Más Información
Los Ángeles, California
Dos semanas han bastado para que la palabra “demanda” sea la marca inicial de la presidencia de Donald Trump. Con 55 litigios en su contra, la suspensión temporal de una orden ejecutiva, y una derrota en una corte de apelaciones, Trump pasará sus primeros meses de gobierno con un pie en las cortes federales.
La batalla legal contra Trump tuvo su primer capítulo la noche del sábado 28 de enero, cuando el nombre de Ann Donnelly inundó las redes sociales: con una orden de suspensión lanzada desde su corte en Brooklyn, Donnelly, con apenas un año de ejercicio en el circuito judicial federal, se convertía en la primera juez en bloquear una orden ejecutiva del presidente.
La medida firmada por Trump un día antes, el viernes 27, fue anunciada como una cancelación temporal de las autorizaciones de ingreso a Estados Unidos para los ciudadanos originarios de siete países: Libia, Siria, Irak, Irán, Sudán, Yemen y Somalia, con fines de seguridad vinculados con el terrorismo. Aunque la orden tiene como criterio la nacionalidad de los individuos, es conocida como muslim ban, término acuñado por el propio Trump durante su campaña a la presidencia, por ser predominante la religión musulmana en los siete países. No había pasado ni una hora desde la primera suspensión a esta medida, cuando se supo que en otra corte federal, esta vez en Alexandria, Virginia, la juez Leonie Brinkema había emitido una suspensión similar.
La orden ejecutiva generó una fuerte reacción entre los ciudadanos que en pocas horas saturaron los principales aeropuertos del país en apoyo a quienes estaban siendo detenidos a su llegada, residentes de Estados Unidos que habían salido temporalmente a su país de origen, refugiados de Siria programados para llegar ese fin de semana y personas de origen iraní programadas para un procedimiento médico.
En los días siguientes se presentaron demandas en cortes federales de 14 estados a nombre de diversos ciudadanos —incluida una presentada por Mohammed Tawfeeq, un productor iraquí de la cadena CNN que es residente permanente de Estados Unidos desde 2013, y que fue detenido el domingo en Atlanta—, para sumar un total de 40 demandas contra esta medida; pero una en el estado de Washington, presentada directamente por el procurador Robert Ferguson, fue la que logró detener por tiempo indefinido el muslim ban.
Ferguson argumentó que la demanda pretende proteger a su estado “incluidos sus residentes, empleadores e instituciones educativas, contra las acciones ilegales del presidente y el gobierno federal”, debido a que la orden “separa a las familias de Washington, lastima a sus residentes y daña a la economía”. El viernes 3 de febrero por la noche el juez federal James L. Robart dio un fallo a favor de la demanda, con lo cual se establece una orden de restricción temporal (TRO) contra el muslim ban a nivel nacional. El sábado el equipo del presidente llevó el caso a una corte de apelaciones y el domingo el recurso fue negado. Si Trump desea continuar adelante con esta medida, tendrá que interponer un nuevo recurso ante la Corte Suprema.
Lo ocurrido este fin de semana demuestra dos cosas. Una, que el contrapeso natural del poder judicial de Estados Unidos aún funciona; y dos, que el presidente no tendrá empacho, al menos al inicio de su administración, en pelear por sus iniciativas en la Corte.
Gobierno entre litigios
“Estas primeras dos semanas han sido caóticas”. Con una sola frase, Anil Kalhan, profesor asociado de la Escuela de Leyes de Drexel University, en Philadelphia, define el ambiente que predomina en el país y la vorágine en la que se han visto atrapados los abogados de derechos civiles e inmigración.
“Ha habido un flujo de órdenes ejecutivas que evidentemente no son producto de una cuidadosa revisión administrativa por parte del personal de carrera del gobierno o de quienes están a cargo en la administración Trump”, agrega. “Una prueba de ello es que la orden ejecutiva del 27 de enero resultó en un fin de semana caótico no sólo para la gente afectada, sino para los propios oficiales de gobierno que no tenían una guía de cómo implementarlo; no hubo una intervención directa ni instrucciones del secretario de Seguridad Interna, y cuando las cortes emitieron el bloqueo temporal de la orden, muchos oficiales no supieron cómo reaccionar”.
Las demandas contra una nueva presidencia no son inusuales, pero estas 55 contrastan con las de sus predecesores: en sus dos primeras semanas de gobierno, Bill Clinton y Barack Obama enfrentaron cinco, y George W. Bush, cuatro.
