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¡Bésalo y pídele perdón por haberlo matado, por haber matado a tu propio hijo!, le ordenó una enfermera a Patricia.Era el 26 de marzo de 2015, día en que la joven de 19 años ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Veracruz para ser atendida por un caso de aborto.
“Yo venía saliendo de la anestesia después del aborto y recuerdo que la enfermera primero me hizo firmar un papel a la fuerza, y luego me acercó una masa ensangrentada que no tenía forma... no se fue hasta que besé lo que ella aseguraba era mi hijo, esa masa que ella aseguraba era mi hijo”, cuenta Patricia.
“¡Tú no mereces atención de ningún tipo. No pidas nada. No te atenderemos!”, sentenció de nuevo la enfermera antes de irse.
Lo que siguió aquel jueves en la sede del IMSS en Veracruz, fue el grito de sus vecinas de cama que le recriminaban que hubiera abortado.
“¡Asesina!”, le dijeron más de una vez, mientras la rodeaba el Ministerio Público, la directora del hospital y la ginecóloga.
“Hoy, mis hermanos, amigos y familia se enterarán de una vez por todas lo que realmente ocurrió conmigo, estoy harta de ocultarme, de ser señalada, de que me criminalicen, de que la sociedad me juzgue. Lograron que abandonara mi estado, que truncara mis estudios y tenga que comenzar mi carrera de cero ahora en Guanajuato… por eso doy la cara y salgo a decir mi verdad. Yo tengo una voz. Yo tengo capacidad para decidir sobre mi sexualidad, mi maternidad y mi cuerpo, nadie tiene el derecho de juzgarnos sin saber realmente por qué tomamos ciertas decisiones. Lo que me pasó a mí no puede continuar ocurriendo con las mujeres del estado de Veracruz”, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL.
La historia de lo vivido por Patricia se remonta a diciembre de 2014. Todo comenzó con un dolor en los senos y estómago, por lo que acudió al IMSS. Cursaba el cuarto semestre de la carrera en Administración de Empresas en la Universidad Veracruzana. Luego de una espera de cuatro horas recibió un diagnóstico de gastritis y colitis y una receta para que adquiriera un medicamento durante un mes.
“El médico nunca me preguntó la fecha de mi última menstruación, tampoco si tenía relaciones sexuales, no observó el porqué del dolor que yo sentía en mis senos, sólo me recetó el medicamento para la gastritis y seguí sus instrucciones”, explica Patricia.
Viajó a la casa de su madre, a seis horas de distancia del puerto y continuó con su vida normal. Su periodo menstrual siguió normalmente de diciembre a febrero y en marzo tuvo un retraso de cuatro días, por lo que se hizo una prueba de embarazo que resultó positiva.
“Le hablé a mi pareja, le conté lo ocurrido y se negó a apoyarme. Yo tampoco quería casarme con él ni mucho menos tener un hijo. En la desesperación ingerí una pastilla para úlcera gástrica”.
A las cuatro de la mañana comenzó a sentir fuertes dolores, sangrado y tuvo que acudir, con una amiga de la universidad, al área de emergencias. Después de cuatro horas de espera el médico le preguntó cuántos meses tenía de embarazo. Patricia no lo sabía.
“A partir de ese momento todo fue violencia contra mí, comenzaron los gritos, las recriminaciones, me dijeron que lo que había hecho era muy grave, le llamaron al Ministerio Público. Preguntaron dónde había comprado la pastilla, el nombre de la farmacia, preguntaron el nombre de la amiga que me llevó a urgencias, la acusaron a ella de haberme inducido a abortar. Le llamaron a mi novio, a su familia. Mi novio se comunicó con mi madre, a ella le dijeron que yo podría entrar a la cárcel por haber abortado... todo esto mientras mi salud estaba en riesgo”, describe la joven, actualmente de 21 años.
Estuvo jueves y viernes en el hospital vigilada por el Ministerio Público y su equipo, y el sábado recibió instrucciones para que se practicaran diversos exámenes que llevarían a aclarar lo que realmente ingirió.
