Desde hace cuatro años, Carmen Zamora Villeda, académica de la UNAM, vivió en Ecatepec el asedio de su esposo, Claudio Baruch Alarcón, un ex militar con antecedentes turbios. Cuando se divorciaron las agresiones escalaron de tono. Empezaron las llamadas amenazantes, después las golpizas en la calle. Luego, en dos ocasiones, la violó. El análisis sicodiagnóstico detalla que “presenta características típicas” de víctima de violencia de género.
A finales de noviembre de 2015 le otorgaron la medida de protección para recibir vigilancia continua en su domicilio, así consta en la carpeta de investigación 565930360040715. “De nada sirvió”, dice Carmen. A inicios de este año, cuando compraba en el mercado de San Felipe, llegó Baruch por detrás, la jaló del brazo y le dijo: “Ahora sí te voy a matar, puta”. En la otra mano traía una bolsa de plástico para ponérsela en la cabeza. Por sus gritos la auxiliaron. A principios de abril fue aprehendido, por lo que familiares de Baruch la han amenazado de muerte.
La de Carmen es una de las 8 mil 142 órdenes de protección —consistentes en el otorgamiento de vigilancia policiaca a quien lo solicita, así como atención sicológica frente a síntomas de violencia de género—, otorgadas en el periodo agosto de 2015 a febrero de 2016, de acuerdo con oficios obtenidos por EL UNIVERSAL vía la Ley de Transparencia.
En promedio fueron 41 por día. La tasa por municipios se desconoce porque la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “no cuenta con la información”. Las cifras por mes indican que se duplicó la cantidad de órdenes de protección a mujeres desde que hace ocho meses se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG). Noviembre fue el pico, con 2 mil 271 casos.
Además, los oficios apuntan que de las 633 víctimas de violencia de género —feminicidios, maltrato, violaciones sexuales, trata de personas, entre otros— que continúan con su proceso judicial, hay cinco casos con sentencia en los 11 municipios donde está activa la AVG en esta entidad, que encabeza la violencia de género a nivel nacional, por arriba de Chihuahua, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.
Carlos Mata, director del despacho jurídico Delos, señala que debe haber mejoras: “No están funcionando [las órdenes de protección] porque la alerta de género se decretó fast track, sin un protocolo de actuación, sin una profesionalización de los servidores públicos y un estudio del estado de fuerza necesario (…), son cifras maquilladas. La Subprocuraduría de Género está rebasada. Los invito a que de esas 8 mil órdenes de protección informen qué cumplimiento se da en un periodo semanal o quincenal. Si te dan un informe mensual ya no sirve. La violencia de género se debe cuidar a diario”.
Miriam Valdez, consultora internacional en derechos humanos de mujeres, aclara que éste no es un asunto exclusivo del Edomex, sino del país, y considera:
“Debe haber un replanteamiento al momento de hacerlas efectivas desde los Ministerios Públicos, las víctimas y los agresores. Al agresor le dices: ‘No te acerques’, ¿pero cómo lo detienes?, ¿cómo podemos tener esta barrera física para proteger las 24 horas? Es complicadísimo porque las dan, pero luego ¿dónde está el personal? (…) Tienen una temporalidad y se dan bajo determinadas circunstancias y condiciones. Eso se tendría que revisar: si se cumple la temporalidad y, en todo caso, la efectividad”.
Este tipo de violencia se ha extendido en la entidad, afectando a mujeres de todas las edades en los últimos años. Por eso el gobierno estatal activó la AVG, porque miles de ellas intentan escapar de un destino que no desean en común: el feminicidio.
Hacia una profesionalización
Laura Curiel lleva más de un año buscando a su hija Daniela Mabel Sánchez, quien desapareció en Tlalnepantla el 11 de marzo de 2015. La última persona que convivió con ella fue su esposo, Christian Armando Martínez, de 23 años, un joven celoso que la golpeaba. Era mantenido con los poco más de mil pesos semanales que ganaba la veinteañera en una tienda. Es el principal sospechoso. El hijo de ambos llegó a decir que había matado a su mamá con una pistola.
Desde que la señora Curiel, de 48 años, inició las denuncias, fue amenazada por su yerno de que sería linchada. Después recibió mensajes, vía celular, en junio pasado: “El muerto al pozo el vivo al gozo (…) ¿quiere que suba fotos de su hija desnuda?”, entre otros más a los cuales tuvo acceso este diario. También recibió la visita de supuestos policías federales a la casa de un familiar. Le dejaron un recado: “Dígale a la pendeja de su hermana que no se pase de lista”.
