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En los últimos 15 años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 426 mil 617 metros cúbicos de madera talada de forma clandestina.
Datos proporcionados por la depen- dencia revelan que existen 108 zonas críticas forestales vigentes en todo el país. En estos lugares se registra la mayor incidencia de ilícitos forestales, mejor conocidos como tala clandestina, de acuerdo con cifras obtenidas por EL UNIVERSAL vía la Ley de Transparencia.
En el estado de Veracruz hay nueve zonas críticas y es la entidad que mayor número registra, de acuerdo con la dependencia. Entre las regiones destacan la zona del Pico de Orizaba, Papantla, Cofre de Perote, Misantla, Chicontepec y Los Tuxtlas.
Le sigue Jalisco, con siete áreas identificadas: la Sierra Occidental, donde se ubican Ayutla y Cuautla en riesgo; Sierra de Amula, donde la región boscosa de Chiquilistlán también está en estado crítico; sureste, con las zonas Mazamitla y Santa María del Oro; sur-costa norte, a la que pertenece Puerto Vallarta; costa sur y sureste.
En la Zona Metropolitana del Valle de México se reportaron cinco regiones que incluyen la zona del Ajusco, el Parque Nacional Desierto de los Leones, la Sierra de las Cruces y parte de las delegaciones de Milpa Alta y Xochimilco. En la parte oriente de la región se agrega el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca también está en la lista; incluye al Estado de México y Michoacán. Entre 2011 y 2012, la Profepa, pobladores de la región y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) lograron una “tasa cero” de deforestación en esta zona a través de la puesta en marcha de brigadas de vigilancia.
Sólo cinco estados no cuentan con espacios críticos y de riesgo, de acuerdo con la información entregada por la dependencia: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit y Tabasco.
Delito contra el ambiente
Aunque la Profepa dio a conocer las cantidades de madera asegurada, no entregó la información relacionada con las localidades donde fueron realizadas las acciones, por lo que no hay una conexión entre los metros cúbicos resguardados y las zonas críticas detectadas por la dependencia en los últimos 15 años.
La pérdida económica causada por este delito no se puede conocer a detalle, de acuerdo con lo que respondió la dependencia a través de la Unidad de Enlace, pues se afirmó que la Profepa no tiene las cifras.
“En cuanto al monto aproximado de la pérdida que significa la tala [clandestina] para el Estado, así como las afectaciones que se han reportado al medio ambiente, es conveniente mencionar que no se cuenta en esta Procuraduría con una estimación global al respecto”, detalla la solicitud de información.
Leopoldo Galicia, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, confirmó que no hay modo de saber cuántas pérdidas económicas ocurren por el problema.
“No hay información oficial. El monitoreo de bosques es muy complicado por las grandes extensiones que tienen. Hay ineficiencia en la policía y la Procuraduría [Profepa] tiene personal insuficiente para patrullar. La tala clandestina es una actividad realizada por el crimen organizado que se encuentra muy bien armado, lo que hace todavía más complejo el problema”, comentó el experto.
Por el delito de tala clandestina, la Profepa informó que se han puesto a disposición del Ministerio Público Federal a 945 personas entre 2005 y septiembre de 2015, con base en los informes anuales y el reporte Combate a la tala clandestina entregado a EL UNIVERSAL.
La tala clandestina está catalogada como un delito contra el medio ambiente. El Código Penal Federal, en el artículo 418, estipula el castigo, que va desde seis meses hasta nueve años de prisión y hasta 3 mil días de multa a quien ilícitamente “corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles”.
Denuncia y lo encarcelan
Desde 1998, Ildefonso Zamora denunció la tala clandestina en su pueblo, San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilán de Arteaga, Estado de México. De acuerdo con datos de Greenpeace, el lugar tiene una extensión boscosa de 10 mil 800 hectáreas. El Parque Nacional Lagunas de Zempoala, destino ecoturístico, pertenece a la zona.
Ildefonso se acercó a Greenpeace en 2004 y explicó la problemática de los bosques de su comunidad. Las múltiples denuncias contribuyeron a que la Profepa realizara los primeros operativos. Ese mismo año, Ildefonso y su familia recibieron las primeras amenazas de muerte por parte de los taladores ilegales.
En 2005, el activista presentó una nueva denuncia con grabaciones y fotografías obtenidas por su hijo Aldo, que mostraban a los taladores realizando la actividad ilícita. En 2006, el Ministerio Público Federal emitió 47 órdenes de aprehensión en contra de los talamontes.
Sin embargo, los documentos fueron considerados insuficientes por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, quien “solicitó más pruebas, como las marcas de las sierras que utilizaban los taladores ilegales o las placas de los autos en los que se transportaban”, comentó Miguel Soto, de Greenpeace, quien encabeza la campaña #IldefonsoLibre.
Las amenazas hacia la familia Zamora surtieron efecto. El 15 de mayo de 2007, Aldo fue asesinado y Misael, su hermano menor, fue herido en un pulmón por un balazo.
Un mes después, por el aprovechamiento sustentable, protección y restauración de los bosques de Atzingo, el ex presidente Felipe Calderón entregó a Ildefonso y comuneros de la región el Premio al Mérito Ecológico.
En aquella ocasión, Calderón prometió justicia para resolver el crimen del que fueron víctimas los hermanos Zamora. Transcurrieron tres años (2010) para que se detuviera a dos de las cuatro personas que cobraron la vida de Aldo e hirieron a Misael.
En el periodo comprendido de 2012 a 2015, Ildefonso continuó las acciones de defensa de la zona. Se convirtió en el presidente de Bienes Comunales del municipio de Ocuilán de Arteaga. No obstante, los problemas no dejaron de aparecer para su familia.
El 20 de noviembre de 2015, luego de haberse llevado a cabo los festejos de la Revolución Mexicana en su municipio, policías detuvieron con violencia a Ildefonso y lo trasladaron al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, donde permanece.
Además de Greenpeace, la familia Zamora ha recibido apoyo en la estrategia jurídica de parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) desde el asesinato de Aldo.
Gabriela Carreón Lee, del Centro Prodh, explicó que a Ildefonso no se le mostró ninguna orden de aprehensión el día que lo detuvieron. Se le acusó de robo agravado, realizado supuestamente en 2012. Una vecina suya fue la que presentó la acusación en su contra. “En la denuncia aparece el nombre de Ildefonso, donde ella presume que lo vio con 360 mil pesos que eran parte de ese supuesto robo”, expuso.
Carreón Lee añadió que pasaron tres años antes de que Ildefonso fuera detenido y nunca se le avisó que se había iniciado una carpeta de investigación en su contra.
“Estamos ante la fabricación de un delito. Cuando se abre una investigación, el acusado debe ser avisado para que pueda reunir elementos en su defensa”, dijo la abogada de la ONG.
Miguel Soto, de Greenpeace, mencionó que han solicitado atención a este caso por parte de las autoridades correspondientes. En total, se han enviado 14 mil correos electrónicos con peticiones en línea.
La organización dio a conocer que la misma Profepa ha sufrido en carne propia la muerte de sus empleados. Datos de la dependencia federal entregados a Greenpeace revelaron que —de 1991 a 2016— 33 inspectores forestales fueron asesinados.
En 2006, la Profepa tenía 300 inspectores para vigilar las 56 millones de hectáreas de bosques y selvas del país, de acuerdo con datos obtenidos por Greenpeace.
Hasta ahora, Ildefonso Zamora sigue preso y los bosques en Ocuilán de Arteaga se han quedado sin su vigilante.
