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El sonido de las patrullas y las ráfagas de bala provenientes de los cuernos de chivo rompieron la calma de los paceños que transitaban alrededor de las 11 de la mañana sobre avenida Progreso. Algunos conductores bajaron de inmediato de sus autos para refugiarse, otros se lanzaron al piso desde el transporte público. Los policías corrieron de un lado a otro, descoordinados, tratando de repeler la agresión de un grupo de sicarios del Cártel de Sinaloa.
Minutos antes, el comandante Luis Osorio Álvarez El Negro, de la Policía Estatal Preventiva, fue emboscado por un comando en la colonia Diana Laura. Supuestamente no cumplió el pacto de limpiar la plaza de narcomenudistas al servicio de Los Dámaso, un grupo enfrentado al clan liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Herido, el policía solicitó ayuda a sus compañeros y cuando éstos arribaron, los agresores huyeron a bordo de un Jetta blanco.
Poco después, el vehículo se detuvo frente a una gasera. El grupo armado bajó del coche y se amotinó detrás del negocio. Desde ahí dispararon en repetidas ocasiones contra los uniformados durante casi 20 minutos. Murieron un sicario y un civil identificado como Víctor Manuel Morales, ingeniero mazatleco recién llegado a la entidad y que, en ese momento, calibraba las bombas de la gasera. Tenía 31 años.
La policía informó que lo confundieron porque no portaba uniforme de despachador. Un gatillero fue detenido y otros tres huyeron. La Paz está en guerra.
Mientras en las calles los ajustes de cuentas se suceden, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que entre febrero de 2014 y febrero de 2016 ocurrieron 232 homicidios dolosos en Baja California Sur. Pero no siempre fue así. En el bienio inmediato anterior (2011-2013) hubo 129 asesinatos.
El incremento de la violencia en los últimos dos años hizo que La Paz se convirtiera en el décimoquinto municipio más sangriento del país, de acuerdo con el informe La violencia en los municipios de México 2015. A ello se suma la cuarta alerta que lanzó en abril pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos, para que sus connacionales tengan cuidado durante su visita a la capital de la entidad y a Los Cabos, destinos habitualmente asociados a las vacaciones, el confort y la tranquilidad.
Expertos y empresarios consultados coinciden en que el incremento de la violencia se debe a disputas del crimen organizado desde la captura de El Chapo Guzmán.
“El problema no es sólo la violencia, son grupos criminales que se están peleando la plaza (...) De dos años para acá van 200 personas cuya muerte se relaciona con venta de droga”, señala Arturo Rubio Ruiz, abogado y representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito en Baja California Sur, quien solicitó la destitución del procurador de Justicia, Erasmo Palemón Alamilla.
Víctor Martínez de Escobar, empresario y ex diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), cuenta que recientemente “se desató una guerra entre cárteles sin que los gobiernos estatal, municipal y federal pudieran hacer absolutamente nada”.
Uno de los grupos que pelean a fuego y sangre es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que “está queriendo entrar a La Paz, Ensenada y Tijuana; todo esto se deriva después de que detuvieron a El Chapo. [Nemesio Oseguera] El Mencho está volviendo a querer atacar las plazas”, comenta una fuente policial que pide, por seguridad, anonimato. Al cierre de esta edición, la procuraduría local no atendió las peticiones de entrevista de EL UNIVERSAL.
“[Con la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera] va a venir un reacomodo fortísimo y la entrada de cárteles pequeños”, añade Martínez de Escobar.
El vaticinio de José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal va más allá: “Con la resolución del gobierno mexicano aprobando su extradición, esta lucha se va a recrudecer en Baja California y Baja California Sur”.
De mapas y amores criminales
El Borrado reposa con unas muletas afuera de un table dance, mientras le da fuego a un churro de marihuana y degusta el último trago de un mezcal barato en botella de plástico.
“Ahorita, en el centro [de La Paz] no porque está caliente”, advierte el dealer sobre la venta de drogas, mientras con el rabillo del ojo vigila la presencia de policías en avenida Forjadores. Aunque no se asume narcomenudista, vende colitas de cannabis en 50 pesos a los turistas. Los 15 gramos le cuestan 100, pero se le dificulta obtenerla con la plaza alborotada.
Aun así, como si fuera un guía de visitantes, el sujeto de ojos grisáceos y mirada perdida recomienda ir a la fonda Caguamantla, en la colonia El Centenario, donde venden carnitas, antojitos mexicanos, “mota y píldoras”. El 20 de agosto del año pasado, en esa localidad con salida a la bahía, pero alejada de la elegancia del malecón, fue escenario de una balacera achacada a la pugna entre dealers.
Los episodios de terror se proyectaron en 2015: dos sicarios y un policía terminaron desplomados en un tiroteo. La escena acabó con la captura de Cruz Alonso Lozoya Uriarte, El Grande, vinculado a Los Dámaso y contrario al grupo del sinaloense Ismael El Mayo Zambada, acusados de sembrar terror en las calles paceñas.
