Las conductas de corrupción por parte de gobernadores y funcionarios públicos deben tener consecuencias morales y espirituales además de las ejercidas por la ley, por ello, la Arquidiócesis de México mencionó que la Santa Sede ya analiza la viabilidad para aplicar la máxima de las penas a los políticos rapaces, es decir, la separación del cuerpo eclesial o la excomunión a corruptos, esto con la finalidad de sensibilizar a la sociedad de la gravedad de sus actos.
A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, autoridades eclesiásticas lamentaron los resultados que recién dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la malversación de recursos federales otorgados a los Estados; en donde se observa que el desvío impide saber cuál fue el destino de “monumentales” cantidades otorgadas a las 32 entidades federativas que, en conjunto, no han podido comprobar casi 98.2 mil millones de pesos, mismos que habrían tenido que ser aplicados al desarrollo, infraestructura, deuda pública, seguridad social o provisiones salariales y económicas en el periodo comprendido entre 2013 y 2015.
El texto detalla que 56% del mal uso de recursos se centra en cinco estados: Veracruz, Michoacán, México, Jalisco y Oaxaca, sitios “que descuellan por los altos índices de marginación, pobreza, inseguridad, criminalidad, feminicidios y desigualdad. Estados que han sido gobernados bajo distintas banderas y colores partidistas”.
La Arquidiócesis , encabezada por el cardenal Norberto Rivera , señaló que cuando se discutió y aprobó la llamada Reforma Política Electoral, las fracciones parlamentarias propusieron lineamientos de blindaje, con el objetivo de proteger las candidaturas e impedir que el crimen organizado se hiciera de las riendas del poder, evitando que los cárteles tomaran el control absoluto, como fue en Michoacán, donde prácticamente la corrupción e impunidad patrocinó “narcocandidaturas”; sin embargo, advirtió que “el enemigo estaba en casa”.
Subrayó que las fuerzas políticas “no se blindaron de las ambiciones corruptoras y desmedidas de gobernadores, cuyas administraciones dan evidencia contundente de nivel de degradación absoluta”.
El artículo resaltó que el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos “han sido incapaces de garantizar los mínimos elementales de transparencia y honorabilidad” y que desde los comicios federales de 2012, la historia mostró una gran tragedia.
Reiteró que los criminales son los mismos gobernantes, que en su momento fueron supuestamente escogidos bajo lupa a través de procesos rigurosos de selección “dignísimos líderes” merecedores de confianza, pero que en los hechos demostraron el cinismo del fraude a la ley y la burla al electorado, en dónde los más pobres son los que más pierden debido a la rapacidad de estos gobernadores que encarnan a la corrupción misma.
Como conclusión, el editorial alertó que mientras se acerca el proceso electoral de 2018, los ciudadanos manifiestan desconfianza hacia los partidos políticos y su descomposición, puesto que no responden a las atrocidades que han cometido los gobernadores corruptos que forman o formaron parte de sus filas.
“Con justificada razón la sociedad pide que los partidos respondan como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que ahora están bajo proceso. Lo más justo y lo mínimo sería la cancelación del registro de los partidos políticos cómplices y la obligación legal de reparar los daños causados, que siguen impidiendo el avance del desarrollo y del bien común”, concluyó el texto.
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