“No sirve de nada la pena de muerte”

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Culiacán, Sinaloa,. Cuando sus hermanos llamaron para avisar que estaban en una cárcel en Malasia, Alejandrina González Villarreal buscó un mapa de inmediato. No tenía idea dónde estaba ese país, ni qué hacían ellos en ese lugar que sonaba tan lejano. “Cómo batallé para encontrarlo. En mi vida había escuchado de eso”, recuerda sonriente esta mujer compacta, de piel morena y ojos rasgados, aferrada a la silla de ruedas de su madre.

Era cumpleaños de su hermana Leticia. Todas las mujeres estaban en la cocina platicando cuando sonó el teléfono. Alejandrina contestó y le hizo un par de bromas a su hermano Simón, pero él le pidió con una voz rígida que le comunicara con otro de sus hermanos. No le dio más explicaciones. Unos minutos después se enteró que tres de sus hermanos estaban del otro lado del mundo acusados de tráfico de droga, y que en ese país se castigaba este delito con pena de muerte.

A principios de 2008, Luis Alfonso, Simón y Regino se habían despedido en la casa familiar, en Lomas de Rodriguera, Culiacán, diciendo que se iban de viaje para trabajar.

Al igual que el padre, se dedicaban a hacer ladrillos. Les contaron que un amigo que habían conocido recientemente los había invitado a trabajar fuera, sin dar más detalles de qué se trataba. “Prometieron que regresarían para el Día de las Madres”, cuenta su mamá, Carmen, una señora robusta y de risa fácil, quien recientemente sufrió una amputación de la pierna izquierda debido a la diabetes.

No nos dijeron nada más, cuando los hermanos se casan, pues ya no dicen nada”, añade Alejandrina en la casa de sus padres, donde pasa una tarde familiar un domingo de junio.

El nuevo trabajo consistía en hacer metanfetamina en los patios de una fábrica abandonada en la ciudad de Johor Bahru, a 330 kilómetros de la capital. El 4 de marzo de ese año, apenas unas semanas después de haber llegado al país asiático, los sinaloenses fueron detenidos durante un operativo antidrogas de la policía malaya, con un alijo de 29 kilogramos, valorado en 15 millones de dólares.

“Mi hermano le hizo señas a un chino, que también estaba detenido, para que le prestara el celular y nos llamara”, cuenta Alejandrina González. Sus hermanos no sabían inglés y mucho menos bahasa melayu —idioma malayo—; se entendían como podían, junto con los otros 10 detenidos, aquel día.

Según su familia, nunca habían estado relacionados con el narcotráfico. Siempre habían trabajado en la ladrillera. “A mi papá le decían que era la gallina porque siempre lo seguían sus pollitos al trabajo”. Cuatro años después de haber sido detenidos, el 12 de mayo de 2012, fueron condenados a la horca.

El narco al otro lado del mundo

Fuera de Estados Unidos, los González Villarreal son los únicos tres mexicanos, de un total de 62, condenados a muerte en el mundo, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el mundo (sin tomar en cuenta al país vecino) hay mil 40 presos connacionales, de los cuales 86% está acusado por delitos contra la salud, crimen organizado, tráfico de estupefacientes o lavado de dinero.

La expansión de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas ha hecho que los mexicanos sean detenidos en lugares cada vez más lejanos. El último informe de la Junta Internacional de Estupefacientes asegura que en el caso de Japón, donde hay 75 inclupados por este delito, los grupos criminales se dedican principalmente al tráfico de metanfetamina. Lo mismo sucede en otros países de Asia y el Pacífico, como China (14 mexicanos detenidos por delitos contra la salud), Indonesia (1), Australia (7) y Nueva Zelanda (2).

Según el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDC 2013, que habla de la presencia internacional de los cárteles mexicanos, estos grupos criminales han ampliado sus operaciones más allá de América Latina con puertos en Asia y África, en países como Sudán, Sierra Leona y Nigeria. La asociación del Cártel de Sinaloa y Los Zetas con bandas colombianas, sostiene dicho informe, ha permitido mover grandes cantidades de droga desde Venezuela, Ecuador y Brasil hacia estos continentes. Al menos 41 países han alertado al gobierno mexicano en los últimos años sobre la presencia de mulas y burriers en sus territorios.