“Después, en el Semefo me lo entregaron en una hielera para que lo enterrara. Viví el infierno durante dos días en ese hospital”, relata Patricia.
La organización Las Libres en Guanajuato y la Clínica de Interés Jurídico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) decidieron llevar lo que consideran un grave caso de criminalización contra una mujer en el estado de Veracruz.
Patricia tuvo que dejar el estado, hoy vive en Guanajuato y ha retomado su carrera mientras continúa el juicio legal. Este podría ser el primer caso que se discuta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque interpuso un amparo promoviendo la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Penal de Veracruz, que definen el delito de aborto.
Su caso fue expuesto durante los días 29 y 30 de junio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la jornada Veracruz, la Ley que Criminaliza a las Mujeres.
Sobre este caso, el jurista Diego Valadés considera que con Patricia se cometió una violación a sus derechos y a su dignidad, lo que la lleva a ser acreedora a una reivindicación por parte de las autoridades que incurrieron en estos hechos. Son muchas las mujeres, no sabemos cuántas, las que son objeto de tratos discriminatorios y ofensivos y sus casos quedan sin ser identificados y, por tanto, sin ser remediados.
“Es importante que se haga un esfuerzo para que el testimonio de Patricia, para que su indignación se multiplique y contribuyamos a crear una cultura de ejercicio y de respeto a los derechos humanos”, expone.
Patricia había roto su relación con su pareja. Tenía 19 años y ha expresado públicamente que su novio era muy abusivo; esto significa que probablemente aunque ella hubiera querido cuidarse, él no accediera a esto. Ella no estaba deseando tener un hijo, quería una relación de pareja, desarrollarse profesionalmente y tenía un compromiso moral con su madre que hacía un gran esfuerzo para que su hija asistiera a una universidad en el puerto de Veracruz. Su vocación por el estudio era genuina y finalmente hay que respetar lo que cada quien se plantea en la vida. “Están dados todos los elementos respecto a la clara definición de su vocación, de sus objetivos y su responsabilidad ante su propia madre y su rechazo a la pareja que no la trataba bien”, sostiene Valadés.
“Estoy convencido de que las autoridades superiores del IMSS una vez que tengan conocimiento de este muy lamentable y reprobable episodio tendrán que tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación para determinar las responsabilidades que correspondan, y ellos cuentan para esto con la capacidad para identificar a quienes hayan perpetrado semejantes actos de ofensa a los derechos de un ser humano.
“Por otra parte, confío en que en la SCJN se dé la resolución sobre los derechos afectados de la víctima en los términos de las sanciones que se planteaban para ella y su caso en el estado de Veracruz conforme a la legislación local, pero hay responsabilidades administrativas respecto al personal del IMSS que no forman parte de este juicio, y que sólo podrán ser determinadas mediante una investigación administrativa que realicen las autoridades de esta institución”, asegura el abogado.
Verónica Cruz Sánchez, presidenta y fundadora de la organización Las Libres, refiere que se interpuso una demanda de amparo en contra de la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Penal para el estado de Veracruz. El caso de Patricia es representativo de las especificidades de las mujeres que están siendo criminalizadas por el delito de aborto en nuestro país. En su mayoría son jóvenes en edad reproductiva, originarias de comunidades marginadas de zonas rurales e indígenas.
Por ellas, por estas mujeres, es necesario unir esfuerzos, conocimiento y miradas críticas para el avance de los derechos fundamentales de las mujeres, en específico, los derechos sexuales y reproductivos, como lo es el servicio de aborto legal y seguro, sin la estigmatización social ni la fuerza punitiva del Estado”, afirma.
Para Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “estamos ante una coyuntura delicada en la cual en diversas entidades federativas del país se ha venido imponiendo una tendencia a la criminalización y el ejercicio de violencia contra las mujeres. En el caso concreto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en particular en la interrupción del embarazo, la criminalización es latente, patente y preocupante.
“En la mesa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay algunos casos que podrían ser una oportunidad para hacer una revisión profunda de la legislación a nivel nacional, precisamente en estos temas. Es necesario reflexionar a fondo el tipo de sociedad que queremos construir el México”, dice.
