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Durante su periodo como gobernador de Tamaulipas, de 1999 a 2004, Tomás Yarrington Ruvalcaba, prófugo de la justicia desde 2012, creó una poderosa empresa criminal que permitió el auge del Cártel del Golfo y de Los Zetas en esa entidad. Construyó un sólido andamiaje político y una amplia red de testaferros que lo mismo se relacionaron con la corrupción institucional, el tráfico de influencias y el narcotráfico, según consta en las investigaciones ministeriales PGR/SIEDO/UEIDCS/147/2007 y PGR/SIEDO/UEIDCS/76/2007 que la Procuraduría General de la República (PGR) integró en contra del ex gobernador de Tamaulipas.
Tomás Yarrington —por cuya localización la PGR ofrece 15 millones de pesos— en realidad comenzó a ser investigado en 2004, último año de su gobierno, por sus presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, luego de que uno de sus socios, Antonio Peña, rompió relaciones con él y declaró ante la DEA y la PGR todo lo que sabía sobre sus relaciones con el crimen organizado y los negocios que realizó al amparo del poder político.
Gran parte de sus bienes —empresas, ranchos y casas dentro y fuera de México hoy bajo investigación— están registradas a nombre de una larga lista de testaferros, entre quienes se menciona a Fernando Cano, un poderoso empresario que se enriqueció con las asignaciones de obra pública y que mantuvo nexos con personajes del Cártel del Golfo, según se desprende de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.
En las averiguaciones referidas declaran cinco testigos protegidos, cuyas clave son Pitufo, Yeraldin, Pedro, Óscar y Ángeles, éste último, cuyo verdadero nombre es Antonio Peña Argüelles, es el principal testigo acusador de Tomás Yarrington: se trata de un empresario y ranchero de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusado en Estados Unidos de ser el intermediario entre el ex gobernador tamaulipeco, el Cártel del Golfo y Los Zetas.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, en 2011 Los Zetas asesinaron a Alfonso Peña, hermano de Antonio. Sobre su cuerpo dejaron una manta con un mensaje en el que señalaban a Antonio Peña Argüelles de robar 5 millones de dólares. También lo acusaron de la muerte del ex candidato priísta al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, porque, según el narcomensaje, “estaba afectando intereses de las compañías que Osiel Cárdenas Guillén tenía en sociedad con Yarrington”.
Peña Argüelles pidió apoyo y protección entonces a la Drug Enforcement Administration (DEA) para no ser asesinado. Después aceptó colaborar con la PGR como testigo protegido y declarar todo lo que sabía sobre los nexos de Yarrington con el narcotráfico. Y lo hizo.
En seis declaraciones ministeriales con sus respectivas ampliaciones, en poder de EL UNIVERSAL, el testigo protegido llamado Ángeles detalla el enriquecimiento de Yarrington, sus nexos con el narcotráfico y la amplia red de testaferros que utilizó para ocultar su fortuna, la cual, asegura el testigo, proviene del narcotráfico, pues recibía sobornos multimillonarios a cambio de permitir la expansión de esos grupos criminales en Tamaulipas.
De igual forma, Yarrington puso como presidentes municipales de las principales plazas del estado (Nuevo Laredo y Reynosa, entre otras) a personajes afines a esta red criminal que utilizó el poder político para proteger sus vínculos con la mafia del narcotráfico.
El testigo protegido sostiene en sus diversas declaraciones que Tomás Yarrington mantuvo nexos con Miguel y Omar Treviño Morales, entonces poderosos miembros del Cártel del Golfo, a través de su principal prestanombres: Fernando Cano Martínez, acaudalado empresario de la construcción que se enriqueció mediante millonarios contratos de obra pública y que, según Ángeles, conocía ampliamente nexos.
El testigo añade que durante el gobierno de Yarrington la red de los hermanos Treviño tenía tanto poder que incluso utilizaban los recursos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Nuevo Laredo como caja chica para pagar la nómina del Cártel del Golfo.
El testigo declaró en México y ante la DEA que desde el gobierno de Tamaulipas, el ex gobernador Tomás Yarrington construyó un fuerte grupo político que estaba relacionado lo mismo con negocios de obra pública que con el tráfico de influencias y el narcotráfico.
Y refiere, por ejemplo, que Ramón Garza Barrios “obtuvo la aprobación de Miguel Treviño Morales, el Z-40, para contender por la presidencia municipal de Nuevo Laredo”. Relata también que Óscar Santiago Luebbet, ex alcalde de Reynosa, Tamaulipas, y ex senador de la República, está relacionado con la organización de Cárdenas Guillén, y que durante su campaña fue Juan José Muñiz, El Bimbo, el encargado de “captar los recursos, sobre todo del Cártel del Golfo”.
La red de testaferros
Con base en las declaraciones del testigo Ángeles, tanto la DEA como la PGR lograron armar el rompecabezas criminal que Tomás Yarrington utilizó para ocultar la cuantiosa fortuna que, según la acusación que pesa en su contra, amasó por brindar protección al narcotráfico.
El testigo aportó los nombres de cada uno de los testaferros que ocultan el patrimonio del ex gobernador de Tamaulipas. Por ejemplo, en su declaración del 8 de septiembre de 2008, Ángeles declaró que otro de los prestanombres de Yarrington es Eduardo Rodríguez Berlanga, La Conga, propietario de la empresa constructora Jalambres S.A. de C.V.
