Los cientos de fideicomisos que hay en México son considerados como las “cajas negras” de los gobiernos: llenas de opacidad y con una escasa rendición de cuentas, coincidieron expertos.
En la mayoría de los casos, estas “cajas chi-cas” no presentan informes en tiempo real. Utilizan el pretexto del secreto bancario y fiduciario para evitar el escrutinio, dicen especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
“Estamos hablando de montones de contratos por todo el país, que pueden estar ociosos o que pueden estarle generando rendimientos a un director general que sabe manejar el fideicomiso. Toda la reforma hacendaria pudo haber tenido el mismo resultado, si hubiera habido una política de recuperación de todos los activos en fideicomisos”, explicó Óscar Arredondo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Antes de 2004 no existía ningún registro organizado de los fideicomisos. A partir de esa fecha, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó su sistematización y depuración y ahora con la implementación de la política de datos abiertos, el gobierno mexicano cuenta con esta información en sus sitios web, a partir de 2006.
La Unidad de Periodismo de Datos de EL UNIVERSAL revisó los datos y obtuvo la información detallada de 614 fideicomisos públicos federales que se encuentran en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De ellos, 344 están vigentes. De 2006 hasta el tercer trimestre de 2014 el gobierno ha ingresado, en promedio, más de 200 mil millones de pesos cada año a estos instrumentos financieros.
Dinero entra y sale anualmente de estas cuentas, pero no se sabe a ciencia cierta el destino de cada peso. “La falta de estructura de estos fideicomisos complica el acceso a la información de las operaciones que realizan y facilitan que recursos públicos involucrados en ellos se manejen con irregularidades”, detalla el informe Transparencia en Fideicomisos que involucran Recursos Públicos, elaborado por Fundar.
Ante las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el manejo de los fideicomisos públicos, Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, afirmó: “Dentro de la Unidad a mi cargo, no utilizamos los fideicomisos como caja chica. Los reportamos de la misma manera como reportamos a todas las dependencias”.
Sobre las recomendaciones y las irregularidades encontradas en diversos fideicomisos, Gamboa Lozano afirmó que son casos puntuales y que deben ser tratados uno a uno y encontrar quiénes son los responsables directos, pues, afirmó, “no es una práctica generalizada”.
Cajas chicas para todos
En México existen diferentes tipos de fideicomisos. Además de los federales, cada uno de los gobiernos locales puede abrir una nueva “cuenta” y al mismo tiempo comenzar un nuevo fideicomiso con el gobierno federal y viceversa. Así, el número de “cajas chicas” se va multiplicando vertiginosamente.
Esta fue una de las razones que obligó a que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información se incluyeran los fideicomisos como uno de los sujetos obligados a rendir cuentas. Así fuera una cuenta de cheques (como lo es el fideicomiso que maneja la Comisión Especial de Atención a Víctimas) o una institución completa (como el Fondo Nacional de Turismo, Fonatur) o un fideicomiso de gobierno local (como los abiertos por los gobiernos de los estados para pagar sus deudas).
Esta figura bancaria se ha ocupado para cubrir desde cuestiones de infraestructura hasta desgracias nacionales. Conceptos como la construcción de una carretera, rescatar a los ex braceros, corregir un error como el derrame del Río Sonora o para atender a víctimas como las de la Guardería ABC o de desaparecidos, son algunos de los que se pueden ver en la base de datos de Hacienda.
También hay fideicomisos que se abrieron sólo para un momento específico, como el de los Festejos del Bicentenario, creado en 2007 con un monto de 50 millones de pesos. La mayor parte del dinero fue utilizado en 2010 y actualmente sus cuentas están en ceros, de acuerdo con los reportes de la SHCP.
Aníbal Gutiérrez, investigador de la UNAM, afirmó que bajo el pretexto del secreto bancario y fiduciario, muchos de estos instrumentos, utilizados por los gobiernos locales y el federal, corren el riesgo de ser utilizados como “cajas chicas”, al no saberse el destino final de los recursos o porque simplemente no se conoce la información.
