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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, llamó a los servidores a trabajar siempre de frente a la sociedad y dijo que el Poder Judicial de la Federación (PJF) rechaza cualquier forma de corrupción, tanto en el manejo de recursos como en la conducta de sus integrantes.
Al inaugurar el seminario Diálogos para la Justicia Abierta en el Tribunal Electoral del PJF, Aguilar Morales llamó a los funcionarios a ser ejemplo de integridad y transparencia.
“No sólo los impartidores de justicia sino todos los que prestan sus servicios en el PJF debemos ser ejemplo de transparencia e integridad. A cada uno de nosotros corresponde abonar por el respeto irrestricto al derecho de acceso a la información, lo que a su vez, redundará en la confiabilidad y la legitimidad de la judicatura nacional”, dijo.
“Todos debemos trabajar de frente a la sociedad, nunca de espaldas a ella. La transparencia inhibe la corrupción y mejora la prestación de los servicios públicos, porque en el PJF no aceptamos ninguna forma de corrupción, ni en el uso de los recursos presupuestales ni en el comportamiento humano de los integrantes”, detalló.
Aguilar Morales enfatizó en que la información pública es requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y la rendición de cuentas y un factor decisivo para fortalecer la legitimidad de las instituciones de impartición de justicia, mediante el incremento de la confianza de la sociedad.
“La justicia abierta responde a la necesidad de reducir brechas entre el gobierno y sociedad, en ese sentido, el PJF enfrenta desafíos de diversa índole”, comentó.
“Impulsar, precisamente, la justicia abierta requiere fortalecer y facilitar el acceso de las personas a los órganos jurisdiccionales, llevarlos a las comunidades donde más se requiere su función; robustecer el uso y la disponibilidad de herramientas informáticas que aproximen a juzgadores y ciudadanos; hacer más comprensibles y pedagógicas las resoluciones judiciales, y, por supuesto, abrir aún más nuestra labor jurisdiccional sustantiva”, explicó.
Según lo establecido en la Ley General de Transparencia, la SCJN conocerá de los recursos en materia de seguridad contra las resoluciones que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Dichos recursos son promovidos por el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República cuando considere que la entrega de cierta información pueda poner en riesgo la seguridad nacional.
El más reciente caso en el que la Corte resolvió un recurso de este tipo fue en abril pasado cuando decidió reservar los datos sobre rutas, horarios y lugares de salida y llegada de la flota aérea al servicio del titular del Ejecutivo.
“Juzgar a juzgadores”. En su participación, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora, planteó que en una democracia, en la que se forma opinión pública, “la ciudadanía debe estar en condiciones de juzgar a los juzgadores en su actuación y desempeño”.
Por ello, el tribunal debe encontrar mejores canales de comunicación con la ciudadanía, “fundamentando y explicando sus decisiones para contribuir al debate público, a una mejor comprensión de los procesos electorales y consecuentemente a generar confianza pública en las instituciones electorales”.
Reconoció que ésta no mejorará si la ciudadanía no conoce y comprende el sentido y los resultados de estas instituciones.
Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), expuso que el gobierno abierto “es, antes que cualquier cosa, una filosofía de gobierno”.
En ella se debe transformar la manera en la que autoridades y sociedad se relacionan; “un gobierno abierto implica que trabaja de manera efectiva con, desde y para los ciudadanos”.
Anunció que la SFP convocará a las dependencias a aplicar “políticas de justicia abierta en el Ejecutivo federal, con el objetivo de establecer un grupo de trabajo que impulse dichas acciones”.
Demandan apertura real. En la mesa sobre la colaboración de los tribunales electorales con otras instancias, la consejera Pamela San Martín planteó que no abona a la justicia abierta que el TEPJF resuelva, en sesiones privadas, sobre las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de propaganda.
Es trascendente que la ciudadanía sepa los argumentos respecto a por qué puede o no conocer de una propaganda, y por eso se debe resolver en sesión pública, planteó, ya que están de por medio derechos ciudadanos.
Cuestionó también que a raíz de sentencias del TEPJF el INE haya resuelto bajar de su página web de pautas spots que se ordena bajar de radio y televisión, cuando se trata de información pública que permite a la ciudadanía interesada acceder a información y conocer sobre temas sujetos a debate, por lo que es parte de la apertura necesaria en materia electoral.
