Voto no castiga deuda de los gobernadores

Los gobernadores de los estados se endeudan sin consecuencias legales y sin castigo por parte del electorado, coincidieron expertos consultados por EL UNIVERSAL. De acuerdo con un análisis elaborado por este diario de las deudas subnacionales y entrevistas con expertos, los 12 estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio para cambio de gobernador no serán afectados en su imagen ni en la orientación del voto por las deudas contraídas.

Veracruz (45 mil mdp), Chihuahua (42 mil mdp), Quintana Roo (22 mil mdp), Oaxaca (13 mil mdp) y Tamaulipas (12 mil mdp) encabezan la lista de las cinco entidades con el mayor monto de deuda, de acuerdo con datos recabados por este diario de la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Les siguen Puebla (8 mil mdp), Zacatecas (7 mil mdp), Durango (7 mil mdp), Hidalgo (6 mil mdp), Sinaloa (4 mil mdp), Aguascalientes (3 mil mdp) y Tlaxcala (33 mdp).

Investigadores y académicos consultados coincidieron en que más que afectar el endeudamiento a su imagen pública, los gobernadores aprovechan el dinero líquido para hacer obras o infraestructura nueva y así llegar a los comicios con un electorado aparentemente contento, pero endeudado.

“No hay una percepción informada sobre la deuda. No es un elemento que incida en la orientación o en la preferencia electoral, salvo que en las campañas fuera algo que se destacara mucho”, afirmó Jacqueline Peschard, investigadora de la UNAM.

“No les interesa en un país donde menos de la mitad de la población no paga impuestos. No van a absorber el costo. Tiene que ver con inequidad fiscal. Nadie paga con consecuencias legales. A nadie le importa; le importa a un segmento reducido. Los habitantes de Coahuila o Veracruz no sienten el problema. Por eso es que no hay consecuencias”, advirtió Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE.

Incremento explosivo

En los últimos cinco años, a nivel nacional el nivel de endeudamiento de los estados creció cuatro veces más que los ingresos que reciben las entidades por concepto de participaciones federales, de acuerdo con el experto Kristóbal Meléndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP). “Y a eso hay que añadirle el componente electoral”, mencionó el especialista.

“Ahorita, con las elecciones hay que tener cuidado, hay que estar viendo cómo incrementa la deuda. Un ejemplo es Durango, que tendrá elecciones este año. Tan sólo de septiembre a diciembre de 2015 aumentó 32.3% su deuda. El caso de Oaxaca subió 16.76%. Es un crecimiento considerable en tan poco tiempo”, explicó.

Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, y Roberto Borge, de Quintana Roo, son los tres gobernadores que encabezan la lista por ser los mandatarios que, durante su sexenio, incrementaron de manera exponencial la deuda en sus respectivas entidades, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda.

El resto de los estados que tendrán elecciones, como Oaxaca y Tamaulipas, superan en 12 mil millones de pesos su deuda. En el caso de Puebla, Zacatecas, Durango, Hidalgo, Sinaloa y Aguascalientes, aunque no rebasan el promedio de endeudamiento de las 32 entidades federativas, su deuda rebasa los 3 mil millones de pesos cada una.

El único caso atípico es el de Tlaxcala, que su deuda no supera los 33 millones de pesos. Todas estas entidades tendrán elecciones para gobernador este año.

¿Cómo se endeudan?

Los gobiernos de los estados deben solicitar permiso a los congresos locales para endeudarse, y en algunos casos lo hacen a través de fideicomisos o fondos que abren para que los bancos acepten darles los recursos, siempre y cuando pongan algo en prenda.

Estos recursos por lo regular son las participaciones federales o impuestos locales. Para que los gobernadores puedan endeudarse, deben hacerlo con permiso de sus congresos.

Por eso, Luis Carlos Ugalde menciona que el Poder Legislativo en cada una de las entidades no ha actuado como un real contrapeso y ha permitido que se endeuden sin límites.