Curiel notificó de lo anterior a la subprocuradora de género, Dilcia García Espinoza, y a las fiscales Sol María Salgado y Sayonara Encarnación. Les solicitó las órdenes de protección, pero no prestaron atención. “Usted no se preocupe, no pasa nada, está loquito”, le decía Salgado. “Lo voy a hacer firmar un papel para que no se acerque a usted”, le espetaba la titular de género. Al cierre de esta edición, la subprocuraduría no había atendido la entrevista que pidió este diario.
Las medidas estipuladas en el artículo 193.2 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México se otorgan ante “la existencia de amenazas o riesgo de conductas violentas en perjuicio de la víctima u ofendido u otras personas relacionadas con los hechos”.
El despacho jurídico Delos corroboró a este diario que las víctimas consultadas pasaron por un proceso desaseado de las autoridades, como sucede con regularidad a otras tantas mujeres cuando acuden al MP.
A Carmen Zamora, por ejemplo, el juez Raúl Alberto Castrejón le pidió que mediara con su esposo para no ser agredida. En el caso de una niña de siete años violada por su tío, Marco Antonio Escobar Aguilar, de 19 años, el pasado 20 de marzo en el municipio de Ecatepec. Se solicitó la medida de protección 344701130132716. Aunque el agresor fue detenido una semana después, la policía no acudió a custodiar el hogar. La madre, cuyo nombre y el de su hija prefiere no revelar, dice: “En esa semana la policía no le dio seguimiento. Ni siquiera los conozco”.
Carlos Mata, del despacho Delos, que ha atendido más de 150 casos de violencia de género en la entidad y en otros más ha coadyuvado con la PGJEM, indica, con base en su experiencia: “Nos hemos encontrado que no tienen personal especializado (…) no están materializando su función, la gente emana de la misma Procuraduría. Si tenemos a alguien en vehículos y los cambias de repente a la Fiscalía de Feminicidios, el mero cambio de una adscripción a otra no te especializa... La sensibilización de los servidores no es profesionalización.
“No podemos hablar de que esté cobrando vida la Alerta de Género, por lo tanto se da una escalada de violencia. El crimen organizado está utilizando a mujeres para escandalizar o calentar los famosos puntos blancos. Al utilizar esta cosa tan alarmante con ellas, ¿qué sigue? ¿niños?”, agrega.
Radiografía del delito
Como era costumbre, Carolina Hernández salió a las 13:00 horas de su casa para recoger a sus dos hijos en la escuela. La joven de 26 años normalmente regresaba en una hora y media a su hogar ubicado en la colonia Nueva Santa Rosa, Atenco. Pero su hermano Fabián se percató de que había tardado. Después recibió una llamada del personal de la primaria para decirle que los niños continuaban en las instalaciones.
Ese 7 de marzo pasado fue reportada como desaparecida la mujer de tez morena clara. Al paso de 12 días fue hallada a unos metros de un canal de desagüe. Presentaba signos de tortura y violación. Murió por estrangulada, como consta en el parte médico. Su presunto asesino es José Guadalupe Villeda, de 35 años, un chofer de transporte público que la acosaba. Ya la había agredido a golpes anteriormente. Carolina es la mujer número 76 asesinada en el Estado de México —24 corresponden a municipios que no cuentan con la AVG— desde que se emitió la alerta, según un registro hemerográfico elaborado por EL UNIVERSAL.
Los municipios que integran la alerta son Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Toluca y Neza. Durante 2012-2015 se contabilizaron mil 431 “homicidios de mujeres” en el estado, según el Inegi; 14.1% de los casos pertenecen a Ecatepec.
La consultora en derechos humanos de las mujeres, Miriam Valdez, considera que la “prevención”, desde la sociedad civil hasta las autoridades, es vital en la problemática, así como las campañas informativas en las que se explique en qué consiste la AVG.
Mata, por su parte, compara la alerta local de género en Jalisco —que presentará en julio su primer balance— con la federal del Estado de México. Dice que no hay un informe sobre las acciones. “En Jalisco no están preocupados y ocupados en atender una precandidatura. En el Estado de México tenemos la mala suerte de que a año y medio de que termine este periodo [de gobierno] del doctor Eruviel Ávila, se están viendo rebasados por una aspiración, más allá que por un trabajo”.
