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Con pistola en mano, un hombre asaltó a Priscila en el pesero cuando regresaba a su hogar en el Distrito Federal. En otro punto, dos sujetos le robaron a Ángel 30 mil pesos que había retirado del banco, amenazándolo con un arma de fuego. Ninguno de los dos levantó una denuncia.
Desde 1998 Luis no había sido víctima de un delito hasta que en 2013 le robaron su celular. No han pasado dos años y ya le robaron otro equipo. Tampoco denunció el hecho.
En menos de tres años, a la familia de Yonathan le han robado tres autos afuera de su casa, en el municipio de Ecatepec. En todos los casos los delincuentes portaban armas de fuego. Como se trató del robo de sus autos, la familia acudió a denunciar, pero no siempre es así. La última vez que asaltaron a Yonathan para quitarle su reloj y su celular ya no lo denunció.
Los delitos de los que fueron víctimas simplemente no existen en las estadísticas de las procuradurías estatales, cifras con las que los gobernadores abanderan sus logros en materia de seguridad. Junto con ellos, miles de delitos que no se denuncian quedan en el olvido.
El resultado es que las cifras que manejan los gobiernos de los estados no reflejan en realidad los niveles de inseguridad que los mexicanos viven a diario.
En México existen dos fuentes oficiales para medir la incidencia delictiva, pero muestran dos realidades distintas. El México que aparece en los informes de gobierno de cada estado, y que se basa en los registros de averiguaciones previas (delitos denunciados), es un país donde la incidencia delictiva disminuyó 10% entre 2012 y 2014, pasando de 2 mil 225 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años a 2 mil 2.
La otra fuente es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe), representativa a nivel nacional que permite estimar el número de delitos del fuero común que en realidad ocurren en el país, independientemente que éstos se denuncien o no. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se encarga de su publicación.
Sus cifras muestran que el crimen creció 19% en el mismo lapso, pasando de 35 mil 139 delitos por cada 100 mil mexicanos mayores de 18 años a 41 mil 655.
Eso no es todo. Mientras que las cifras estatales indican que la incidencia delictiva bajó en 24 estados y sólo creció en ocho, los datos del Inegi revelan que el crimen en realidad aumentó en 26 de las 32 entidades del país. Al comparar las dos fuentes, en 18 estados la tendencia es completamente opuesta: mientras la estadística de las procuradurías apunta a una disminución del delito, los datos del órgano autónomo muestran una tendencia creciente.
Para el reportaje sólo se tomaron en cuenta los delitos del fuero común, es decir, los que se encuentran tipificados en los códigos penales de cada estado como el robo, la extorsión, el fraude, las violaciones sexuales, el secuestro y el homicidio. Los delitos del orden federal quedaron fuera de este análisis.
Estados ignoran realidad
La Envipe no es una encuesta cualquiera. Desde diciembre de 2011 adquirió un carácter oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Pero las autoridades prefieren hacer caso omiso de la información que provee el Inegi para mencionar siempre las cifras de las procuradurías al momento de enumerar sus logros en materia de seguridad. Basta echar un vistazo a los informes de gobierno para confirmarlo.
“Siempre hay que tener presente que las procuradurías van a tomar las cifras que muestren que están haciendo bien su trabajo, y esto no necesariamente lo va a hacer la otra fuente… y las dos son fuentes oficiales”, señala Luis Herrera-Lasso, especialista en temas de seguridad.
Realidades alternas
En 18 entidades las cifras estatales chocan con los datos del Inegi. En las primeras el delito disminuye; en la encuesta de victimización, se incrementa. Estos estados son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, el Distrito Federal, Durango, Guerrero, el Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
En el Estado de México, de donde es Yonathan, las cifras de la procuraduría estatal muestran que la incidencia delictiva disminuyó 14.5% entre 2012 y 2014. Sin embargo, los datos del Inegi revelan que se disparó 47.2%.
En el Distrito Federal —donde viven Priscila, Ángel y Luis— los datos de la procuraduría capitalina muestran que la delincuencia en 2014 se mantuvo en los niveles de 2012. Sin embargo, la Envipe revela que la tasa delictiva creció 21%. Otro caso emblemático es Guerrero, estado donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Según las cifras estatales, los delitos disminuyeron 5.3%. De nueva cuenta las cifras del Inegi presentan una historia diferente al mostrar que la incidencia delictiva en realidad aumentó 26.4%.
Cifra negra
Luis Herrera-Lasso, experto en seguridad, señala que el registro por averiguaciones previas tiene la desventaja de que no considera la cifra negra del delito, es decir, aquellos donde no hubo denuncia o no se inició una averiguación previa.
Los resultados más recientes de la Envipe, publicados el miércoles pasado, revelan que en 2014 se cometieron 33.7 millones de delitos en el país. De éstos, apenas se denunciaron 3.6 millones y sólo se inició una averiguación previa para 2.4 millones. En otras palabras, sólo se registró 7.2% de los delitos. El 92.8% restante, la cifra negra del delito, simplemente quedó en el olvido.
Peor aún, casi dos terceras partes (63%) de los mexicanos que no denuncian lo hacen por causas atribuibles a la misma autoridad, tales como creer que es una pérdida de tiempo, evitar trámites largos, desconfiar de los servidores públicos, considerar que tienen una actitud hostil o que incluso puedan extorsionarlos.
Herrera-Lasso considera que resulta riesgoso generar políticas públicas en materia de seguridad con las estadísticas actuales. “Cómo vas a tener políticas públicas que sean pertinentes a la situación cuando las cifras difieren así, cuáles se van a tomar, si unas u otras”.
Para poder comparar ambas fuentes, los datos de las procuradurías se transformaron a tasas por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años, que es la fórmula de incidencia delictiva aplicada en la Envipe.
jram
