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En el marco de la celebración del Día de la libertad de Expresión en México, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dejó plantados por segunda ocasión a los diputados de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados.
La primera ocasión fue antes de la llegada del nuevo titular Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
En conferencia de prensa, la presidenta del órgano legislativo, la diputada Brenda Velázquez (PAN), detalló que la inasistencia del fiscal se debía a que ésta acordó con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acudir con ellos primero que con la Comisión.
“La excusa que nos dio el fiscal fue que también lo habían citado en la Permanente para la próxima semana y que la habían solicitado reunirse primero en la Comisión Permanente y después venir con nosotros”, precisó.
En conferencia de prensa al preguntarle que era la segunda ocasión que el titular de la Fiscalía los desairaba, la panista respondió que efectivamente han sido desairados por las autoridades federales en cargadas del resguardo y protección de los periodistas, sin embargo, justificó que ante la llegada del nuevo fiscal es probable que ahora sí asista a una reunión con ellos.
“A raíz de que nos dejó plantados la vez pasada y a raíz de los malos resultados fue que hubo ya un cambio del Fiscal, ya el nuevo Fiscal tiene aproximadamente tres semanas que inició en el cargo, hacer el cambio de Fiscal no es una garantía de que se vayan a dar resultados, pero tenemos fe en que vaya a ser de esta manera”, expresó.
En contraste, el diputado Virgilio Oropeza (Morena), dijo que el desaire del nuevo fiscal, no sólo representa una simple inasistencia, sino “el comportamiento del gobierno federal frente al asesinato de periodistas, los cuales hasta ahora suman 36 compañeros”, externó.
Por lo anterior adelantó que si las autoridades no hacen nada para proteger la vida de los periodistas en México, es necesario acudir a las instancias internacionales, para que obliguen al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a conformar y establecer una Comisión Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, con el fin de que intervenga en el esclarecimiento de dichos crímenes hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los responsables materiales e intelectuales de los mismos.
