La historia de Jazmín empezó en una feria tamaulipeca y terminó en un cuartel de militares. De esa noche, dirá después, no recuerda las pistas del grupo norteño Calibre 50 ni las artesanías o la gastronomía típica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sino el “asco” que sintió cuando dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirma, la privaron de su libertad para violarla: los tenientes José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías.
La noche del 19 de septiembre de 2013, su novio, Ángel de Jesús Castillejos, les pidió a ambos tenientes el favor de acompañar a Jazmín —nombre que protege su identidad— al Palenque Expomex, puesto que él, también de formación castrense, estaría ocupado. A las 22:00 horas la recogieron en un supermercado, según consta en la queja del oficio 29/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el palenque, Jazmín les pidió que le guardaran el dinero que llevaba. Bebieron cerveza. Ella se mareó con una. A la salida del concierto les preguntó si podían llevarla a su casa. “Ellos le decían que sí pero no le hacían caso. También les pidió que le entregaran su dinero pero tampoco lo hicieron”, registra el oficio de la CNDH. Contra su voluntad la trasladaron a un cuartel, la forzaron a agacharse y a no hacer ruido. De acuerdo con su relato, la condujeron a una habitación y la violaron.
El caso de Jazmín forma parte de las mil 235 averiguaciones previas integradas en las 12 regiones militares del país durante los últimos cuatro años, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenida vía transparencia.
De los 3 mil 519 elementos que fueron consignados ante un juez militar en ese lapso, mil 267 fueron remitidos a prisión. Uno de cada tres acusados está en la cárcel.
Mil 63 militares están en prisiones de Sedena y 204 en penales federales, de acuerdo con el oficio de la Sedena. En cambio, la PGR reporta 71 juicios civiles contra militares, pero ninguno de éstos derivó en encarcelamiento. Abuso de autoridad (25), tortura (17), desaparición forzada (15) y homicidios (10) están entre las acusaciones más frecuentes.
Las cifras de abuso de autoridad, según la procuraduría, se concentran en Michoacán con cinco reportes; Guerrero y Durango, tres cada uno; Colima y Tamaulipas, dos respectivamente. Desaparición forzada: Chihuahua, cuatro; Coahuila, tres, y Guerrero, dos; tortura: Guerrero, cuatro; Michoacán, tres, y Tamaulipas, dos; homicidio: Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán, dos cada entidad.
Los delitos del orden castrense contenidos en el artículo 57 del Código de Justicia Militar pueden ser: abandono de servicio, abuso de autoridad y violencia contra las personas, entre otros. Lo referente a violaciones a los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, violencia de género o ejecuciones extrajudiciales, está en el limbo. Desde 1960 hasta la fecha no han informado sobre los delitos que persigue y sanciona el fuero militar. El año pasado, el Inai instruyó a la institución transparentar esa información.
En ese contexto se suman las averiguaciones en los juzgados civiles que aglomeran 71 carpetas en investigación desde 2012 hasta la fecha, donde el abuso de autoridad se reportó en 25 ocasiones, tortura en 17; desaparición forzada en 15, y homicidio en 10, entre otros; mientras que la Secretaría de Marina tuvo 23 investigaciones en su contra: nueve por desaparición, cinco por administración de justicia, cuatro por delitos en materia de derechos humanos, tres por trata y violencia contra mujeres y dos contra la libertad de expresión.
Expertos consultados por EL UNIVERSAL consideran que a pesar de los avances que representó la reforma de 2014, el artículo 57 debe seguirse acotando para evitar que la justicia castrense atraiga casos de violaciones graves a derechos humanos, no sólo de civiles sino de militares, mientras que otros especialistas señalan que sería un total desatino que los civiles juzguen, puesto que la “disciplina militar” sí ha cumplido su trabajo y se tratan de casos aislados.
El director de la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón Sánchez, señaló que a partir de 2006 se dotó de mayores facultades al Ejército, sin mecanismos de control y rendición de cuentas, lo que provocó que violaciones graves a los derechos humanos quedaran en la impunidad.
“La reforma al artículo 57 empieza a dar resultados, pero no es suficiente (…). Tienes una duplicidad de fueros. Se tiene que terminar de acotar el fuero militar para evitar manipulaciones como la de Tlatlaya (…). El fuero militar no sólo debería abstenerse en casos donde las víctimas son civiles, sino también en los de militares”.