“Los actores responsables tendrían que hacer su trabajo. Los diputados no hacen control financiero del gasto público. Si no hace su trabajo el Legislativo, el Poder Ejecutivo en los estados puede hacer cualquier cosa, como abrir fideicomisos, contratación de deuda con bienes productivos, entre muchas otras cosas”, explicó.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un informe sobre la deuda subnacional y concluyó que después de la crisis financiera internacional de 2009, el endeudamiento de las entidades federativas y municipios “se incrementó considerablemente”.

En 2014, año en el que se basa el análisis de la ASF, menciona que los ingresos por transferencias federales representaron 83.1% de los ingresos totales de las entidades federativas.

Del total de estos ingresos, las aportaciones representaron 60.7% y las participaciones 39.3%. En dicho informe, el órgano autónomo destacó que existen 12 entidades, entre ellas Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca y Sinaloa (que tendrán elecciones en este año), con dependencia fiscal mayor a 90% de estos recursos.

Reforma pone candados

En días recientes, la Cámara de Diputados avaló la minuta que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, que tiene el propósito de imponer candados a los endeudamientos que realizan gobernadores y alcaldes en sus localidades.

Con esta reforma se anunció la conformación de una Comisión Bicameral, que discutirá los temas concernientes a las deudas que adquieran las entidades. Asimismo, se creará un Registro Público Único y un Sistema de Alertas que permita la vigilancia de las deudas públicas.

La revisión del destino y ejercicio de los recursos por parte de los gobiernos estatales y municipales, la fiscalización de su deuda y las garantías que el gobierno federal conceda en relación a empréstitos de estados y municipios, son tareas que realizará la ASF.

El artículo 26 de la ley estipula que la solicitud de financiamiento “deberá precisar y ser igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición y oportunidad de entrega de los recursos”. Este fragmento también incluye que se señale la fuente del pago del financiamiento o garantía a contratar.

A estos cambios se sumó también la adhesión de un segundo párrafo al Transitorio Decimocuarto, que condiciona a los gobiernos locales estar al corriente con las obligaciones establecidas para acceder a la deuda estatal garantizada (el gobierno federal garantiza el pago de la deuda). Es decir, el balance entre egresos e ingresos deberá ser mayor o igual que cero para obtener más financiamientos.

Por lo anterior, el artículo 35 indica que la deuda estatal garantizada no podrá exceder 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En caso de que exista una variación negativa y la deuda supere dicho porcentaje, el gobierno federal la solventará en 25% durante el primer año; 50% en el segundo; al tercer año subsanará 75%, y al cuarto año absorberá 100% de la deuda.

De acuerdo con Kristóbal Meléndez (CIEP), especialista en el análisis de la Cuenta Pública, los estados con producción de hidrocarburos se están viendo afectados por la caída de los precios del petróleo. “Esta situación contribuirá a que el Producto Interno Bruto de algunos estados disminuya, por tanto las participaciones, por parte del gobierno federal, disminuirán también. Esto va a incrementar las deudas de los estados claramente”, dijo.

Meléndez explicó que la deuda subnacional subió 116% desde 2007 a 2015. “Eso, en términos reales, es alarmante. Subió cuatro veces más la deuda que los ingresos”, dijo.

Antes de la ley, algunos gobernantes lo que hicieron fue contratar deuda para cuenta corriente. “Mucho se utilizó para ganar elecciones, recursos que se emplearon en la población para despensas, beneficios o regalos; al final de cuentas eso se tiene que pagar.

“Con la ley de disciplina fiscal se prohíbe esa cuestión. Las deudas deben ser sólo para inversión y estimular el crecimiento económico”, alertó el experto.

Para Peschard, el endeudamiento no es un elemento que afecte en el electorado.

“Yo considero que no es un elemento que incida en la orientación o en la preferencia electoral, salvo que en las campañas fuera algo que se destacara mucho. Sólo que estuviera en el centro de una campaña política”, expresó.

Con estos niveles de endeudamiento, los 12 gobiernos estatales entraron al proceso electoral de 2016.