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Las manos de Betsabé García Hernández lucían tersas a pesar de que trabajaba con una máquina de coser casi toda la semana. Con frecuencia utilizaba telas e hilos blancos porque confeccionaba vestidos de boda en un pequeño taller. Como costurera cortaba milímetro tras milímetro durante seis días para llevar dinero a su casa en uno de los municipios jaliscienses más pobres: Tlajomulco de Zúñiga.
A Betsabé, de 29 años, se le facilitaba desde niña realizar manualidades. Participaba en la elaboración de adornos para los festivales de primavera en la escuela. No le gustaba recibir ayuda de sus padres. Su primera postal de infancia es la de una niña de cuerpo frágil: morena, delgada, chaparrita y con una sonrisa. Cuando ingresó a la preparatoria conoció a un chico con quien se casó. La familia no se opuso. Siempre hubo apertura.
Mario García, padre de la joven, recuerda cuando los apoyó con un terreno en la localidad de San Sebastián el Grande. Al paso del tiempo empezó a ser agredida por el hombre con quien se casó, Alberto Servín. La violencia escaló, pero nunca quiso contarlo a su familia. Lo que hizo fue denunciarlo ante el Ministerio Público y el DIF del área. Pero algo inesperado sucedió la madrugada del 9 de septiembre de 2015: enfrente de sus cinco hijos, su esposo la apuñaló en uno de los numerosos fraccionamientos de diminutas casas.
Su nombre ahora forma parte de las 150 mujeres asesinadas el año pasado, confirmada a EL UNIVERSAL por personal de la Fiscalía General de Jalisco.
Esta entidad se ubica entre los primeros cinco lugares con más crímenes de género, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y ocupa el primer lugar en mujeres asesinadas por sus parejas, según el Estudio del Feminicidio en Jalisco (UdeG), elaborado por la doctora Guadalupe Ramos Ponce.
En los últimos seis años se triplicaron los feminicidios en el estado, al pasar de 58 en 2009, a 150 en 2015. En los años intermedios fue creciendo la tendencia: 2010, 81; 2011, 117; 2012, 152; 2013, 133; 2014, 130.
El contagio juarense llegó a Jalisco, sobre todo en la tipología de feminicidios provocados por parejas. Betsabé se desangró en uno de los ocho territorios incluidos en la Alerta de Violencia contra las Mujeres en febrero pasado, a los que se suman Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Ameca, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. La decretó el gobernador Aristóteles Sandoval, atendiendo al estudio elaborado por un grupo interinstitucional y multiacadémico.
“Jalisco es algo similar a Ciudad Juárez, no sólo las privan de la vida, hay violencia extrema en sus cuerpos […] Hay todo un sistema que promueve y permite la violencia misógina”, comenta en entrevista la doctora y experta en género Guadalupe Ramos Ponce.
Por su parte, Érika Loyo Beristáin, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), dice: “Nos preocupa la violencia feminicida, porque el hecho de que sea sistemática significa que durante tres años se ha mantenido en un índice variado que oscila entre los 130 y 150 casos”.
Presupuestos a la baja
A pesar de este contexto, los presupuestos en materia de promoción y difusión, así como de atención a víctimas han bajado desde 2012 a la fecha, según documentos obtenidos vía la Ley de Transparencia. El IJM señala que en el primer rubro disminuyó de 671 mil a 60 mil pesos; el otro apenas subió de 4 millones 385 mil a 4 millones 661 mil, y en contraste con 2015 tuvo una diminución de 5 millones.
Loyo Beristáin lo atribuye a tres razones: la asignación del presupuesto se hizo el año pasado [cuando todavía no se daba la alerta], a la ley de austeridad y a que el gobierno estatal complementa en algunos ámbitos como el de difusión. En tanto, la académica Ramos Ponce puntualiza que eso ocurre cuando no se ejercen los recursos de años anteriores: “Cómo explicas que si hay una situación grave de violencia, bajen presupuestos en lugar de aumentarlos”.
Las campañas informativas son cruciales: sin embargo, la ciudadanía no percibe la información en los espacios públicos, como lo corroboró EL UNIVERSAL durante recorridos aleatorios realizados por Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara, sobre todo en las áreas marginales. Ramos Ponce considera que la propaganda debe ser con perspectiva de género: “La campaña de la alerta es terrible, está llena de estereotipos sexistas, habla de nuestras mujeres”.
Pone otro tema en la mesa: todos los objetivos redactados por la administración y los expertos, como la atención a víctimas, deben ser auditados. “En esta alerta deben prevalecer los indicadores de cumplimiento. A mí no me sirve un spot si no lo mido con un indicador de a dónde llegó, a cuántos, si significó algo”.