“El chiste es que no se convierta en carga financiera adicional o caja chica, en la que se esté metiendo a cada rato la mano. Esa sería la parte importante”, dijo.
Organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también han detectado malas prácticas en este tema. “Hay una tendencia a la creación de fideicomisos públicos resultante de economías o subejercicios en la ejecución de los presupuestos anuales. Es decir, que ante la obligación de gastar anualmente, cuando no se ejercen los recursos en tiempo, a efecto de no devolverlos a la tesorería de la federación, se constituyen fondos que pueden irse ejecutando sin sujeción a tiempo”, así lo citan en el informe publicado por Fundar.
Irregularidades detectadas
¿Qué es un fideicomiso? Expertos lo resumen “como si el gobierno abriera una cuenta a su nombre, pero con recursos públicos, provenientes de los impuestos que todos los mexicanos pagan”.
De los 614 fideicomisos en la base de datos sistematizada por El UNIVERSAL, éstos cuentan con un acumulado de alrededor de 2 billones de pesos, cifra casi similar a la mitad de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), aprobado para este 2016. Pero sólo son 344 los que están vigente actualmente.
Cada uno de estos fideicomisos a su vez genera rendimientos millonarios, como cualquier cuenta en el banco. Sin embargo, esta información tampoco se detalla en tiempo real y en algunos casos incluso se han detectado irregularidades en el manejo de estos montos, como ha revelado la ASF.
“Hay todavía mucho que hacer para tener mayor eficiencia en la aplicación de los recursos. No digo que se desvíen, sino que se introducen o se utilizan a través de fideicomisos”, dijo el entonces recién nombrado auditor Juan Manuel Portal, en 2010.
Amparados bajo el secreto fiduciario, las dependencias y entidades siempre acudieron al secreto fiduciario para no entregar información solicitada sobre el tema. Hoy, con la aprobación de la Ley General de Transparencia, el secreto fiduciario no puede ser invocado por las autoridades y deben abrir la información.
Actualmente los fideicomisos se encuentran repartidos en seis temáticas que permiten afrontar diversas emergencias del gobierno federal: Apoyos Financieros, Estabilización Presupuestaria, Infraestructura, Pensiones, Prestaciones Laborales y Subsidios.
La dependencia que concentra más fideicomisos es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser la entidad que determina la apertura de este instrumento financiero en las dependencias gubernamentales. Y es que una de las principales ventajas de los fideicomisos —al menos de los que son no paraestatales— es que no tienen que pasar por el Congreso de la Unión para su aprobación.
Auditorías a cajas negras
La Auditoría Superior de la Federación ha auditado, año tras año, estos instrumentos financieros, debido a las irregularidades que presentan, al ser consideradas las “cajas negras” de los gobiernos.
Existen fideicomisos que presentaron tales irregularidades como las siguientes: El Fideicomiso 1326, constituido en 1991 por Hacienda, cuyo objetivo era el “Programa para la Modernización Educativa del país”, se cerró y a pesar de ello, 16 años después, mil 717 millones volvieron a aparecer en la contabilidad del mismo. Esto lo detectó la ASF en la revisión de la cuenta pública 2009. Ese tipo de irregularidades fueron detectadas años antes por el IFAI y por ello solicitaron a Hacienda que hiciera un registro público de los fideicomisos, a partir de 2004.
“Ni ellos mismos (los funcionarios de Hacienda) sabían cuántos había”, reveló María Marván, ex comisionada del IFAI. Aunque se han ido extinguiendo los fideicomisos ociosos, aún existen muchos que por diversas causas no se han cerrado. Incluso el Fideicomiso del Bicentenario, abierto sólo para los festejos de 2012, sigue existiendo activo como uno de los instrumentos del gobierno federal.
