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A Edwin L. lo secuestraron en Coatzacoalcos, Veracruz, en mayo de 2015. Tenía 16 años y viajaba hacia Estados Unidos desde Honduras. Estuvo detenido por ocho días hasta que su familia pagó los 2 mil dólares que le pidieron de rescate. No lo reportó a las autoridades mexicanas: es sabido por quienes cruzan México que si denuncian un abuso o acto violento en su contra serán detenidos y deportados por los agentes de inmigración.
Para los migrantes centroamericanos, México no es un país donde se pueda pedir protección. Las cifras confirman esta creencia: ni siquiera llega a uno de cada 100 niños migrantes detenidos por las autoridades mexicanas los que son reconocidos como refugiados. Menos del 1%, indica un informe publicado hoy por la organización Human Rights Watch (HRW), una cifra que contrasta con el 48% que, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, podrían encontrarse en una situación que los haría candidatos a recibir esta protección.
En el documento titulado Closed doors: Mexico’s failure to protect Central American refugee and migrant children (Puertas cerradas: el fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de Centroamérica), HRW documenta las contradicciones que existen entre la legislación mexicana que tiene por objetivo proteger a los migrantes en tránsito y su aplicación. La suma de factores como la intimidación por parte de las autoridades migratorias, la amenaza de detención prolongada e incluso la presión por parte de Estados Unidos —a través de mecanismos como el Programa Frontera Sur— provocan que quienes podrían solicitar refugio o asilo prefieran intentar llegar a la frontera norte o regresar a la situación de violencia de la que están huyendo.
“Las leyes en México en realidad son muy buenas, el problema está siendo su aplicación”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de HRW y autor del reciente reporte.
“Tenemos una ley con buenos niveles de protección, pero administrada por agencias sin capacidad para aplicarla. Un Instituto Nacional de Migración (INM) fuerte, que ha recibido mucho dinero y mucha presión para realizar detenciones y deportaciones, pero que no recibe dinero suficiente para el área de protección, el entrenamiento, el manejo de refugiados y la creación de alternativas a la detención infantil”.
Estas alternativas se vuelven cada vez más urgentes. Según estadísticas del INM, en 2015 el número de niños migrantes menores de 18 años aprehendidos por las autoridades migratorias fue de 35 mil 704, 52% por arriba de los 23 mil registrados en 2014 , y 270% más que los 9 mil 600 de 2013.
Del total de niños migrantes menores de 18 años registrado en 2015, la mitad viajaba no acompañados y dos terceras partes tenían entre 12 y 17 años. “A pesar del incremento numérico registrado en 2014 y 2015, no hubo una asignación de fondos adicionales para actividades de protección”, acusa Michael Bochenek.
Migrar para salvar la vida
Es sabido que una de las razones del aumento en el flujo de estos niños hacia EU tiene que ver con la violencia sufrida en sus países de origen: El Salvador, Guatemala y Honduras. Un reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicado en 2014 reconoce los niveles de violencia y las tasas de homicidio en estas naciones, entre las más elevadas del mundo por varios años consecutivos, como una de las razones por las cuales niños y jóvenes deciden abandonar su país.
A partir de una serie de entrevistas realizadas en México, la ACNUR estima que al menos 48% de estos niños cumplirían con los requisitos para recibir protección de acuerdo con las normas internacionales. Las entrevistas realizadas por HRW a 61 niños y más de 100 adultos lo confirman: testimonios de presión para sumarse a las pandillas, secuestros, violaciones, acoso sexual, abuso, extorsión y explotación habrían sido las razones para que los migrantes centroamericanos en México, tanto niños como adultos, abandonaran su lugar de origen.
