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La Comisión Permanente del Congreso llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones existentes para prevenir y sancionar las conductas racistas, así como promover medidas para generar una cultura de respeto, tolerancia y solidaridad.
La Comisión Permanente recordó que es tarea del Estado, la sociedad civil y los gobernantes revertir este tipo de prácticas que laceran e impiden una cohesión social basada en el reconocimiento igualitario y el respeto irrestricto de las personas y sus derechos.
“La discriminación racial, étnica o por apariencia física, al igual que cualquier otro tipo de discriminación, profundiza las desigualdades entre los ciudadanos y es un fenómeno que se encuentra profundamente arraigado en México, tanto en las instituciones, como en las prácticas sociales”, advirtió la Comisión Permanente.
Señaló que las relaciones asimétricas entre quienes gozan de privilegios y quienes no, se reproducen permanentemente, sin lograr una sociedad en la que haya cooperación y respeto a la dignidad de todos por igual.
Los integrantes de la Segunda Comisión de la Permanente dictaminaron que el marco normativo nacional reconoce el derecho a la no discriminación por origen étnico, raza, nacionalidad y color de piel en varias políticas públicas.
Indicó que se han creado instituciones que atienden particularmente a personas, pueblos y comunidades que han visto violentadas sus garantías.
Las observaciones finales al informe de México, hechas por este comité en 2006, recomiendan al Estado mexicano proporcionar información sobre las comunidades afrodescendientes y poner en práctica los principios recogidos en la reforma constitucional en materia indígena, así como garantizar en la práctica el derecho de esos pueblos a participar en el gobierno.
El Diagnóstico Nacional sobre los Derechos Humanos en México, coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, propuso que el Congreso reabra el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena, a fin de establecer claramente los derechos fundamentales de esos pueblos.
Plantea, además, que las le-
gislaturas estatales hagan una consulta estrecha con los pueblos indígenas, para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humano, así como la revisión a fondo, con criterios amplios y flexibles, del sistema de procuración y administración de justicia para los indígenas a nivel nacional.
También solicita la consolidación, capacitación y ampliación de la cobertura de traductores bilingües en los tribunales y Ministerios Públicos y de los defensores de oficio en zonas indígenas.