El abogado penalista y asesor en el caso Tlatlaya, Juan Velásquez, señaló que “hay muchos militares actualmente procesados por delitos. Inmediatamente que un soldado comete un delito, las autoridades militares lo castigan (…). El hecho de que los civiles pretendamos enjuiciar a militares es un desatino (…). La CNDH se ha vuelto la gran persecutora de las Fuerzas Armadas con recomendaciones sin pruebas (…). Las únicas instituciones que mantienen este país son las Fuerzas Armadas. Este país no tiene policía”. Al cierre de esta edición, la CNDH no respondió a la petición de una entrevista.
Crímenes castrenses
Sentada en el suelo, una mujer solloza y se ahoga en una bolsa de plástico que tenía puesta en la cabeza. Una militar se inclinaba a su lado para lanzarle advertencias en el oído mientras colocaba su arma larga en la cabeza de la víctima amarrada de las manos. Por ese hecho, el secretario de la Defensa Nacional ofreció disculpa pública.
Según el relator especial de la ONU, Juan Méndez, la tortura y malos tratos son generalizadas en México y cometidas por policías municipales, estatales y federales, y las Fuerzas Armadas. La CNDH documentó un aumento de quejas por este delito desde 2007, un máximo de 2 mil 20 en 2011, y 2 mil 113 en 2012. En el periodo diciembre 2012-2014, la comisión “recibió mil 148 por violaciones atribuibles sólo a las Fuerzas Armadas”.
Los oficios obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL registran ese delito como el segundo más relevante, por arriba de la desaparición forzada, también documentado por el Comité de Naciones Unidas. Con menos de 10 casos aparecen homicidios, contra la libertad de expresión, hostigamiento sexual, privación ilegal de la libertad, violación, robo, allanamiento de morada, contra la administración de justicia y lesiones, en los últimos cuatro años. En primer lugar está abuso de autoridad. En delincuencia organizada no hay registros.
El ex general brigadier del Ejército, José Francisco Gallardo, considera que la etapa de investigación en las averiguaciones integradas sin resolución son un síntoma de impunidad. “Para empezar debería haber más. Las averiguaciones que se han hecho tienen un trasfondo: las violaciones a los derechos humanos son a través de las líneas de mando (…). Cuando las declaraciones pueden comprometer a un alto mando militar, no lo dejan ir a la justicia civil.
“Las recomendaciones de la CNDH han bajado (…). Además, los militares no tendrían por qué estar en los puestos de seguridad municipal, estatal y federal, ¿por qué lo hacen? Porque las autoridades civiles se han colapsado. A veces prefieren no actuar. Es más fácil que los sometan a juicio militar por desacatar que por violación a los derechos humanos”, explica Javier Oliva, experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.
—¿Sigue habiendo resistencia del fuero militar en soltar los casos?
—Sigue habiendo una resistencia, es un coto de poder y un mecanismo de impunidad para muchos. El sistema en general representa obstáculos para las víctimas, pero la justicia militar lo representa aún más. Desde hace mucho se ha establecido que juzgar en el fuero militar casos donde están involucrados civiles, es contrario a los estándares de los derechos humanos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —responde Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos de Fundar.
Fuero civil y militar
Según estudios del experto Javier Oliva, hay un criterio llamado “interacciones militares” (actividades del personal táctico-operativo), donde al menos cada elemento tiene mínimo cinco contactos con la sociedad civil, lo que significa al año 106 millones. “Si hablamos de casos como Tlatlaya, el de los 43 y similares que sumen 10, no representan ni 0.1% de acciones que han llevado a cabo”.
Mario Patrón, del Centro Agustín Pro, señala que por el momento no es viable el retiro de las Fuerzas Armadas en un contexto de dominio territorial del crimen organizado, puesto que es el único resquicio de seguridad, pero sí mediante un plan programático considera, se podría mudar de un modelo de seguridad de corte militarizado a uno ciudadano. “No regateamos el papel importante que tienen las Fuerzas Armadas; sin embargo, decimos que en un Estado democrático (…) no llevar esos casos a la justicia es seguir perpetuando la impunidad”.
Oliva considera que las organizaciones de derechos humanos “se van más por el lado de las fallas que de los aciertos”, puesto que no se transparentan los casos del fuero militar.
Patrón concluye: “Tenemos que generar controles civiles sobre las Fuerzas Armadas y aunque el fuero ordinario civil sea ineficiente tienen que ser conocidos todos estos casos. Hoy en día los siete militares de Tlatlaya están libres, pero por la ineficiencia de la PGR, porque no fue una investigación profunda”. El abogado Velásquez, asesor en el caso, refuta: “No había pruebas ni para condenarlos ni siquiera para enjuiciarlos”.
