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Cámaras sin funcionar, patrullas con números de identificación alterados, un incendio cuestionado, acusaciones endebles, casquillos sembrados, huellas de tortura en testigos. A lo largo de 2015, la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, cuya investigación concluyó que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron muertos e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, se ha ido resquebrajando. Con base en la averiguación previa que la propia Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto a disposición en su sitio web, se pueden constatar distintos estudios que la autoridad pretendió usar como pruebas de la indagatoria, pero que resultaron fallidas o insuficientes.
El 12 de noviembre de 2014, el Ministerio Público solicitó a la Agencia de Investigación Criminal que se trasladara a Iguala y realizara un peritaje del C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo). La orden, llevada a cabo al día siguiente, consistía en revisar el sistema de videograbación de Iguala y buscar los archivos del 26 de septiembre de 2014, a partir de las 2:00 pm, así como los del 27 de septiembre, hasta las 6:00 pm.
La diligencia arrojó resultados desoladores, según se consigna en el tomo 8 del expediente: de las 25 cámaras registradas 19 estaban desactivadas, sólo cuatro funcionaban y dos ni siquiera fueron registradas en el peritaje (en unas partes del documento se apuntan 24 cámaras: cinco activas).
Las que sí funcionaban estaban ubicadas en la Central de Abasto, salida a Taxco, Prolongación Karina y Leona Vicario. Entre las que no operaban había varias que eran clave para entender lo que pasó esa noche con los normalistas, como las nombradas Estrella de Oro, Zócalo, Aldama, C4 (dos cámaras) y Hospital General. Tampoco funcionaban las etiquetadas como Caja La Monarca, Trébol Poniente, Periférico Sur, Emiliano Zapata, Hospital Especialidades, Tribunal de Justicia, Independencia, Mercado, López Rayón, La Feria, Mariano Herrera, Galeana y Tuxpan.
“El personal que nos atendió no especificó la fecha o motivos por los cuales no funcionaban las cámaras, o el tiempo o motivos en que dejaron de funcionar”, registraron los peritos en el dictamen de informática.
El problema no acabó ahí. Tampoco se pudieron obtener las grabaciones de las cámaras que sí funcionaban porque simplemente no había ningún archivo disponible. O las cámaras no grabaron o los respaldos fueron eliminados.
De acuerdo con el expediente, las cámaras estaban programadas para “siempre” documentar la imagen con un periodo de retención de 11 días en formato de video MPEG.
El Informe Ayotzinapa. La noche de Iguala del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) refiere la destrucción de imágenes de videovigilancia del C-4, al que tenían acceso la Policía Estatal, Municipal y Federal, además del Ejército, exponen los expertos.
“Sólo imágenes de una cámara pudieron identificar patrullas que llevaban detenidos en la salida a Taxco. Otras imágenes fueron, al parecer, destruidas”, se lee en el informe del GIEI. Advierte de la destrucción de un video grabado por las cámaras del Poder Judicial estatal.
“El GIEI, al entrevistar a distintos funcionarios del Palacio de Justicia de Iguala, fue informado que la cámara de seguridad de dicho recinto público había captado imágenes de cuando se detiene a uno de los autobuses que transportaba estudiantes. Dicho video fue enviado al Tribunal Superior de Guerrero. Sin embargo, cuando el GIEI concurrió a Chilpancingo para solicitar acceso a dicho video fueron informados de que ya no existía”, dice el documento.
Otro peritaje realizado por la PGR (tomo 48) logró confirmar que a tres de cuatro patrullas de la policía municipal de Cocula les fueron cambiados los números de identificación para que los agentes de seguridad no fueran reconocidos y responsabilizados de la agresión a los normalistas. Sin embargo, el peritaje pudo haber sido mucho más completo si los vehículos oficiales hubieran sido resguardados debidamente.
Hallazgos del expediente
La PGR desclasificó la versión pública de la averiguación previa del caso Ayotzinapa tras un litigio emprendido por EL UNIVERSAL ante el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) que duró casi un año. El 24 de octubre de 2014 este medio pidió acceso al expediente con una solicitud (folio 0001700276914), pero la PGR clasificó la información como reservada. Luego se interpuso un recurso de revisión (5151/14) y el Inai le ordenó elaborar una versión púbica.