A pesar de esto, quienes llegan a México no consideran este país como una alternativa para pedir protección. Entre 2013 y 2015 el número de solicitudes de asilo recibidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) fue apenas una fracción mínima del número total de centroamericanos que llegaron a México. Ejemplo: de las 118 mil aprehensiones de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños realizadas por el INM en 2014, apenas 2% presentó una solicitud de asilo. En 2013, la Comar recibió 62 solicitudes; la cifra subió a 78 en 2014 y a 131 en 2015. Los 25 niños no acompañados cuyos casos de asilo fueron autorizados en 2014 representan 0.2% de las 10 mil 711 detenciones de niños no acompañados provenientes del llamado “triángulo del norte” centroamericano. En 2015, 52 niños recibieron protección, sólo 0.3% de las 16 mil 869 detenciones realizadas ese año.
“Los niños huyen a México y los agentes migratorios con frecuencia no informan sobre su derecho a pedir asilo ni evalúan adecuadamente para determinar si pueden ser reconocidos como refugiados”, señala el reporte de HRW. Y si los niños logran superar el desaliento, una vez que inician la solicitud de asilo carecen de asesoría jurídica. Quienes logran ser representados por alguna ONG corren con mejor suerte, pero en general el proceso no está diseñado para proteger su integridad ni orientarlos.
Se suma la amenaza de la detención prolongada: para salvar la vida, deben permanecer detenidos durante varios meses mientras se resuelve su caso. La ley mexicana, en concordancia con el derecho internacional, establece que los niños no acompañados deberían ser transferidos al sistema de protección de menores, de manera que la detención tendría que ser una excepción bajo circunstancias extraordinarias, pero en la práctica la detención es la norma.
Varios niños entrevistados por HRW dijeron que los agentes migratorios les advirtieron que solicitar el asilo implicaría para ellos un periodo de detención más largo, lo cual dio como resultado el retiro de la solicitud por parte de ellos o de sus padres, y en algunos casos el retorno a sus países de origen a pesar de los riesgos.
La mano del Tío Sam
El 8 de julio de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó una solicitud al Congreso de su país para que le fueran autorizados 3 mil 700 millones de dólares con el fin de atender “una situación humanitaria urgente en ambos lados de la frontera sur”. El mandatario se refería al flujo de niños migrantes que cruzan la frontera entre Guatemala y México.
Cerca de mil millones de dólares fueron autorizados por el Congreso en diciembre de ese año para este fin, incluyendo 112 millones de dólares etiquetados para el INM, la Marina Armada de México y la Policía Federal, a fin de construir instalaciones en el área de la frontera sur y adquirir botes de patrullaje, equipo de comunicación y visión nocturna, y sensores marítimos. El mismo día en que el presidente Obama presentaba su solicitud al Congreso, su contraparte mexicano, Enrique Peña Nieto, anunciaba el inicio del Plan Frontera Sur, estableciendo una coordinación en la región para el manejo de la frontera y el control de la migración.
En 2015, mientras las aprehensiones de niños no acompañados repuntaban en México, las realizadas en Estados Unidos cayeron 22% con respecto a las del año previo.
“Es difícil afirmar con certeza que estas cifras sean resultado de esos acuerdos, porque los gobiernos de México y EU no lo dicen de esa manera, pero el momento en el que ocurre significa mucho”, explica Bochenek.
“Si combinamos las cifras con las declaraciones de políticos de alto nivel en EU pidiendo a México un incremento en la aplicación de la ley, se infiere que México responde a esta solicitud, que viene acompañada por mucho dinero desde EU”.
Lejos de una situación regional, lo que ocurre en la frontera sur de México obedece a una estrategia global “para subcontratar el trabajo de agentes de inmigración no sólo en México, sino en países como República Dominicana —con respecto a la frontera con Haití—, y en un contexto diferente en la Unión Europea y Turquía”.
Desde EU es posible cambiar la situación, estima Bochenek, dejando de hablar de detenciones y de migrantes ilegales, reconociendo que se trata de niños y adultos que temen por su vida. Con respecto a México, las medidas urgentes tendrían que incluir un mecanismo que asegure que los agentes de inmigración no desalienten a los niños por solicitar asilo y la creación de alternativas a la detención de menores.
“Esperamos que ambos gobiernos escuchen las recomendaciones y estén dispuestos a reunirse con nosotros, que vean los resultados de este reporte”, agrega Bochenek.
