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De pequeño soñaba con ser bombero, no periodista. Desde los tres años conoció ese oficio porque su papá se dedicaba a apagar el fuego. A los 16 años, apenas salió de la secundaria, el joven michoacano Hugo Olivera Cartas se enroló como voluntario en el cuerpo de bomberos y estudió para ser paramédico.
Allí conoció a reporteros y fotógrafos de los diarios locales, ya que era el encargado de elaborar los informes de incendios y rescates. Hugo se convirtió en una fuente de información, y luego dio el salto al periodismo.
Se especializó en el área policiaca y la cubrió alrededor de siete años. Fue corresponsal de La Voz de Michoacán, colaborador de la agencia Quadratín y posteriormente abrió el diario local El Día de Michoacán y la Agencia ADN. Su trabajo se multiplicó una vez que el ex presidente Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) instrumentó una estrategia de seguridad en Michoacán.
En la adolescencia sorteó las llamas, pero no pudo huir del fuego provocado por el crimen organizado y el narcotráfico: fue asesinado a los 27 años, el 9 de julio de 2010.
Nueve años antes, en Tamaulipas, fue encontrado el cuerpo de uno de los fundadores del periódico El Imparcial de la entidad: Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, quien desapareció el 23 de marzo de 2001.
En ese entonces, el diario identificó casas dedicadas a la venta de cocaína, publicó reportajes sobre el tráfico de inmigrantes en la frontera con Estados Unidos y actos de corrupción del gobierno que encabezó el priísta Tomás Yarring- ton Ruvalcaba (1999-2004).
El cuerpo de Saúl apareció con cuatro disparos en la cabeza, recostado en el asiento trasero de su auto. Así lo relata el anuario Tú y yo coincidimos en la noche terrible, elaborado por la Red Nuestra Aparente Rendición, fundada por la escritora española Lolita Bosch.
Según la cifra más alta que aparece en informes de periodistas asesinados y la más reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los últimos 15 años 107 periodistas han sido asesinados en el país. Reporteros Sin Fronteras (RSF) retoma el dato del organismo nacional.
Las cifras varían dependiendo de la autoridad o la organización civil de protección a periodistas que se revise. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reporta 103 homicidios de periodistas, pero no revela los nombres de estas personas por tratarse de investigaciones en curso.
EL UNIVERSAL cruzó las estadísticas del Comité para la Protección de periodistas (CPJ), que depuró una lista de 40 personas asesinadas de 2000 a 2015, con otra lista de 88 personas que manejan la organización Artículo 19 y las redes Periodistas de a Pie y Nuestra Aparente Rendición.
Los resultados arrojan que de los 88 periodistas identificados, 35% cubrían temas relacionados con policiacas y seguridad pública, 23% con narcotráfico y 23% con la política; 17% no tenían una fuente asignada en específico y 2% estaban dedicados a la cobertura de sociales.
Además de su labor como comunicadores, 11% de los periodistas ejecutados realizaban activismo social.
Cuatro de cada 10 periodistas asesinados cubrían la fuente policiaca, que incluye seguridad pública y seguimiento de casos de narcotráfico, y dos de cada 10 se encargaban específicamente de temas relacionados con crimen organizado.
En estos 15 años han sido asesinados más hombres que mujeres. En 94% de los casos se ha tratado de reporteros y en 6% de reporteras.
El 64% de los asesinatos, es decir, 56 casos, se concentraron en cinco entidades: Veracruz (18), Tamaulipas (12), Chihuahua (10), Guerrero (8) y Oaxaca (8). Otros estados con altas cifras de periodistas asesinados son Sinaloa, con cinco casos; Michoacán, con cuatro, y Sonora, Durango y el Estado de México, con tres cada uno.
En Veracruz, la cifra se disparó en 2011, tan sólo un año después de que el gobernador Javier Duarte asumió el poder, al pasar de un homicidio en 2009, a cuatro en 2011 y cinco en 2012.
Cuando se observa el desagregado por función y cargo es posible identificar que 79% de los asesinatos corresponden a reporteros y fotógrafos. De ese universo, fueron acribillados 57 reporteros y 12 fotógrafos.
Otro grupo vulnerable son los locutores. Representan 16% de la muestra, y de 2000 a la fecha han muerto 14 en total. También fueron asesinados tres columnistas y un camarógrafo.
En los homicidios predominó el uso de armas de fuego: seis de cada 10 periodistas murieron por impacto de bala.
En cinco casos la muerte fue causada por arma blanca, cuatro murieron a causa de una golpiza y tres decapitados, mientras que 14 murieron de distintas formas, entre las que destaca el incendio del departamento del columnista José Miranda Virgen, en Veracruz, en 2002.
En 68 casos el asesinato fue cometido en la calle (restaurantes, puestos, lavaautos, aceras y hasta en un parabús); 16 muertes se registraron en los domicilios particulares de los reporteros y cuatro en la redacción u oficina donde trabajaba el periodista.