Riesgo de manoseo
Con la alerta, el gobierno local destinó 25 millones 667 mil 526 pesos. A diferencia del Estado de México y Morelos, la alerta no fue emitida desde la Secretaría de Gobernación. En febrero pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval decretó la Alerta de Violencia contra las Mujeres.
Las medidas urgentes de la estrategia Junt@s por Ellas son tres: implementar el Protocolo Alba y crear la Unidad de Reacción y Búsqueda Inmediata de Mujeres y Niñas Desaparecidas; fortalecer la vigilancia y patrullaje policiaco en zonas de riesgo, en coordinación con autoridades municipales, y una política integral de prevención de la violencia contra las mujeres.
“Hay voluntad política”, dice Loyo Beristáin, titular del IJM. Sin embargo, las experiencias en el Edomex y Morelos, donde ONG denuncian “manoseo político” de mandatarios, son una lección para Ramos Ponce, pues a pesar de que “es clave” la voluntad “no podemos estar satisfechas sólo con el reconocimiento, lo importante es ver cómo se implementa para que sea efectivo”.
Más allá de la voluntad política, ¿hay convicción por resolver la violencia contra las mujeres sin un manoseo político? Loyo Beristáin, con un año en el IJM, dice: la respuesta es total convicción del Ejecutivo y de los miembros del gabinete, porque no es un problema menor, estamos enfrentando un problema con raíces socioculturales muy fuertes, de muchos años.
Sobre el Centro de Justicia para las Mujeres, Ramos Ponce acusa que es un “Frankenstein”, sin recursos ni autonomía: “Mientras no tengan una estructura real organizativa y con perspectiva de género no va a funcionar”; Loyo Beristáin refuta: “Está funcionando con un modelo de atención integral formado por la Conavim”.
A la reeducación de los agresores, enfatiza la académica, no deben destinarse recursos de la alerta. “Si es necesario que reciban atención sicológica, que sea purgando su condena, sin verlos como las víctimas”.
Eso permitiría elaborar una base de datos para identificar a misóginos reincidentes, considera por su parte Loyo Beristáin.
“Si en cuatro meses tenemos ya instalado el Protocolo Alba para niñas y mujeres desaparecidas como debe ser, ya es un avance […] Desde el activismo no vamos a permitir que haya nada de simulaciones”, señala la defensora de derechos de las mujeres, quien agrega que una de las cosas “innovadoras” de la alerta local es que incluye impulsar la interrupción legal del embarazo a mujeres violentadas.
Patrón de violencia tolerada
En el periodo 1997-2015 se registraron mil 344 asesinatos de mujeres. “En los últimos cinco años ha existido un crecimiento exponencial. Una de las consecuencias de la impunidad en este delito es el mensaje que se envía a la sociedad: la violencia contra la mujer es tolerada, lo que promueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno”, señala Guadalupe Ramos Ponce en su estudio, difundido en diciembre de 2015.
En lo que va de 2016 se han contabilizado 28 casos, lo que originó que el pasado 5 de marzo salieran a protestar al grito de “no son muertas, son asesinadas”. La herramienta de georreferenciación —muestreo de los patrones geográficos donde suceden los asesinatos— comprobó el fenómeno in crescendo entre las tapatías. Los cuerpos son arrojados a fincas, vía pública, baldíos, zonas despobladas, carreteras y basureros. “El ensañamiento muestra a mujeres que fueron asesinadas de múltiples puñaladas, numerosos disparos de arma, golpizas brutales, y después fueron enmaletadas, asfixiadas o mutiladas”.
—¿En Jalisco están despertando los demonios de Juárez? —se le cuestiona a Loyo.
—Este patrón se repite en muchos estados del país, no es un asunto menor saber que el Conavim tiene en proceso de investigación a la mitad del país. Estamos hablando de un problema que es multifactorial y multidimensional.
Como en el Edomex y Morelos, el problema no sólo está en ocho municipios, se extendió a otras zonas. La activista feminista aclara que el estudio presentado al gobernador de Jalisco —en el que ella participó— debió tener un impacto para todo el estado: “Por eso tiene una visión mucho más amplia; cuando se hizo el análisis fueron al menos 20 los que se tenían que señalar por diferentes razones”.
Mario García, padre de Betsabé, no ha visto justicia por el asesinato de su hija. El guión de los funcionarios lo conoce bien: “No hay avances en la investigación”. Por eso, desde la rabia, exige justicia para todas las asesinadas.