Hubo otro más reciente. El 21 de febrero se dio una lucha encarnizada entre ambos frentes. Los Mayitos levantaron y desaparecieron a un lugarteniente de Los Dámaso.
A más de un mes de la recaptura del Chapo, uno de sus sitios fetiche se convirtió en un campo de batalla por ver quién controla la plaza. “Drogas, armas y sicarios llegan en pangas de las costas de Sinaloa”, dice Martínez de Escobar.
Históricamente, La Baja —como le dicen los oriundos— ha sido un territorio dominado por el Cártel de Sinaloa. En diciembre pasado, la DEA (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés) confirmó un nuevo mapa de cárteles, donde señalan que en BCS hay casi control absoluto de los sinaloenses. Con excepción del Cártel Jalisco Nueva Generación en la capital y Los Cabos.
La tranquilidad de las playas a la orilla del desierto enamoró al capo oriundo de Badiraguato. BCS se convirtió en uno de sus lugares predilectos para vacacionar entre 2002-2013, así lo demostró una investigación federal con número de averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/0184/2013. Con presunto apoyo de personal de aeronáutica civil, policías y militares, Guzmán Loera y su gente usaron una avioneta tipo Cessna 206 para viajar decenas de veces a La Baja. Era tanta la confianza que sentía en este territorio, que tenía una pista de aterrizaje clandestina, localizada entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, además de usar aeródromos en Punta Arena y Los Barriles.
Ahora no disfruta estas aguas tibias, pero su presencia en el mapa criminal sigue. Por eso la oleada de violencia en todo BCS, que según Ortega Sánchez, está relacionada con su recaptura, como ocurrió en 2014, cuando despuntó la violencia en la entidad, y dada la importancia que ostenta este territorio para el trasiego de drogas hacia EU. “Conforme avance el proceso para su extradición, esta lucha se va a recrudecer en Baja California y Baja California Sur”.
Se quebró la capital
Ahí, en medio de la carretera sudcaliforniana, los policías federales vigilan las camionetas de jóvenes que viajan a las playas vírgenes, pero a los traficantes los pasan por alto. El abogado Rubio Ruiz se pregunta cómo fluyen aquí los narcóticos, cuando sólo existe una entrada federal. Su única respuesta es: la colusión del crimen organizado con las corporaciones policiacas.
En el centro, el área de centros nocturnos se plagó de operativos. “Fue por lo de la balacera”, dice un joven veinteañero que lanza su churro de marihuana al suelo en cuanto ve una patrulla ministerial pasar frente a un bar.
La espiral de violencia arrastra como las corrientes de mar abierto. La Paz alcanzó niveles similares a los de Ecatepec, Tijuana y Cuernavaca, pero los pobladores consultados no lo dimensionan en la prensa local. “Los policías no hablan mucho en las escenas. De hecho, cuando esto comenzó, al menos yo tenía problemas con los policías porque se portaban bien agresivos”, nos cuenta un reportero de nota roja.
En la iniciativa privada se mantienen silenciosos, prefieren las promesas del gobernador del PAN, Carlos Mendoza Davis. El empresario restaurantero Martínez de Escobar es una de las pocas voces que explica los pormenores del turismo: “Tuvimos 68% de ocupación hotelera en Semana Santa aquí en La Paz, cuando antes andaba entre 90% y 92%”. Si no se implementa una solución integral en seguridad pública, vaticina, la alerta de EU se puede tornar roja, como sucedió en Acapulco, Guerrero.
La capital tuvo su propio viernes 13. Marcó un precedente para los próximos capítulos. Martínez de Escobar y Rubio Ruiz coinciden en que ese día fue “caótico” porque las corporaciones no estaban preparadas: bajaron sin chalecos protectores, no tenían balas, dispararon a casas, iniciaron fuego cruzado en una gasera, patearon a un herido desplomado en el suelo e incluso mataron por error a un civil. Los tropezones son visibles en videos ciudadanos.
“Estamos en manos de una policía que no tiene capacitación”, señala el ex legislador albiazul. Por eso exigieron en un pronunciamiento mejores salarios, capacitación, creación de un grupo élite y un foro de seguridad pública. Pero hay hechos irremediables, como la muerte del ciudadano Víctor Manuel Morales, cuya familia rechazó la indemnización del gobierno estatal, porque “eso no nos devolverá a nuestro hijo”.
En medio de balazos, arroyos de sangre y ajustes de cuentas, aquí, en Baja California Sur, hay paraísos biodiversos. Por ahora la violencia se parece más a esas olas agresivas del Pacífico que se azotan, una y otra vez, cuando el atardecer cae y la noche abre sus fauces.
Con información de María Elisabet Ramírez