Falta un diagnóstico claro
En los últimos 15 años ha habido periodos más cruentos para el gremio periodístico. Los picos en la estadística de los homicidios se ubican en 2006, año en el que se registraron 10 asesinatos; 2008, con otros 10 homicidios; 2009, con nueve, y 2010, con otros nueve casos. Lo anterior coincide en tiempo con el gobierno de Felipe Calderón y su estrategia de seguridad lanzada en contra del crimen organizado.
Durante la presente administración, que encabeza Enrique Peña Nieto, se reportó una caída en 2013, al bajar de siete homicidios detectados el año anterior, a cuatro.
En 2014 se cerró con cinco asesinatos, pero en lo que va de 2015 han sido ejecutados siete comunicadores en el país.
Falla mecanismo de protección
El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), Luis Daniel Vázquez, explicó que la crisis de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran los reporteros y defensores de derechos humanos en el país tiene que ver con las debilidades del mecanismo institucional creado para protegerlos.
El mecanismo que opera la Secretaría de Gobernación carece de los elementos básicos para afrontar los riesgos reales que enfrenta el gremio, por lo que consideró que se deben hacer ajustes a esta herramienta.
“No se han logrado hacer las evaluaciones, ni tienen el presupuesto mínimo para instrumentar las medidas precautorias y cautelares de protección. Ahí hay un círculo vicioso”, comentó el especialista en derechos humanos.
Agregó que en este tema existe un fenómeno de “simulación” que no permite elaborar un diagnóstico claro del problema y por ende obstaculiza el diseño de políticas públicas para atender eficazmente el tema.
“Hay que pensar el fenómeno de manera transversal o de manera regional, porque la situación no opera igual en el norte, como en el estado de Tamaulipas o Sinaloa, donde hay un fuerte control del crimen organizado o narcotráfico, frente al centro, donde básicamente lo que existen son megaproyectos [de la iniciativa privada]; esto ocurre también en el sur, como en Oaxaca o Guerrero, y hay otros estados donde hay vacíos de autoridad. Entre los grupos más vulnerados están las comunidades indígenas que generan proyectos para garantizar su libertad de expresión”, detalló.
Además, argumentó que para hablar de un sistema democrático real es necesario que el derecho de libertad de expresión esté garantizado. “Hay gobiernos municipales que han sido tomados por el crimen organizado, ahí la cosa es muy grave porque cuando un reportero recibe amenazas y acude al órgano correspondiente, en este caso al Ministerio Público, se pone la cosa más grave”, concluyó.
El consultor en temas de seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez agregó que la relación de los periodistas con el crimen organizado es diferente en cada región. Ejemplificó que mientras que en Tamaulipas y Veracruz es completamente hostil y tensa, en Sinaloa se ha identificado que los cárteles están dispuestos a filtrar información de sus enemigos a los medios, para debilitarlos o provocar su captura.
“Es una relación compleja, de varias aristas. Muchas veces los cárteles capitalizan una buena relación con los medios y otras es una relación hostil porque la prensa puede arruinar un negocio. Un periodista se condena a sí mismo frente al narco cuando la información que publica les echa a perder un negocio de mucho dinero, y lo van a perseguir hasta matarlo”, explicó el director de Lantia Consultores.
Guerrero Gutiérrez comentó que los medios de comunicación son necesarios para los narcotraficantes porque a través de éstos se reportan sus actividades criminales, lo que los empodera en las regiones para cobrar cuotas y mantener el control de ciertas zonas.
“Para los criminales es fundamental tener relación con periodistas, ya que son una vía para enviar mensajes y difundir sus actividades y atemorizar. En el caso de Tamaulipas y Veracruz, los periódicos, como han sufrido muchas agresiones, sí evitan publicar cierta información, pero otro caso es Ciudad Juárez, donde los periódicos asumen el riesgo”, explicó.
Hugo era “ético y profesional”
Hugo Olivera, el bombero que desvió su camino para ser periodista, cubrió accidentes viales, atropellados, persecuciones y secuestros.
Su ex jefe en La Voz de Michoacán, Gustavo Ruiz Castañeda, lo recuerda como un hombre “responsable y cumplido”, que siempre entregaba puntualmente su información.
“Cuando le pedía que se trasladara a un evento, Hugo ya estaba en camino o en el lugar de los hechos. Era un hombre muy afable, caballeroso, campechanón; muy bromista, siempre tenía un chiste en la boca aunque fueran las tres de la mañana”, recuerda Ruiz, ex editor de la sección policiaca del diario local.
Descartó que el periodista haya tenido nexos con el narcotráfico. Al contrario, calificó a su colega como un hombre “ético y profesional”.
El 5 de julio de 2010, Hugo atendió una llamada a las 21:00 horas y salió del diario sin explicar a dónde iba. Seis horas después su cuerpo fue hallado en su camioneta Ford Lobo con tres impactos de bala calibre .32 en la cabeza.