“Si me consta —declara el testigo— cómo creció esa empresa, ya que su punto de crecimiento [fue] el licenciado Fernando Cano Martínez, a quien se le denomina el constructor del sexenio de Tomás Yarrington y el Ahumada de Tamaulipas”, pues Ángeles explica que Cano subcontrataba a esa empresa y de esa forma la favorecía con jugosos contratos de obras sin licitación.
Refiere también que Eduardo Rodríguez cuenta con bienes inmuebles “que son propiedad de Tomás Yarrington”. Y entre otras propiedades menciona el rancho de mil 200 hectáreas llamado “El Mirador”, el cual está ubicado, dice, en la sierra de Maratines, muy cerca de Ciudad Aldama, Tamaulipas.
El testigo señala que en esa zona tamaulipeca Yarrington también posee otro predio: “El Colmenar”, que describe como “un vergel”, ya que tiene mil vacas de raza brangus rojo. Muy cerca de ahí, declara, está “La Providencia”, otro predio de gran extensión que también es propiedad del ex gobernador.
Otro prestanombres de Tomas Yarrington —según el testimonio de Ángeles— es Juan Manuel Sánchez, El Piojo, quien se ostenta como dueño de una empresa de cable de Tampico y de Matamoros, cuyo propietario real es Yarrington Ruvalcaba.
Explica también que la empresa Osaca, encargada de prestar servicios de asesoría política a gobernadores y funcionarios públicos de diversos rangos, también está relacionada con el ex gobernador de Tamaulipas; que Alfredo Sandoval, quien durante su gobierno fue subsecretario de Egresos, “también es su prestanombres y funge como administrador de gran parte de los bienes de Tomás Yarrington y de su familia”.
Asegura el testigo que todo esto le consta “ya que he estado presente en reuniones entre ellos en San Marcos, Texas y en la Ciudad de México, así como en la oficina que Yarrington posee en el piso 12 de un edificio ubicado frente a la embajada de Estados Unidos en México, la cual se utilizó en el año 2012 para orquestar la campaña Tucom (Todos Unidos contra Madrazo)”, una ofensiva en contra de Roberto Madrazo, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Al referirse a Fernando Cano, uno de los principales testaferros de Yarrington, el testigo Ángeles señala en su declaración que este personaje posee los ranchos “La Hacienda San Juan”, de mil 700 hectáreas, el cual describe así:
“Este rancho es cinegético, cuenta con pista de aterrizaje de concreto de una milla, tiene hotel para los cazadores. Es importante mencionar que este rancho fue comprado a Antonio Peláez, quien al parecer fue prestanombres de la organización de Juan García Ábrego. Además [Peláez] se ostenta como dueño de una isla denominada “El Frontón”, la cual se localiza a 20 kilómetros de Tampico, Tamaulipas, pero el dueño de dicha isla es Tomás Yarrington”.
El testigo Ángeles comenta que Gabriel Maldonado Pumarejo es otro testaferro de Tomás Yarrington. De este personaje declara:
“Se ostenta como dueño de una amplia extensión de terrenos en La Pesca, a una hora de Ciudad Victoria. Gabriel Maldonado representa los intereses de Tomás Yarrington en ese desarrollo turístico, además tiene un avión King Air 90, modelo reciente, a su nombre, pero dicho avión es de los dos”, detalla.
De acuerdo con el testigo, otro prestanombres del ex gobernador prófugo es Manuel Montiel, quien dice ser el dueño de las estaciones de radio en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Ciudad Mier; dos en Matamoros, Tampico y Xalapa, Veracruz, las cuales, afirma, en realidad son propiedad de Tomás Yarrington, al igual que los periódicos La Razón, en Tampico, y El Expreso, en Matamoros.
En la lista de testaferros Ángeles menciona a Alfredo Pérez Salinas, quien aparece como dueño del rancho ganadero-cinegético “El Tinieblo”, ubicado en el municipio de Jiménez, a una hora de distancia de Ciudad Victoria. Según el testigo, el dueño real es Yarrington, pues Pérez Salinas también aparece en el acta constitutiva del periódico El Expreso.
Y según su lista, el testigo informa sobre otros nombres que le consta que son prestanombres del ex gobernador Yarrington Ruvalcaba, entre otros, Miguel Treviño, quien fue responsable de la casa de gobierno durante la gestión de Yarrington como gobernador y quien se ostenta como dueño de varias gasolineras.
En el registro oficial del declarante, también menciona a Alfonso Salazar, ex secretario de Turismo en el sexenio de Yarrington, quien opera una empresa del ex gobernador encargada de distribuir alimentos.
Ante el agente del Ministerio Público Federal, Antonio Peña expresa que le consta que de todos los prestanombres referidos, así como de las propiedades que poseen, el dueño real es Tomás Yarrington, pues los mismos empresarios y testaferros se lo han confesado a él en diversas conversaciones personales.
Cuatro años y... nada
Yarrington Ruvalcaba es prófugo de la justicia desde el mes de febrero de 2012, cuando el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, le negó un amparo, con el cual pretendía obtener la protección de la justicia contra las órdenes de aprehensión que había solicitado la PGR.
Un mes después, con un voluminoso expediente criminal, fiscales de Estados Unidos solicitaron al gobierno mexicano la detención de Tomás Yarrington Ruvalcaba con fines de extradición, así como la de Fernando Cano Martínez, su principal testaferro.
Pero cuatro años después de haber sido incriminado, tanto en México como en Estados Unidos, y de estar prófugo de la justicia, las autoridades mexicanas aseguran que desconocen el paradero del ex gobernador de Tamaulipas, por quien ahora la PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos para quien aporte información que permita su captura.
