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A Claudia Amador la persiguen tres números todos los días desde hace casi un año: 9, 1, 5. Es la hora que observó tras colgar su celular: 9:15 . La llamada era de su hija María Fernanda, quien discutía con su pareja. Las horas posteriores de ese 27 de agosto de 2016 sólo se llenaron de ausencia. Las llamadas al buzón. Esa mañana, a su hija se la devoraba el silencio: la desaparición.
Sólo que en este caso hubo un personaje vinculado a un cártel, experto en esta práctica, un delito que creció desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico en México. Se trata de Amadeo Gutiérrez, alias El Zorro, un presunto subalterno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien estuvo con María Fernanda el día de su desaparición, de acuerdo con las indagatorias. El fiscal General del estado, Eduardo Almaguer, advirtió la peligrosidad del sujeto por sus actividades en narcotráfico y secuestro.
En la última década, la concentración de desapariciones en el país captó la atención en estados como Guerrero, Coahuila o el Estado de México, pero en territorio tapatío no es tema menor. Jalisco es la tercera entidad con más casos registrados, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante el periodo 2007-2016.
En ese contexto, las marchas ciudadanas no paran, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) se ha visto rebasada, desde la perspectiva de familiares consultados.
Los reportes de desapariciones en la entidad se duplicaron de 987 a mil 950 durante el periodo 2006-2016, de acuerdo con el oficio FG/UT/7209/2016, obtenido vía la Ley de Transparencia. En esta estadística los hombres representan 54% y las mujeres 46%. De estos reportes, la fiscalía no entregó el número de localizados vivos y muertos. En ese periodo se ubicaron cientos de narcofosas con más de 200 cuerpos, un destino relacionado con las personas desaparecidas y con hallazgos de muertes violentas.
Silvano Cantú, director ejecutivo de Laboratorio de Innovación para la Paz (LIPP), afirma: “A pesar de que existe el tipo penal como desaparición forzada y por particulares, el gran problema es que la FGE es omisa en la clasificación de conductas constitutivas de desaparición (…). Cuando ocurren no las clasifica como desaparición, sino como secuestro, privación ilegal, con el grave inconveniente de que ello distorsiona la estadística, manipula, porque pretende maquillar incidencia de este delito. Jalisco es definitivamente uno de los estados que más alarman en este fenómeno”.
Entre todas estas desapariciones hay un actor importante, de acuerdo con las víctimas consultadas por este diario: el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera, alias El Mencho.
La señora Amador resume el sentir de miles de familias: “La tengo que encontrar, me lleve a quien me lleve”.
“Miedo de lo que le pase a mi hija”
“Su hija no esta con vida (…) ya solo queda que recupere cuerpo esto se lo ago saber para que usted abra sus ojos son unas lacras esas personas su papa dice ser del CJNG (…) que no se haga el descarado si el fue el que la desapareció (sic.)”. Este mensaje le llegó al celular a Claudia el 15 de septiembre de 2016. Desde que su hija está desaparecida no paran de enviarle textos en ese mismo tono.
María Fernanda, de 22 años, fue vista por última vez junto a Amadeo Gutiérrez en su casa, ubicada en la colonia Polanco de Guadalajara. Según agentes, durante una visita hallaron en esa vivienda ropa de la joven quemada, alcohol, pisadas, marihuana y restos mínimos de sangre. La madre reclama que no hay avances en la investigación. Una constante en otros casos.
Durante el periodo 2007-2016, el RNPED ha contabilizado 2 mil 390 casos de desapariciones en Jalisco. Tan sólo por debajo de Tamaulipas, con 5 mil 583, y Edomex, con 2 mil 830, de acuerdo con el RPNED. A su vez, los reportes de desaparición generados por la fiscalía estatal desde esa fecha hasta el año pasado son 19 mil 401, según documentos obtenidos por este diario.
