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La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestaron, de manera separada, su beneplácito por la aprobación por parte del Senado de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y exhortaron a los Diputados a aprobar a la brevedad esta ley.
La ONU-DH consideró que esta ley responde a los estándares y a varias recomendaciones de organismos mundiales de derechos humanos, incluida, las hechas por Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su pasada visita de trabajo, en octubre de 2015.
En un comunicado, la organización manifestó su beneplácito de lo establecido en la ley en materia de sanciones, las obligaciones del Estado en la búsqueda de personas, así como la implementación de diversos sistemas para la búsqueda de personas desaparecidas, fallecidas no identificadas y de fosas.
“La ley establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, reconoce el carácter permanente de la conducta, le confiere el carácter de imprescriptible y determina un régimen de sanciones agravadas en determinados supuestos, así como incentivos para dar con el destino de las personas desaparecidas y los responsables. Además, plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operarán con una serie de herramientas y plataformas de información, como son los registros nacionales de personas desaparecidas, personas fallecidas no identificadas y fosas”, indicó.
La ONU-DH también reconoció que la nueva ley tenga un enfoque diferenciado para responder a determinadas personas como migrantes, niños y victimas de la llamada “Guerra Sucia”, así como regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las victimas.
Sin embargo, el organismo mundial lamentó que no se haya logrado un consenso entre las autoridades, las organizaciones de víctimas y los asesores de éstos, por lo que “será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos.”
La ONU-DH exhortó a los diputados a procesar y aprobar a la brevedad posible esta ley, y refrendó su disponibilidad de continuar trabajando con el gobierno mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.
También en un comunicado, Amnistiá Internacional (AI) consideró que la aprobación de esta ley puede constituir un avance para hacer frente al tema de derechos humanos en México, y pidió a San Lázaro que esta ley avance con firmeza para que se convierta en una realidad.
“La aprobación definitiva del proyecto de ley es decisivo para poner fin a la pesadilla que día a día viven miles de familias que buscan a sus seres queridos, enfrentando enormes riesgos y haciendo labores que corresponden a las autoridades públicas”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se sumó al beneplácito por la aprobación del proyecto de ley, debido a que ayuda a erradicar esa práctica en México y señaló que la aprobación de esta ley representa un reconocimiento expreso al trabajo que realizan miles de personas que han sufrido la desaparición de algún familiar.
