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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indagará los hechos que ocurrieron en uno de sus hospitales en el puerto de Veracruz, cuando en marzo de 2015, Patricia, una joven que sufrió un aborto, afirma que fue criminalizada por el personal de la institución, así como por autoridades ministeriales estatales, por lo que considera que se violaron sus derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Atraído para su análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con este caso la organización Las Libres en Guanajuato y la Clínica de Interés Jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que tomaron la defensa de Patricia, buscan que se declare la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal veracruzano, que tipifica el aborto como delito, y que la joven, hoy de 21 años de edad, sea resarcida en los daños que ha sufrido.
Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer el caso de Patricia, ante el cual el IMSS asegura que se llegará hasta las últimas consecuencias, incluso si éstas fueran de carácter penal, con el fin de que se aclare lo ocurrido con la joven ante su aborto en esta institución.
Antonio Benítez Lucho, delegado regional del IMSS en Veracruz Norte, asegura en entrevista que por instrucciones del director general, el área jurídica inició una averiguación —número 38/IL/2016— con la intención de que se puedan deslindar responsabilidades. Esta investigación durará 30 días, que comenzaron a correr a partir del pasado viernes 1 de julio.
“Pienso que le debemos dar toda la agilidad que el caso requiere, porque nosotros estamos interesados en respetar los derechos humanos sin menoscabo de la integridad física de nuestros derechohabientes, y estaremos atentos y respetuosos de la resolución que pueda emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos los primeros interesados en que se esclarezca la verdad, porque somos respetuosos de las leyes y las instituciones”, asegura.
“De igual modo le decimos a Patricia —quien no se sintió bien atendida— que debe recurrir con nosotros para que acuda a la normatividad interna y pueda reclamar lo que dijo que ocurrió. En este caso si sintió que hubo una mala atención o sencillamente un maltrato por parte de nuestros trabajadores”, destacó Benítez Lucho.
Aseguró que este caso es muy singular “y habrá que revisar quienes fueron el personal médico o paramédico que en ese momento pudo haberla atendido, y necesariamente vamos a tener que revisar el propio expediente clínico donde se escribe, o se trascribe exactamente que fue lo que pasó. Este es un proceso inminentemente técnico-médico, la opinión es técnica y todo se documenta en un expediente clínico, por eso digo que iniciamos la investigación para saber qué fue lo que ocurrió”.
El funcionario destacó además que no existen antecedentes respecto a que Patricia hubiera presentado alguna queja ante el IMSS.
“Debemos investigar cuál fue el trato que recibió de la persona que pudo haberla atendido, investigar qué día, a qué hora, para estar justamente en la posibilidad de indagar y revisar, y en su caso —suponiendo sin conceder, a partir de lo que dice nuestra paciente— deslindar si hubo mala atención y sancionar. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los médicos y enfermeras están sujetos a una investigación, y en todos los casos de alguna irregularidad, sea por mala atención, por mala práctica o algún tema que sea de tipo administrativo, se realiza la investigación y se resuelve internamente. Hay algunos casos que merecen hasta rescisión [de contrato] y si algún asunto llega a ser penal, hasta allá se va”, señala.
En su edición de ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer el caso de Patricia, quien denunció que se violaron sus derechos en el estado de Veracruz al haber vivido presuntamente violencia institucional por parte del IMSS y posteriormente por autoridades del Ministerio Público, ante las que fue denunciada por el personal médico por el delito de aborto inducido.
Su caso inició cuando en diciembre de 2014 ingresó al IMSS del puerto de Veracruz al sentir malestares en el estómago y dolores en sus senos. En ese momento ella desconocía estar embarazada. Después de una rápida revisión es diagnosticada con gastritis y recibe un tratamiento que sigue durante dos meses. Sin mejorar, acude de nuevo al hospital en marzo de 2015, y ahí tiene un aborto espontáneo.
Patricia aseguró que mientras ella abortaba, el equipo médico nunca reconoció fallas en el diagnóstico inicial y en contraste llamó a la agencia del Ministerio Público para imputarle aborto inducido.
Actualmente, el caso es analizado por la Suprema Corte para resolver un amparo de inconstitucionalidad contra el Código Penal estatal que sanciona la pérdida del producto.
La organización Las Libres en Guanajuato y la Clínica de Interés Jurídico del CIDE tomaron la defensa de Patricia, al considerar que el suyo es un caso grave de criminalización contra una mujer.
Ella recuerda que después de que perdió al producto, la enfermera que la atendió le reprochó ser una asesina “y me obligó a besar una masa ensangrentada...”. Patricia hoy espera que ninguna mujer tenga que enfrentar algo igual.