De enero a septiembre de 2016 se registraron mil 950 reportes (aún no aparecen datos de los meses siguientes), mientras que en 2015 fueron 2 mil 518. Está muy cerca y falta contabilizar tres meses más. En los reportes de 2016 está el de María Fernanda Azpeitia, cuya madre apunta: “Yo no vivo con miedo, tengo miedo de lo que pueda estarle pasando mi hija... No sé si está muerta. No sé si le dieron un balazo”.
También hay cifra negra. La organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) afirma: “Sólo se denuncia una de cada tres desapariciones que suceden”.
Gustavo, un agente de la FGE cuyo nombre omitimos para proteger su identidad por temor a represalias, explica que las desapariciones están relacionadas con enfermedades, género, desaparición forzada y control territorial de grupos delictivos. En cuanto a los cuerpos localizados con reporte de desaparición, aclara que 33% son situaciones de muerte violenta, la gran mayoría por crimen organizado.
Cantú, quien participó como asesor externo en la Ley Contra la Desaparición local, señala que el control territorial de grupos delictivos es parte del problema. “Parecería que uno de los principales objetivos para este tipo de conductas es la siembra de terror, un efecto de control”. De los casi 20 mil reportes de desaparición, la FGE sólo desglosó en la solicitud de información por región, 2 mil 221 casos en el último trienio. Los cinco más representativos son Centro, Costa Sierra Occidental, Ciénega, Altos Sur, Valles y Costa Sur.
Según los agentes, los municipios en los que se concentran feudos del cártel liderado por El Mencho, son: Jamay, La Barca, Ayotlán, Ocotlán, Villa Purificación, Tala, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Muchos de ellos sin una sistematización en la investigación.
Fosas clandestinas
Afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acuden cada mes los familiares de desaparecidos para preguntar si alguno de los cuerpos que llegaron corresponde a sus cercanos. La mayoría regresa sin respuesta. Leen la prensa de nota roja y se concentran en el hallazgo de fosas clandestinas.
Para la fuente de la FGE, hay líneas de investigación que vinculan las desapariciones con las fosas clandestinas, ubicadas en territorios controlados por el CJNG. “En Jalisco, tarde o temprano van a sacar un mundo de cadáveres”, dice. Los testimonios de sicarios en las cárceles son clave para la detección de fosas y desaparecidos. “No tenemos nada de información de 2013 para abajo”, debido a que los reos son nuevos, dice.
Silvano Cantú, con maestría en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señala: “Parecería que las fosas son una parte, un producto de toda la confrontación entre grupos delictivos. No es un patrón exclusivo de Jalisco, en años más recientes algunos desplazamientos han incrementado la incidencia de registros de fosas y también de nuevos casos de desaparición”.
El oficio FG/UT/7380/2016, obtenido por este diario, detalla que entre 2009-2016 la Fiscalía halló 137 fosas clandestinas con 214 cadáveres y 11 restos (cráneos, pies y osamentas), mientras que de 2006-2008 no tuvieron un solo registro. Los municipios más reincidentes son Lagos de Moreno, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Jamay, Ixtlahuacán de los Membrillos, Guadalajara, La Barca, Tlaquepaque y La Huerta, entre otros.
A pesar de que las autoridades cuentan con información concerniente a las zonas de dominio del cártel, así como las regiones con más desapariciones y fosas, los 129 operativos (2010-2016) no están concentrados en esos sitios. Por ejemplo, aunque Lagos de Moreno ha sido uno de los municipios más afectados, no aparece ningún operativo en la solicitud de información FG/UT/7211/2016.
En La Barca se hallaron hace dos años alrededor de 72 cuerpos en 37 fosas clandestinas con una profundidad de dos a tres metros. Entre ellos había dos de elementos militares de inteligencia. Aun así, en esa zona sólo se han hecho dos operativos en una década. “El hecho de que exista un tipo penal que no se usa, es una forma de simulación institucional, de postergar obligaciones que tiene el Estado”, dice Cantú.
Jalisco es una bomba de tiempo. Las familias están desesperadas. En las mesas de trabajo con autoridades les repiten datos, sin avances. A pesar de solicitarlo, no se dio respuesta a las solicitudes de entrevista con el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, para conocer su postura sobre este tema.