La primera apertura del expediente se realizó el 24 de septiembre pasado. Ese día el equipo de este periódico fue el único que accedió a los documentos in situ por haber sido el primero en solicitar la desclasificación. Al día siguiente se dio entrada a otros solicitantes. La presión por conocer la investigación fue tanta que el 11 de octubre de 2015 la PGR subió a internet el expediente para consulta universal.
Tras revisar la averiguación, este medio ha podido documentar que la PGR tuvo conocimiento de que la madrugada del 27 de septiembre de 2014 hubo lluvias moderadas y constantes en Iguala y Cocula, según reportes elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional que habían sido clasificados por 12 años. También se consignó que el Equipo Argentino de Antropología Forense acusó que 41 casquillos fueron sembrados en el basurero de Cocula porque la PGR lo dejó sin custodia.
Las acusaciones contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, tampoco son sólidas, pues antes de que la PGR lograra procesarla por delincuencia organizada un juez federal había enlistado al menos 15 debilidades en el pliego de consignación hecho por la dependencia. En un principio, el juzgado de Tamaulipas negó la aprehensión por delincuencia organizada porque la procuraduría no pudo acreditar su pertenencia a Guerreros Unidos.
También se reveló que la detención de Pineda Villa y José Luis Abarca se fundó en el delito de cohecho. La noche en que policías federales los aprehendieron la mujer intentó sobornar a los agentes con medio millón de pesos y un vehículo Mercedes-Benz.
El 3 de octubre se publicó que a través del C4 los militares siguieron los movimientos de los normalistas. El 26 y 27 de septiembre los soldados del 27 Batallón de Infantería recibieron nueve llamadas de dos elementos que estaban en el centro de mando para informarles del desplazamiento de los estudiantes por Iguala, según las declaraciones ministeriales que rindieron ante la PGR. Los militares aseguraron que sólo fungían como observadores en el C4.
La Policía de Guerrero tampoco quiso actuar esa trágica noche. Los 38 elementos que estaban en Iguala se acuartelaron desde las 21:30 horas del 26 de septiembre y no salieron de sus instalaciones, mientras que en Cocula no había presencia de estatales porque unos días antes acordaron reducir la presencia policial.
“Se golpearon solos”
Parte de los detenidos que sustentaron la versión oficial del ex procurador Murillo Karam presentaron lesiones y golpes que, según los policías que los detuvieron, se provocaron ellos mismos. En el caso de Patricio Reyes Landa, El Pato, se comprobó que fue víctima de tortura.
En las conclusiones del parte pericial incluido en el tomo 82, páginas 185 y 186, se asienta que El Pato, acusado de ejecutar a unos estudiantes y de pertenecer a Guerreros Unidos, presentó lesiones hechas en maniobras para lograr el sometimiento de los detenidos, “por lo que sí puede constituirse esto como actos de tortura”.
Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, quienes según el ex procurador fueron parte de los sicarios que ejecutaron e incineraron a los normalistas, fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, la madrugada del 27 de octubre de 2014. “Intentaron correr, pero como estaban tomados tropezaron y cayeron al suelo… (los agentes) los subieron a la unidad, pero como estaban borrachos en el trayecto venían golpeándose”, se agrega.
Jonathan Osorio Cortés y Darío Morales Sánchez, El Comisario, fueron detenidos en Cuetzala, Guerrero, mientras bebían alcohol en la calle. Los agentes justificaron que Osorio presentaba lesiones debido a que cuando los federales iban a detenerlo intentó correr, tropezó y cayó al suelo y se golpeó.
Aunque Agustín García Reyes, El Cheje, presentó golpes en diversas partes del cuerpo, no se comprobó que se tratara de tortura, ya que en su declaración dijo que sus lesiones se las ocasionó antes de su detención, pues en su domicilio hacía “trabajos pesados”.
Falta clarificar papel de militares
El caso Ayotzinapa ha exhibido las deficiencias del sistema de investigación mexicano, afirma Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Explica que el gobierno ha tenido que aprender a conciliar políticamente con los grupos de derechos humanos y con los padres de las víctimas, y ha sido obligado a aceptar la revisión de peritajes oficiales como el de la supuesta quema de cuerpos en el basurero de Cocula, e incluir la versión del quinto autobús, entre otros.
Pese a los cambios en la postura oficial, dice López Montiel, aún hay un tema pendiente.
“Hay una parte que no se ha clarificado, que es la participación de los militares en el caso. Es la parte que falta que el gobierno federal se anime a abrir”, añade.
