habían expresado en contra de un pacto eventual entre la administración saliente de Peña Nieto y López Obrador para dar un albazo, reformando la ley orgánica y nombrando un fiscal a modo, de ambas partes, antes de septiembre de este año.
La reunión de ayer sirvió para conjurar ambos fantasmas: ni las organizaciones quieren nombrar al fiscal, ni AMLO celebró un acuerdo con los priístas para resolver a la mala la futura Fiscalía General de la República.
La conversación fluyó porque los asistentes al encuentro adoptaron tres puntos de entendimiento básico: primero, que el proceso de designación de la persona que ocupará la cabeza de la fiscalía no puede ser la única ni la principal preocupación; segundo, que es muy importante el modelo de procuración de justicia surgido de la futura ley orgánica y; tercero, que ese modelo debe nacer de un consenso lo más amplio posible, donde estén incluidos, no solo los actores del gobierno entrante y las organizaciones que participaron en la reunión, sino un número más extenso de interlocutores, tanto de la oposición como de otras geografías de la sociedad civil.
En el pasado, el proceso de designación del fiscal enfrentó al gobierno con esta red de organizaciones. Fue larga y difícil la batalla en contra de que el presidente Peña Nieto dejara a un amigo suyo al frente de la nueva institución. No era aceptable que la autoridad saliente quisiera cuidarse las espaldas imponiendo un cómplice al frente de la fiscalía naciente. Esta tensión se resolvió con la renuncia de Raúl Cervantes y el nombramiento de un procurador interino, de cuyo nombre no vale la pena siquiera acordarse.
Por una Fiscalía que Sirva propone que el Senado, cuya mayoría es de Morena, nombre una comisión de designaciones responsable de explorar perfiles para proponer al próximo presidente de México una terna de la cual surja la propuesta del Ejecutivo para la cabeza de la fiscalía.
Se trata de una iniciativa que busca involucrar a los actores relevantes —Legislativo, sociedad civil y Ejecutivo— lo cual, en ningún modo podría ser interpretado como el arrebato de una potestad que corresponde a los poderes formalmente constituidos.
Otro asunto mencionado fue la relevancia de constituir un servicio profesional de carrera, dentro de la futura fiscalía, para que todos los demás nombramientos —que podían ser incluso más importantes que el del su cabeza— se celebren a partir de criterios no partidarios, ni esencialmente políticos, sino respetando capacidades técnicas y garantías éticas. El propósito sería desterrar tanto el amiguismo como la politización de la justicia y, desde luego, erradicar la corrupción.
La discusión sobre el modelo de justicia penal inscrito en la ley orgánica concitó también acuerdo. No se trata sólo de diseñar el cascarón formal de la futura fiscalía sino la materia jurídica que orientarían la actuación de los funcionarios que vayan a integrarla.
ZOOM: hay distintas clases de sociedad civil; ayer el futuro gobierno dejó en claro que con Una Fiscalía que Sirva va a trabajar de manera estrecha. En cambio, otros actores tradicionales de la fotografía política, como por ejemplo Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, estuvieron ausentes. ¿Será que el deseo de consenso es tanto que también a ellos se les invitará a participar?