De acuerdo con información proporcionada por la Cancillería, la mayor parte de los mexicanos en cárceles extranjeras por tráfico de drogas, sin contar Estados Unidos, provienen del Distrito Federal (253), Jalisco (203) y Sinaloa (113), siendo este último estado el que mayor población per cápita de presos tiene en el extranjero. Los informes de la ONUDC reconocen al Cártel de Sinaloa como la organización ilícita más consolidada en el mundo.

Si bien el grupo criminal ha reclutado también a mexicanos de todos los estados, la presencia de sinaloenses en el mundo destaca en Perú (25), Panamá (11), Japón (11), Costa Rica (11), Ecuador (10), Nicaragua (8) y Colombia (8), además de que llega a naciones más aisladas como China (5), Malasia (3) y Nueva Zelanda (1). La cifra total de connacionales presos a nivel mundial podría ser mayor, según la propia SRE, ya que no todos los países están obligados a informar sobre la nacionalidad de sus detenidos, además de que muchos presos no solicitan ayuda al Consulado mexicano.

Han sido cuatro visitas

A Alejandrina González Villarreal, la embajada de México en Malasia la ha llevado a visitar a sus hermanos cuatro veces. Apenas en abril viajó 22 horas desde Culiacán hasta Kuala Lumpur para apelar una vez más la condena a muerte. “Son tres días de ida y tres de regreso y sólo puedo verlos 15 minutos”, menciona la sinaloense.

La defensa, a cargo del abogado Kitson Foong, alega que hubo manipulación en 16 de 22 evidencias en contra de los sinaloenses, entre ellas que una tercera parte del decomiso de metanfetamina desapareció. No obstante, los cinco jueces de la corte malaya desecharon el caso y mantuvieron la condena.

Actualmente, el abogado y el gobierno mexicano intentan cambiar de Corte para lograr revocar la sentencia. De lo contrario, los sinaloenses sólo tendrán como opción pedir clemencia al sultán, quien hasta ahora nunca ha concedido el perdón a ningún preso.

La casa de la familia González Villarreal es amplia, de paredes desnudas. En el patio se acumulan trastos viejos, juguetes e incluso una vieja máquina de videojuegos. Los nietos corretean por la vivienda y todos hablan con familiaridad de sus tres tíos condenados a muerte. Aunque se les acusó de formar parte del Cártel de Sinaloa, hasta su viaje al otro lado del mundo ninguno tenía antecedentes penales. “En aquel momento (2008) empezó a llegar mucha gente de fuera de aquí, al barrio, se reunían en las canchas de basquet o futbol, y yo creo que así los convencieron de irse”, apunta Alejandrina.

Aquel 4 de marzo, otros dos sinaloenses —Jorge Enrique, de 32 años, y Jesús Alfonso, de 26— fueron detenidos con varios millones de ringgits —moneda malaya— y cuatro coches de lujo, en un barrio residencial al norte de Johor, como parte del mismo operativo antidroga. Aunque se sospechaba que ellos eran los coordinadores de la célula que distribuía metanfetamina en ese país, fueron liberados cuando las autoridades se percataron de que misteriosamente la droga en su posesión había sido reemplazada por sal. “El hombre que se los llevó salió libre y nunca vino por aquí, nunca nos dio una explicación”, indica Carmen, la madre de los González Villarreal, quien confía en que sus hijos se librarán de la soga tarde o temprano.

El embajador de México en Malasia, Carlos Félix Corona, ha trabajado en los últimos dos años con varias organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Naciones Unidas, que se oponen a la pena de muerte, para defender el caso de los sinaloenses.

En Asia y El Pacífico hay 109 mexicanos presos, de los cuales 103 son acusados por delitos de narcotráfico. En ese continente sigue vigente la pena capital por este crimen en países como China e Indonesia. Aunque en Japón es legal la pena de muerte, sólo se aplica en casos agravantes en delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. En abril pasado, Indonesia ejecutó a ocho personas por este crimen, a pesar de la presión internacional para evitarlo.

Los González Villarreal pasan los días con la esperanza de librar la muerte. “Yo le pregunto a mis hermanos si esta ley, que supuestamente es para evitar el tráfico de drogas, funciona, y ellos me dicen que la mayoría de los que están ahí en la cárcel es por eso; eso quiere decir que no sirve de nada la pena de muerte”, dice Alejandrina González. Su madre añade: “Nadie debería morir por algo así”.