La falta de rigor en la redacción de las órdenes ejecutivas que está firmando el presidente es una de las razones por las cuales ha surgido esta ola de demandas. Muchas de las acciones que propone, como el recorte de fondos a las llamadas ciudades santuario —aquellas en las que las autoridades locales se han negado a detener inmigrantes sólo por su estatus migratorio irregular, facultad que compete al gobierno federal—, o la construcción del muro, requieren de aprobación por parte del Congreso. Otras, llanamente violan normas internacionales de protección de derechos humanos. En todos los casos, además de las respuestas en las calles, está surgiendo la respuesta legal.
El lunes 30 de enero Maura Healey, procuradora general del estado de Massachusetts, compartió en Twitter la frase de la tarde: “No me levanto todos los días buscando una manera de demandar a Donald Trump, pero llevamos 10 días [de su gobierno], y ya llevo tres casos”.
La procuradora se refería a tres demandas presentadas contra el presidente dentro de su circunscripción, relacionadas con el muslim ban. Además de estas acciones, la oficina de la fiscal tiene otras tres acciones legales contra Trump: una, presentada en conjunto con otros 16 procuradores estatales, para prevenir el desmantelamiento de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor; otra, relacionada con regulaciones ambientales, y la tercera, también en conjunto con procuradores de Illinois, Maine, Maryland, Nueva York y D.C., para la regulación de universidades privadas.
En el caso de la orden contra ciudades santuario, la demanda interpuesta por el procurador de San Francisco, Dennis Herrera, podría ser replicada en los próximos días en otras ciudades. El martes 31 de enero Herrera presentó la acción legal contra Trump argumentando que “la decisión del presidente no sólo es inconstitucional, sino que es anti-estadounidense (…) Esta es la razón por la que nos oponemos. Somos una nación de inmigrantes y una tierra de leyes”. De acuerdo con el procurador, Trump excedió su autoridad al firmar dicha orden.
Una de las demandas más publicitadas contra Trump ha sido la referente a la violación de la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de Estados Unidos, presentada en su primer día hábil en el poder. Los demandantes, la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW), acusan al presidente de violar la Constitución al recibir pagos por parte de gobiernos extranjeros a través de sus empresas en otros países sin aprobación del Congreso.
Trump podría haber evitado esta demanda separándose de sus negocios antes del 20 de enero, pero no lo hizo. La organización lo acusa de recibir dinero y favores por parte de gobiernos extranjeros a través de invitaciones y eventos en sus hoteles, rentas en sus propiedades y sus negocios de bienes raíces. Algunos de los países con los que hace negocios son China, India, Indonesia y Filipinas. El conflicto, consideran, es claro: no puede sentarse a la mesa con las mismas personas con las que hace negocios personales para negociar a nombre del pueblo de Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días surjan otras querellas presentadas por empresas afectadas por los ajustes en materia migratoria, como las de Silicon Valley –Google, Airbnb y Netflix, entre otras–, que cuentan con empleados originarios de algunos de los países “vetados”. Los cambios en el régimen de visas, otro de los asuntos que presumiblemente Trump abordará, también podrían tener esta consecuencia.
¿Hasta dónde se puede llegar?
Unas horas después de anunciado el muslim ban, grupos de abogados voluntarios empezaron a trabajar en las cafeterías de los aeropuertos, y la ACLU, la organización de derechos civiles más grande del país, interpuso su primera demanda a nombre de un par de hermanos originarios de Irak en la corte federal a cargo de la juez Donelly; fue así que se dio la primera suspensión. Ese fin de semana, de manera paralela a las manifestaciones de resistencia ciudadana, la resistencia legal se puso en marcha.
Apenas 72 horas después de firmada —y suspendida— la orden ejecutiva de Trump, ACLU reportó que en tres días recibió a través de su página de internet donaciones por 24 millones de dólares; en un fin de semana, seis veces más que lo que suele recibir durante un año.
Para Kalhan, quien también preside el Comité Internacional de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Nueva York, esta es una señal de que a pesar de que los tiempos de este tipo de procedimientos legales pueden ser desgastantes –resoluciones en las cortes locales; en caso necesario, transferencia a una corte de apelaciones, y en una tercera etapa, a la Corte Suprema– gran parte de estos litigios continuarán hasta sus últimas consecuencias porque la gente está dispuesta a apoyar para ello.
“Habrá mucho litigio en cortes, cosas como las ciudades santuario muy probablemente llegarán a la Suprema Corte, y viene más: litigios sobre deportaciones expeditas, o presentadas por los afectados con la construcción del muro”, afirma Kalhan. “Esta administración estará muy ocupada por cuatro años defendiendo en la corte cada cosa que decida hacer”.
