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Más de 20 empresas nacionales e internacionales participaron en la licitación para la construcción del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca. La parte técnica, una de las más importantes para obtener el contrato, representaba 50 puntos. Construcciones Aldesem y Epccor, consorcio ganador, obtuvieron una calificación de 37.8 puntos. Sus puntuaciones más bajas fueron en los apartados de sistema de aseguramiento de calidad y experiencia en obras. De los 4.4 puntos que valían estos indicadores, el grupo no obtuvo ninguno.
Tener cero puntos en estos apartados significa que estas empresas no presentaron una “verificación o certificación del laboratorio que se pretende emplear en el aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar” y que el personal no cumple con la experiencia solicitada en las bases.
Además, en el rubro relativo a la experiencia y especialidad del licitante, el consorcio presentó documentos de 13 obras realizadas en los últimos cinco años, para acreditar su conocimiento; sin embargo, ocho no cumplían con lo solicitado en los documentos de la licitación, debido a que el monto de los contratos que obtuvieron en otros años eran inferiores a los 500 millones de pesos. Esa cantidad no se compara con los más de 2 mil millones de pesos que cobrarían por la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.
A pesar de eso, los otros indicadores que se tomaron en cuenta en la licitación lograron darle el triunfo. El principal fue que su propuesta económica era la tercera más baja del concurso. La más alta era del convenio entre Acciona Infraestructuras México, Gami Ingeniería e Instalaciones, Impulsora de Desarrollo Integral y Tomsa Construcciones, con un monto de mil 154 millones 111 mil 328 pesos, pero en el puntaje de la propuesta técnica se quedó apenas con 16 puntos de los 50.
El presupuesto bajo que presentó Aldesem y Epccor tampoco se cumplió. La propuesta original era de mil 45 millones de pesos y al finalizar el costo de la obra se elevó hasta los 2 mil 213 millones de pesos. Además, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2015 hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron pagos por más de medio millón de pesos por servicios que no se realizaron o que se inflaron, por ello, no “cumplieron con el alcance y se ejecutaron trabajos de mala calidad”.
El documento también señala que después de una visita en octubre de 2016 a la zona de obras, detectaron carencias en la infraestructura y cambios en los materiales de construcción. “Se observó que el proyecto que está en proceso de ejecución no cuenta con retornos, acotamientos laterales interiores y exteriores, accesos y salidas a la carretera para los vehículos de emergencia, vigilancia o mantenimiento, lo que dificulta su operatividad. Además, la estructura de los pavimentos cambió de base y carpeta de concreto asfáltico por una estabilizada con cemento portland y carpeta de concreto hidráulico”.
Además de los más de 2 mil millones de pesos que costó la obra, la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) otorgó otros nueve contratos para este proyecto. Uno de ellos por 7 millones 227 mil pesos para Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, SC. Su objetivo: verificar la calidad de los trabajos relativos a la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express). Más otros 38 millones 557 mil pesos que se llevó Sacc Ingeniería, SA de CV por la “coordinación del proyecto”. Contrato que solo duró un mes.
Escándalos. En diciembre de 2014, cuando aún no comenzaba la obra, el testigo social Enrique Alcántara le hizo la advertencia a la SCT de que en el contrato no estaba claro cuántos carriles iba a poder ser ampliada la autopista.
“Esta licitación está iniciando sin la certeza de poder llevarla a cabo en el tiempo y costo considerado originalmente”.
Entre los problemas que se detectaron desde el inicio estaban la invasión del derecho de vía y la afectación al medioambiente, en especial a los bosques. “El derecho de vía existente sólo permite la ampliación a cuatro carriles de circulación por sentido, por lo que en un futuro se requerirá la construcción de nuevos carriles en un segundo piso”, aseguró Alcántara en el documento fechado al 5 de diciembre de 2014.
Otro de los rumores detrás de este proyecto fue que la empresa Epccor era propiedad de los hijos del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, dueño de Gutsa Infraestructura, la cual había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2011 por el incumplimiento de dos proyectos, de acuerdo con información de la agencia Reuters. Uno de ellos, una obra en esta misma autopista. Ante esto, la SCT indicó que la adjudicación se hizo conforme a la ley. Se le consultó a la secretaría sobre el detalle del fallo de la licitación y hasta el cierre de la edición no había contestado.
